saharamani
Un grupo de saharauis se manifiesta en San Sebastián contra la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos. Demandan soluciones al Gobierno de España. (Gari Garaialde/Getty Images).

Este último episodio es una vuelta de tuerca más en la violación de soberanía territorial y marina del pueblo saharaui. La comunidad internacional no se ha pronunciado al respecto. En el horizonte, la travesía por el desierto continúa.

Por primera vez, desde el alto el fuego de 1991 se ha producido un enfrentamiento armado en el Sáhara. Tras casi 30 años de un forzado equilibrio, el pueblo saharaui con 582.000 personas y Marruecos, que supera los 35 millones de habitantes, han llegado a las armas. No hay que lamentar vidas humanas, pero al pueblo saharaui, que parecía no tener ya nada que perder, acaban de arrebatarle su salida al mar en este último episodio.

El 21 de octubre, y durante las dos semanas posteriores, un grupo de saharauis (activistas originarios de la población de Auserd, territorios ocupados del Sáhara Occidental) bloquearon la carretera de Guerguerat, al sur del Sáhara. Las obras de asfaltado que Marruecos llevaba a cabo bajo el argumento de frenar los movimientos irregulares de personas y mercancías ha sido el detonante. Este paso, de control saharaui, resulta clave en las comunicaciones comerciales entre Marruecos y Mauritania ya que por él transitan, diariamente, cientos de camiones con mercancías perecederas y de primera necesidad. Al impedir el tráfico entre ambos países, cuya frontera está situada a escasos 5 km., las pérdidas marroquíes y el desabastecimiento de los mercados mauritanos han hecho que aumentara la tensión. En el paso de Guerguerat existe desde hace años una aduana marroquí, sin amparo legal, para tramitar las exportaciones e importaciones entre estos dos países. De hecho, coincide con el final del muro (de más de 2.700 km.) que, a instancias de Marruecos y desde 1980, separa los territorios saharauis ocupados de los liberados.

mapaSahara_2
Elaboración propia

Un muro cuya eliminación está en la hoja de ruta de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO) que tiene el mandato de organizar, también desde hace 30 años, un referéndum para la autodeterminación del pueblo saharaui. Sin embargo, estas fuerzas de separación de la ONU, llevan desde mayo de 2019 esperando el 13º enviado especial y sin avanzar en la convergencia de estas dos posiciones antagónicas. El propio Secretario General, Antonio Guterres, alineado con Francia, principal valedora de Marruecos, expresaron por separado su preocupación por “la gravedad de la situación” generada por los independentistas saharauis, pero sin ninguna referencia (desde 2005) al referéndum eternamente pospuesto. Cabe recordar que la cuestión del Sáhara Occidental es un asunto de descolonización conforme al Reglamento de la ONU Nº. 1514, y desde 1963 es considerado Territorio No Autónomo por la Naciones Unidas.

En el pasado, los intentos por llegar a una solución se han visto frustrados. Las veces que se estuvo más cerca, con el Plan Baker (I) y (II) fueron finalmente rechazadas tanto por el Frente Polisario, en el primero, como Marruecos, en el segundo. El Plan Baker I ofrecía la autonomía del Sáhara Occidental dentro del Estado marroquí, salvo en las cuestiones de defensa y política exterior. Un plan que aceptó el reino alauí, pero que fue rechazado por el Frente Polisario que, junto con Argelia, propuso como alternativa dividir el territorio entre las partes. La segunda versión (coloquialmente conocida como Baker II) preveía el autogobierno bajo una autoridad del Sáhara Occidental por un período de cinco años, con un referéndum sobre la independencia a continuación. En este referéndum, participaría toda la población saharaui, incluidas las personas que habían emigrado o se habían asentado en Marruecos después de 1975, algo que el Polisario siempre había rechazado. Por otro lado, una disposición según la cual el gobierno local interino (la autoridad del Sáhara Occidental) solo sería elegido por una lista restringida de votantes (aquellos identificados como habitantes originales del territorio por MINURSO) Marruecos alienado. Después de que Marruecos expresara sus primeras objeciones al plan, Argelia y el Frente Polisario lo aceptaron como base para las negociaciones. En julio de 2003, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó el plan, algo que no había hecho con el primer borrador de Baker I, y pidió su implementación. Sin embargo, Rabat lo rechazó finalmente alegando que nunca apoyaría un referéndum que incluyera la independencia como opción. Nunca más se ha vuelto a poner encima de la mesa esta cuestión.

En abril de 2007, el Frente Polisario propuso una solución política de autodeterminación que Marruecos, en connivencia con Francia y España, redujo a un estatuto de autonomía para la región del Sáhara. Pero, además de ser insuficiente, para seguir adelante con la propuesta, Marruecos debía abandonar su declaración de soberanía sobre el Sáhara Occidental, algo impensable para el reino alauí. Cinco años más tarde, Marruecos declaró persona non grata a Christopher Ross, enviado especial de la ONU, tras la publicación de un informe en el que se pedía a Rabat la mejora de la situación de los derechos humanos en la parte ocupada del Sáhara Occidental. Con el actual Secretario General, António Guterres, se nombró en 2017 como enviado especial a cargo del archivo del Sáhara Occidental, al expresidente alemán Horst Köhler quien consiguió reanudar unas conversaciones que a día de hoy siguen sin dar frutos.

El último informe de situación al Consejo de Seguridad del actual Secretario General, insiste en las limitaciones de la MINURSO en el acceso a interlocutores locales al oeste del muro, lo que impide evaluar “de forma independiente la situación en el Sáhara Occidental con fines de análisis o seguridad". En febrero de 2020, durante la cumbre de la Unión Africana, el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune, pidió de nuevo a Guterres activar la cuestión del Sáhara Occidental, y parar la apertura de representaciones diplomáticas marroquíes en los territorios ocupados. Un apoyo al pueblo saharaui que, sí brindó el presidente de la Unión Africana, Cyril Ramaphosa, reconociendo públicamente su derecho a la autodeterminación. Un cuestionamiento de la legitimidad del rey Mohamed VI, ante el cual, tanto Francia como España cerraron filas apoyando el plan de autonomía propuesto para el Sáhara.

Sin embargo, parece que el cuestionamiento también viene del lado europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) señaló en una sentencia del 21 de diciembre de 2016, que el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos se aplica al “territorio de Marruecos”, por lo que, a la hora de renovar el protocolo en 2019, decidió aplicar este concepto entendiendo el espacio geográfico en el que Rabat ejerce sus competencias soberanas con arreglo al Derecho Internacional, y excluyendo, por tanto, cualquier otro territorio, incluido el del Sáhara Occidental. Siguiendo literalmente la sentencia, el TJUE resuelve el 27 de febrero de 2018 “incluir el territorio del Sáhara Occidental en el ámbito de aplicación del acuerdo de pesca conculcaría determinadas normas de Derecho Internacional general que se aplican a las relaciones de la Unión con el Reino de Marruecos, en especial el principio de libre determinación”. Por lo tanto, el territorio del Sáhara Occidental se incluía en el territorio marroquí y, en consecuencia, sus aguas no podían considerarse “bajo la soberanía o jurisdicción de Marruecos”. En un auto posterior, este tribunal añadió que el espacio geográfico sobre el que el reino alauí ejercía la plenitud de sus competencias no incluía el Sáhara Occidental, por lo que su inclusión en el ámbito de aplicación del Acuerdo de Pesca con la UE infringía las normas del Derecho Internacional.

saharamuro
Una mujer saharahui se manifiesta en la zona controlada por el Frente Polisario frente al muro levantado por Marruecos. (Stefano Montesi/Corbis via Getty Images)

Esto ha supuesto un gran revés para Marruecos que, desde 1996, lleva negociado este acuerdo y disponiendo unilateralmente de los recursos saharauis. En respuesta, Marruecos un año más tarde, aprobó dos leyes fronterizas que redefinían los límites marítimos que colindan con España y Mauritania, pero que afectan a la situación del Sáhara. Esta nueva legislación delimita las 12 millas de sus aguas territoriales, las 350 de la plataforma continental (en base a la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar) y otras 200 millas que delimitan la Zona Económica Exclusiva. Esta demarcación fue solo una provocación para España y Mauritania. El verdadero motivo, era extender su soberanía sobre el espacio marítimo del Sáhara Occidental hasta llegar a la ciudad de Saidia, región colindante con Argelia. Una vez más, Rabat se aprovecha de un vacío legislativo para confirmar su soberanía interna sobre las aguas territoriales saharauis, “desde Tánger hasta la Güera”. Con esta extensión del límite meridional hasta La Güera –situada en la frontera con Mauritania-, las aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental se incorporan a las marroquíes. Sin embargo, el Reino no es la potencia administradora del Sáhara Occidental, y eso significa que ocupa de forma ilegal su territorio. Si Marruecos no ejerce soberanía sobre el Sáhara Occidental, difícilmente podrá establecer de manera unilateral los espacios marinos de ese territorio. Su decisión no puede ser aceptada por la ONU y, en especial, por su Comisión de Límites de la Plataforma Continental.

Este último episodio, por tanto, supone una vuelta de tuerca más en la violación de soberanía territorial y marina del pueblo saharaui. Marruecos sobrepasó el muro para entrar en la zona “tapón” y sacar a los civiles que provocaron el bloqueo, con ello, además, impide su salida al mar. La comunidad internacional no se ha pronunciado al respecto y España, sigue haciendo un ejercicio de coherencia de políticas admirable con sus intereses comerciales y migratorios. En el horizonte, la travesía por el desierto continúa.

Los intentos por llegar a una solución sin ganadores ni perdedores son complejos tanto en el plano regional como en el internacional. Por un lado, y entre las partes implicadas directamente, el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Brahim Gali, quien declaró oficialmente la guerra a Marruecos el pasado mes de octubre, coincide con el Frente Polisario en que la guerra es el único catalizador para atraer la atención de la comunidad internacional ante la inactividad de la ONU. Por otro lado, Marruecos no contempla ninguna solución que implique la renuncia de la soberanía sobre los territorios saharauis, por lo que el plan de autonomía que hay sobre la mesa, unido al maltrato de la población saharaui en los territorios ocupados y la insistencia de acusar a los saharauis de iniciar este conflicto mediático, ofrece escasa credibilidad. A su vez, Mohamed VI no podría ampliar la autonomía saharaui sin precarizar la relación con el Rif. En una posición más moderada, el Movimiento Saharauis por la Paz propone la reapertura de fronteras y la eliminación del muro del Sáhara Occidental para facilitar el retorno de los refugiados saharauis al tiempo que se deje a Marruecos salvar el honor (aunque no concreta cómo). En cuanto a las implicaciones sobre el resto de los países de la región, este conflicto llega en un momento en el que es difícil soportar mayor tensión. Argelia está sumida en un proceso que probablemente conlleve un cambio de régimen y los recientes atentados terroristas en Libia y Túnez se suman a un aumento de los ataques en Malí. Durante el mes de septiembre se han registrado 73 que arrojan 249 víctimas en la zona del Sahel occidental y Magreb. Al tiempo, este polvorín puede agravar aún más la presión migratoria que, unida a la pandemia de la COVID19, se vive en todo África y que hace aún mas incontrolable su gestión en Canarias. Una crisis que afecta de lleno a la política exterior española y que evidencia más aún la fractura del actual Gobierno dividido entre el presidente, alineado con Marruecos pese a que las situaciones migratorias son más inhumanas e irracionales y un vicepresidente que, públicamente, apoya la causa saharaui.

En el ámbito multilateral del Consejo de Seguridad, a iniciativa de Alemania, se ha reiterado la necesidad de cubrir el puesto de enviado personal del Secretario General de las Naciones Unidas al Sáhara Occidental lo antes posible y reanudar el proceso político. En esta línea diplomática, se han alineado los dos principales socios comerciales de Marruecos, España y Francia, pero también Mauritania, la República Centroafricana, Gambia, Senegal, Bahréin y Jordania. Hasta Rusia se ha pronunciado a favor de resolver el conflicto “exclusivamente por medios políticos y diplomáticos y sobre la base de la legalidad internacional vigente”. En otra línea más beligerante, Argelia ha reiterado la obligación de aplicar las resoluciones de la ONU y del Consejo de Seguridad y declarar la independencia del Sáhara Occidental al tiempo que aprovecha la cuestión para persistir en su cruzada propia con Marruecos. Por último, cabría preguntarse la implicación de los acontecimientos ante la decisión de El Salvador y de Bolivia de suspender relaciones diplomáticas con la RASD alegando, según explicaciones proporcionadas por Rabat, buscar una posición de “neutralidad constructiva”.

Todo ello podría interpretarse bajo la máxima del gatopardismo, cambiar algo para no cambiar nada.