Un repaso a las posibilidades y riesgos que implicaría la negociación entre el Gobierno maliense y algunos de los líderes yihadistas del país.

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Iyad Ag Ghali, en el centro. Patrick ROBERT/Corbis via Getty Images

La revolución tuareg de 2012 trajo consigo la explosión del yihadismo en Malí. A pesar de que los grupos terroristas de la zona están vinculados con Al Qaeda (JNIM) o Daesh (EIGS), los líderes de los grupos terroristas del Sahel no vienen de Afganistán ni Irak, sino que son líderes comunitarios, religiosos o jefes de tribus. Por un lado, Iyad Ag Ghali, líder del grupo terrorista de Ansar Dine, perteneciente a la red yihadista JNIM, fue un jefe tuareg que lideró la revolución de los 90 e incluso fue un consejero del cónsul maliense en Arabia Saudí. Por otro, Amadou Koufa, líder de Katiba Macina, perteneciente a la red JNIM, fue una autoridad religiosa y un erudito del Corán. El hecho de que los yihadistas sean locales implica también que están arraigados en sus comunidades y que parte de sus aspiraciones sean locales, a diferencia de los discursos de Daesh que llama a una yihad global.

De hecho, los líderes terroristas conocen a la perfección los problemas sociales de sus comunidades y se aprovechan de ellos adaptando su discurso para captar seguidores. Desde las tensiones intercomunitarias hasta los impuestos, los líderes yihadistas dan una salida a todos los problemas sociales de las comunidades con el islam radical que predican. En las zonas rurales del centro de Malí, oeste de Níger y norte de Burkina Faso, la falta de presencia del Estado y de sus instituciones ha permitido al discurso yihadista penetrar rápidamente en las comunidades que se sienten marginadas y olvidadas. De acuerdo con el experto Adam Thiam, entre sus técnicas, estos grupos se colocan en la posición del Estado proporcionando servicios básicos de seguridad y justicia en lugares donde el Estado ha sido incapaz de hacerlo de manera eficaz debido a la inseguridad y la falta de personal. Gracias a la utilización de esta estrategia, a pesar de los intentos del Gobierno y las fuerzas internacionales de acabar con el yihadismo en Malí, desde 2012, el número de grupos y de ataques terroristas no ha hecho más que aumentar. En 2012, el terrorismo se concentraba en la región del norte del país, con la reciente creación de MUJAO y Ansar Dine, ambos provenientes de la rama de Al Qaeda en el Magreb. En 2020, el terrorismo se ha extendido por el centro de Malí con el surgimiento de Al Mourabitoun y Katiba Macina, en el norte de Burkina Faso con el grupo Ansaraoul Islam y en el oeste de Níger con el Estado Islámico del Gran Sahara en la región fronteriza con Malí.

Tras el golpe de Estado de agosto, el nuevo Gobierno civil está planteándose la posibilidad de negociar con estos líderes yihadistas previamente mencionados para acabar con la espiral de violencia. En el pasado, el ex presidente maliense Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) siempre se mostró muy reticente a negociar de manera oficial con ellos. En los Acuerdos de Paz de Argel en 2015 hubo la posibilidad de incluir a grupos yihadistas que habían combatido junto con los grupos tuaregs, pero se tomó la decisión de no hacerlo, ya que el Ejecutivo consideraba que era un precedente peligroso negociar con grupos islamistas que pretenden acabar con el sistema democrático y el estado de derecho instaurando la sharia en su lugar. Según el informe de International Crisis Group sobre este tema, los que estaban a favor de incluirlos en las negociaciones argumentaban que ya se había negociado con Ag Ghali en las revoluciones de los 90. Antes de ser un líder yihadista, fue uno de los jefes tuareg de la tribu de los Ifoghas. Los que están a favor de las negociaciones, por tanto, consideran que, aunque los líderes cambien de grupo o de nombre, no dejan de ser milicianos armados con demandas de índole política en el marco de un conflicto. Un gran obstáculo para la negociación es la actitud de Francia y Estados Unidos, ya que siempre han mantenido una postura muy firme negando en rotundo la opción de negociar con los terroristas. En cuanto a las posiciones de la sociedad civil, en 2017, se planteó la posibilidad de tener un diálogo con algunas figuras yihadistas durante la Conferencia Nacional del Entendimiento en la que participaron líderes tradicionales, miembros activistas de la sociedad civil, funcionarios, políticos, autoridades religiosas y jefes de milicias armadas. Dos años más tarde, durante el Diálogo Nacional Inclusivo organizado por Ibrahim Boubacar Keïta en diciembre de 2019, se volvió a mencionar la necesidad de dialogar con Amadou Koufa e Iyad Ag Ghali. IBK terminó su gobierno de una manera abrupta, pero ya en febrero de 2020 comenzaba a explorar la posibilidad de que se produjese un diálogo con estos dos líderes yihadistas. Este diálogo también fue apoyado por líderes religiosos como Mamdouh Dicko, que fue una de las figuras más representativas de las protestas contra el gobierno de Ibrahim Boubacar Keïta en agosto y tiene mucha influencia en los asuntos políticos y en varias organizaciones políticas y de la sociedad civil como Adema (Alianza por la democracia en Malí) y delegados de la CMA (Coordinación de Movimientos por la Azawad). Por su parte, Koufa respondió a estas declaraciones en nombre de su red JNIM afirmando que sólo ponen una condición para sentarse a la mesa de negociación, que el Gobierno "retire su invitación formal" para la "entrada" de las fuerzas francesas, declarando "abiertamente el fin de la presencia de las tropas de la operación francesa Barkhane y MINUSMA en sus territorios". Esta petición, evidentemente, fue rechazada por ser inasumible.

Tras el cambio de gobierno, Moctar Ouane, primer ministro de la transición maliense, retoma la línea de su predecesor y comienza a defender la necesidad de negociar con todos los grupos armados, independientemente de si son yihadistas, independentistas o milicias de autodefensa. Los que están apoyando este diálogo con Koufa y Ag Ghali consideran que sólo por el hecho de que en los Acuerdos de Paz de Argel no se incluyesen a los grupos yihadistas, no significa que no se pueda dialogar con ellos. De acuerdo con el informe de 2016 sobre la crisis del centro de Malí de los expertos de International Crisis Group, los grupos que pudieron participar en los Acuerdos de Argel habrían tenido que firmar los acuerdos de Ougadougou en 2013 para ser reconocidos como los interlocutores de los grupos armados en la región. De 2013 a hoy, han surgido nuevos actores, como Katiba Macina que comenzó su actividad en 2015, o la milicia de autodefensa Dan Na Ambassagou, que se formó en 2016, y otros actores que sí firmaron los acuerdos han dejado de ser parte del conflicto. Éste ha evolucionado y las estrategias de diálogo tienen que adaptarse al nuevo tablero de juego que ha cambiado tras ocho años de conflicto.

El pasado mes de octubre han sucedido varios eventos clave que podrían determinar si el Gobierno maliense está dispuesto a llamar a la mesa de negociación al líder de Ansar Dine y Katiba Macina. El pasado 3 de octubre, el Ejecutivo negoció la liberación de los cuatro rehenes (un líder de la oposición y tres trabajadores humanitarios occidentales) a cambio de 10 millones de euros y la excarcelación de 200 prisioneros. A raíz de este polémico acuerdo tanto el comisario de la Unión Africana para la Paz y Seguridad, Smaïl Chergui, como el Secretario General de Naciones Unidas, António Guiterres, afirmaron a mediados de octubre, que sería conveniente explorar la posibilidad comenzar un diálogo con algunos grupos menos radicales del Sahel, es decir, no con el Estado Islámico del Gran Sahara, filial de Daesh en la región. Con estas dos declaraciones parece ser que la comunidad internacional apoyaría al Gobierno maliense si decide emprender el diálogo. De acuerdo con el experto Laurent Lagneau, director del diario especializado opex360, estas declaraciones del Secretario general  de  la ONU implican un apoyo a la visión del comisario africano y del Gobierno maliense, comparando la negociación con los grupos yihadistas moderados en Malí a la negociación de Estados Unidos con los talibanes en Afganistán.

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Un soldado francés de la operación Barkhane patrulla en Malí. Fred Marie/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images

Sin embargo, no todos los líderes internacionales apoyan esta medida. De acuerdo con el periodista maliense Mohamed Ag Assory de la revista Jeune Afrique, estas negociaciones internacionales han inspirado al Ejecutivo maliense para considerar seriamente la negociación con algunas figuras políticas, lo que ha despertado la inquietud del Gobierno francés. El pasado 26 de octubre, se produjo un encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean- Yves Le Drian, y el primer ministro de la transición maliense, Moctar Ouane. En este encuentro Francia reiteró su firme oposición a que se mantenga cualquier tipo de diálogo oficial con los grupos terroristas en Malí. En sus declaraciones, el ministro de Exteriores afirmó la necesidad de aplicar los Acuerdos de Paz de Argel correctamente y ceñirse a los interlocutores que se decidieron en ese momento. El Gobierno maliense, sin embargo, considera que tras las dos iniciativas de diálogo nacional en el que los representantes de la sociedad civil pidieron que se negociase con los yihadistas, es necesario que se explore esta posibilidad. Acabar con ellos por la fuerza es la estrategia que el Ejecutivo maliense lleva intentando desde 2013 con la ayuda de las misiones internacionales como son la operación francesa Barkhane, la MINUSMA, el G5 del Sahel y las operaciones de la Unión Europea. El hecho de que cada año haya más ataques terroristas, los grupos yihadistas se multipliquen y se hayan extendido por Níger y Burkina Faso, implica que la estrategia no está siendo tan efectiva como debería. Ag Ghali y Koufa antes de ser yihadistas han sido figuras importantes en la sociedad maliense y líderes comunitarios y religiosos. El Gobierno del país con el apoyo internacional tiene margen de maniobra suficiente para comenzar a establecer esos diálogos, aunque Francia esté en desacuerdo. A pesar de las declaraciones de Moctar Ouane, Francia no ha condicionado su operación en Malí con la negociación de los yihadistas. Por ello, el Gobierno galo es plenamente consciente de que no puede retirar Barkhane por el caos que eso generaría, como bien lo han reiterado en numerosas ocasiones expertos, militares y diplomáticos franceses como Nicolas Normand, ex embajador de Francia en Malí.

A pesar de que uno de los mayores riesgos de la negociación que se tendría con estos líderes yihadistas es que sus demandas fueran inasumibles para el Gobierno, como convertir a Malí en un Estado islámico donde se aplique la sharia, o como la ya presentada por Amadou Koufa de expulsar a las fuerzas internacionales del país, los expertos de International Crisis Group aseguran que si se negocia con Ag Ghali y Koufa, estos pondrán encima de la mesa demandas posibles de conceder como ya lo han hecho cuando han negociado con el Ejecutivo para el intercambio de prisioneros o con las organizaciones humanitarias para su acceso en el centro de Malí. La negociación debe, por tanto, buscar un acuerdo de índole política, primando una estrategia de desmovilización para JNIM, ya que podría ser la clave para obtener una paz duradera en el centro del país como se ha hecho con los rebeldes tuareg y con otros grupos armados en el norte. Sin embargo, aunque se consiguiese negociar con estos dos líderes, estando tan fragmentado el yihadismo en la región, uno de los grandes peligros es que todos aquellos que quieran seguir ejerciendo la violencia se unan al grupo transfronterizo de Daesh, con el que no se puede negociar. Al ser además una amenaza transfronteriza, otras organizaciones podrían ocupar el lugar que dejaría JNIM. Ello implica que, aunque se consiguiese desmovilizar a algunos grupos, no se conseguiría acabar con el yihadismo ni la inseguridad en Malí.