Un vista aérea de la presa en el río Atibainha, en Nazare Paulista, durante la sequía que está afectando al estado de Sao Paulo, Brasil, diciembre 2014. Miguel Schincariol/AFP/Getty Images.
Un vista aérea de la presa en el río Atibainha, en Nazare Paulista, durante la sequía que está afectando al estado de Sao Paulo, Brasil, diciembre 2014. Miguel Schincariol/AFP/Getty Images.

La mayor y más rica ciudad de América del Sur está al borde de la catástrofe. Con su principal reserva de agua al 5%, la población ya sufre racionamiento, algunas empresas han amenazado con marcharse y, si las lluvias no lo evitan, la situación podría llegar al desabastecimiento. Pero, ¿cómo se ha llegado a esta situación?

La ciudad más poblada y pujante de Brasil y de toda América del Sur enfrenta la peor crisis hídrica de los últimos 84 años. La sequía afecta ya al estado de São Paulo y al resto de la región Sureste, que abarca los estados de Río de Janeiro y Minas Gerais. La principal reserva de agua de São Paulo, el Sistema de la Cantareira, que abastece a 66 municipios además de a la megalópolis de 12 millones de habitantes, está al 5% de su capacidad. Buena parte de los paulistanos ya sufren racionamiento de agua, que podría empeorar: la Compañía de Saneamiento Básico (Sabesp), la empresa público-privada encargada del suministro de agua, ha anunciado que, si no llegan lluvias abundantes, podría comenzar un drástico corte al consumo que dejaría los hogares sin agua cinco días por semana.

Pero, ¿cómo una ciudad del dinamismo y la riqueza de São Paulo, centro financiero e industrial de Brasil, ha podido llegar a esta situación? Lo cierto es que, aunque la prensa ha comenzado a hablar del tema hace apenas unas semanas, el problema viene de lejos. La escasez del agua en la región es un hecho desde febrero de 2014 y los expertos afirman que el riesgo de desabastecimiento podía preveerse desde hace años. Sin embargo, la Sabesp no acometió las oportunas inversiones en infraestructuras y, cuando las lluvias faltaron en año pasado, las reservas comenzaron a caer. Ahora, en plena temporada de pecipitaciones, las tormentas tropicales llegan e incluso provocan inundaciones, pero no caen sobre la represa de la Cantareira. Responsables de Sabesp han llegado a recomendar a los paulistanos que le recen a São Pedro, el santo del agua, que llueva sobre la Cantareira.

El Gobierno del Estado de São Paulo, en manos de Geraldo Alckmin, del PSDB (Partido de la Socialdemocracia brasileña, de orientación conservadora y principal oposición al Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff), ha negado la crisis hasta comienzos de este 2015. Pese a los desmentidos del Gobierno, los vecinos de los barrios más pobres llevan meses denunciando cortes de agua que han durado semanas; otros han visto cómo el agua del grifo sale contaminada y sucia. La situación es más grave en localidades del interior, como Itú. La baja presión y el racionamiento se ha extendido por los barrios de clase media de la capital, al tiempo que empeoraba la calidad del agua. De ahí que una fracción cada vez mayor de la población compre agua embotellada, o la hierva, porque siente que la que sale del grifo no es apta para el consumo.

No pocas voces responsabilizan a la gestión del PSDB, que llevó a la virtual privatización de Sabesp, la cuarta mayor compañía del sector por número de clientes en el mundo, y con ello colocó el lucro por encima del cuidado de un bien esencial como el agua. El proceso privatizador de Sabesp comenzó en 1994; en 2002 comenzó a cotizar en Bolsa. Hoy, el Estado de Sao Paulo ostenta el control de la empresa, con el 50,3% de las acciones, pero eso no ha evitado que se privilegie el pago de dividendos: en 2013, los accionistas percibieron 534 millones de reales (unos 182 millones de euros), pero no quedó dinero para invertir en infraestructuras.

 

Un desastre previsible

El geólogo Delmar Mattes, especialista en políticas públicas, señala que hace años se sabía que “el sistema de abastecimiento del Gran Sao Paulo y la región de Campinas estaba al límite de su capacidad y cualquier alteración climática comprometería la disponibilidad de agua”, pero la estrategia del Ejecutivo fue buscar agua en regiones vecinas -que le ha valido disputas con el gobierno de Rio de Janeiro- en lugar de pensar políticas globales, avanzar en el tratamiento de aguas o analizar las consecuencias de la urbanización desenfrenada en una ciudad en plena burbuja inmobiliaria. Si el Gobierno Alckmin sigue señalando la falta de lluvias como la razón principal e inevitable de la crisis, para Mattes la situación es consecuencia de una mala gestión que ha durado más de una década.

Los mayores perjudicados son los más pobres, que tienen más dificultades para comprar agua embotellada, cajas para acumular agua de lluvia y otras alternativas para el abastecimiento. Si el consumo de agua embotellada ya era un tendencia en aumento en Brasil, la crisis hídrica ha multiplicado las ventas. Con 17.400 millones de litros, el gigante latinoamericano es ya el cuarto consumidor mundial de este producto, y el 30% de esas ventas las acaparan ocho marcas, entre ellas Nestlé y Coca-Cola. Sin embargo, algunos especialistas alertan de que el agua embotellada no es una buena opción, pues los embalajes plásticos emiten sustancias que pueden resultar nocivas. Para Wilson Jardim, de la Universidad de Campinas, el agua embotellada es uno de esos “productos altamente impactantes (para la salud y el medio ambiente) que tienen fama de ser beneficiosos”.

La escasez hídrica ya se ha extendido por toda la región sudeste y algunos estudios pronostican que la crisis se extenderá a otras regiones a lo largo de este año. Además, el propio ministro de Minas y Energía, Eduardo Braga, ha afirmado que también podría haber “problemas graves” en el suministro energético. El fantasma del apagón está instalado en Brasil y, con más del 80% de la matriz energética de procedencia hidroeléctrica, la disminución del cauce de los ríos agrava el riesgo de déficit.

 

¿Mercancía o derecho?

Muchos académicos y activistas sociales creen que el problema, en Brasil como en el resto de América Latina, es el modelo de desarrollo, basado en la extracción a gran escala de materias primas destinadas a la exportación: es el llamado modelo extractivista. Actividades como la minería requieren mucha agua y energía, y a menudo contaminan las fuentes hídricas. También los monocultivos dedicados a la exportación, como la caña de azúcar y la soja, requieren ingentes cantidades de agua: según un informe de la Unesco de 2011, las commodities que Brasil exporta al mundo suponen anualmente unos 112 billones de litros de agua dulce (es lo que la Economía Ecológica ha llamado “agua virtual”). Por eso son muchas las voces que exigen que se incluya en el precio del valor del agua contenida en esas exportaciones; tal vez entonces no resultarían tan rentables.

Para algunos movimientos sociales, como el MAB (Movimiento contra las Represas, en sus siglas en portugués), la crisis hídrica se relaciona con las diferentes formas de privatización del agua en Brasil, que incluyen la entrega de las fuentes de agua a proyectos mineros o hidroeléctricos encabezados por empresas multinacionales y promovidos por el Gobierno federal en el marco del llamado PAC (Programa de Aceleración del Crecimiento). Según un informe de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), en 2013 se registraron en el campo brasileño 104 conflictos que tenían que ver con el agua, que afectaron a más de 31.000 familias. De ellos, el 42,3% tenía que ver con centrales hidroeléctricas y represas y el 29,8%, con proyectos mineros.

El MAB ha denunciado que las multinacionales mineras pagan por el agua y la energía y precio muy inferior al que pagan los hogares. Por su parte, la revista Caros Amigos ha denunciado que, a pesar de la ley de transparencia vigente, Sabesp se ha negado a publicar la lista de las 500 empresas con los que tienen “contratos de demanda firme”, diseñados para empresas con alto consumo de agua, como Ford y General Motors, que obtienen descuentos del 40%. La discusión de fondo debate si el agua debe ser considerada una mercancía, regida por las leyes de la oferta y la demanda, o bien es un derecho humano fundamental y, por tanto, el abastecimiento debe asegurarse a todos, con independencia de su poder adquisitivo.