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Las profundas ramificaciones políticas y económicas de la denominada “quinta mafia italiana”.

El pasado 5 de noviembre se celebraba en Roma la primera audiencia del proceso judicial contra la que algunos comentaristas políticos ya han denominado la “quinta mafia italiana”, un grupo de políticos –tanto de derechas como de izquierdas– y empresarios que, según los investigadores, se habrían dedicado a saquear las arcas públicas durante años sirviéndose de una gran variedad de licitaciones amañadas. Se espera que sea un proceso judicial largo y que se convierta en uno de los históricos maxi-procesos italianos.

 

En cifras

En el proceso se dirimirá el futuro de 46 imputados –la mayor parte ya encarcelados o bajo arresto domiciliario–, que serán defendidos por 60 abogados. Se escuchará a 282 testigos que participarán en alguna de las 3 o 4 audiencias que tendrán lugar hasta  julio de 2016 (están previstas unas 130 audiencias en total). También se manejarán las miles de páginas con las transcripciones de llamadas telefónicas grabadas por la policía. Hay más de 100 medios acreditados, entre los que se encuentran unas 80 cámaras y fotógrafos.

A falta de que se determine en el juicio la cuantía de los contratos públicos fraudulentos, hasta el momento se han incautado provisionalmente bienes de los imputados por un valor de unos 360 millones de euros, sobre todo bienes inmuebles. Hasta la fecha, ya han recibido penas de cárcel algunos de los imputados mediante el rito procesal abreviado. El último en conocer la sentencia condenatoria ha sido Daniele Ozzimo, ex asesor del ayuntamiento de Roma adscrito al Partido Democrático. La condena por corrupción asciende a dos años y dos meses.

 

Imputados principales

Un empleado de la justicia italiana empuja un carro cargado con archivos sobre el Caso Mafia Capitale. Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images
Un empleado de la justicia italiana empuja un carro cargado con archivos sobre el Caso Mafia Capitale. Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images

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