He aquí varias historias de activismo en defensa del medio ambiente en África, Europa, Asia, Oceanía y las Américas que sirven de inspiración global.
La defensa del medio ambiente debe mucho a los activistas que han denunciado a empresas y gobiernos, arriesgando en muchos casos su integridad física. Aunque las campañas de denuncia y concienciación no siempre son exitosas ni logran cambios tangibles, suelen sentar las bases para que otros continúen su trabajo. En otros casos, por suerte, sí consiguen sus objetivos. Los premios Goldman, a los que algunos se refieren como los "Premios Nobel" del medio ambiente, premian cada año a un activista o movimiento ecologista de cada gran zona geográfica que ha logrado, en ocasiones tras muchos años de lucha, cambios positivos para la defensa de la naturaleza. A continuación, comentamos sus historias.
Vertidos en el Delta del Níger: la responsabilidad sin fronteras de las multinacionales
Chima Williams, Nigeria
En enero de 2021, el Tribunal de Apelación de la Haya estableció que la empresa matriz de la Royal Dutch Shell también era responsable por los vertidos de petróleo de su empresa filial en Nigeria —entre 2004 y 2007—, que habían contaminado el Delta del Río Níger. El proceso judicial había durado 13 años, y fue planteado por cuatro agricultores y pescadores nigerianos con la ayuda de abogados medioambientalistas nigerianos y holandeses. Uno de ellos, el abogado y activista Chima Williams recibió el premio Goldman como cabeza visible de este caso que abre la puerta a futuras reclamaciones contra la petrolera anglo-holandesa.
Los vertidos en el Delta del Níger han sido —y siguen siendo— un problema desde hace décadas. El equipo de abogados al que pertenece Williams ha planteado demandas contra varias compañías multinacionales como Chevron y Eni en las jurisdicciones de las empresas matrices, en paralelo a los procesos planteados en las propias cortes nigerianas. En el fondo de estas acciones legales está una batalla por delimitar jurisdicciones que logren reclamar daños y perjuicios medioambientales —y obtener su reparación— evitando la fuga de responsabilidades que se busca con el entramado de filiales establecido, en parte, para difuminar sus exposición a reclamaciones judiciales. En este sentido, a comienzos de 2022, la Comisión Europea presentaba la propuesta de Directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad que pretende que las compañías implementen estrategias reales para prevenir la vulneración de derechos humanos y medioambientales a lo largo de todas sus cadenas de suministro globales. En esa línea va la propuesta de ley que se ha presentado también en Holanda —tras una campaña de la sociedad civil— que busca someter a todas las empresas holandesas a escrutinio y responsabilidad por todas sus actividades, incluidas aquellas desarrolladas fuera de las fronteras holandesas. El problema de este tipo de iniciativas regionales y nacionales es que, incluso si terminan aprobándose, se queden en una simple reformulación de la denominada responsabilidad corporativa, sin consecuencias judiciales y legales en caso de incumplimiento y que los activistas, como Chima Williams, deban seguir afrontando costosos procesos judiciales para obtener la reparación de desastres medioambientales como el del Delta del Níger.
La ampliación del Río Mekong, abortada
Niwat Roykaew, Tailandia
El proyecto chino para dragar y ampliar el río Mekong tenía como objetivo que barcos de grandes dimensiones pudiesen transportar mercancías desde la provincia china de Yunan hasta el Delta del río, que desemboca en Vietnam, pasando por Myanmar, Tailandia y Laos. Desde su inicio, el proyecto encontró la oposición de grupos ecologistas y de las comunidades ribereñas, que vieron cómo las voladuras y el dragado mermaban la pesca y contribuían a una escasez de agua amplificada por el cambio climático. En los últimos lustros, antes del proyecto de ampliación del río, las comunidades locales de los tramos medios y bajos del río ya habían visto cómo las numerosas presas construidas sobre todo por China y Laos —con financiación china— habían desequilibrado el curso natural de las aguas, limitando mucho la pesca y la disponibilidad hídrica.
Desde los años 90, el ex maestro tailandés Niwat Roykaew comenzó a organizar un grupo conservacionista radicado en las comunidades ribereñas del Mekong con el propósito de influir en las políticas del Gobierno que estaban diezmando los medios de vida de las poblaciones locales. Durante casi veinte años —desde la firma del acuerdo entre China, Laos, Birmania y Tailandia—, el proyecto pasó por diversas fases. Ni Vietnam ni Camboya —países que sufrirían también el impacto medioambiental— fueron incluidos en las negociaciones. En 2016 se reactivó el plan, con la exigencia por parte del Ejecutivo tailandés de que se efectuara una evaluación de impacto medioambiental. Los 97 kilómetros del Mekong que discurrían en la frontera entre Tailandia y Laos resultaban claves para despejar la navegación para barcos de gran calado. Uno de los pilares de la estrategia de Niwat Roykaew para lograr una masa social crítica opuesta al drenaje y ampliación del río —mediante el uso, entre otros medios, de voladuras masivas y la construcción de diversos diques— fue implicar también a los monjes budistas de la zona, con gran predicamento entre la población, además de tejer una tupida red de apoyo entre los vecinos. Al mismo tiempo, la empresa china encargada de realizar las obras desplegó una campaña informativa que buscaba tranquilizar a la población local. No lo consiguieron. Una lucha, como ha reconocido el propio Roykawe, que parecía perdida de antemano al final tuvo éxito —gracias también a intereses geopolíticos tailandeses cuyas autoridades no terminaron de ver claro el lema chino para el proyecto "Río compartido, futuro compartido"—.
Finalmente, a principios de 2020, el Gobierno tailandés anunció que no pensaba continuar con el proyecto. Las mercancías chinas podrán seguir llegando por carretera, pero no a través del Mekong. La victoria no fue total: tanto en China, como en Laos y Birmania se llevaron a cabo voladuras que han afectado a las partes inferiores del curso del río.
¿No más financiación de los combustibles fósiles?
Julien Vincent, Australia
“Sigue el rastro del dinero”, es el consejo que el activista medioambiental australiano Julien Vicent da a todos aquellos que quieran emprender campañas exitosas para la protección de la naturaleza. En 2013, Vicent creó la ONG Market Forces con el objetivo de eliminar la financiación del sector del carbón y del gas por parte de los cuatro principales bancos del país —ANZ, CommBank, NAB y West Pac—. Más tarde incluiría también a las compañías aseguradoras que respaldaban proyectos mineros. Australia es uno de los tres mayores exportadores mundiales de carbón, junto con Indonesia y Rusia.
Las campañas de Market Forces, además de reuniones con altos ejecutivos del sector y del Gobierno, incluyeron acciones inteligentes como los llamados “días de la desinversión”. En ellos, los clientes eran invitados a acudir a los principales bancos del país para retirar todos sus fondos y cerrar sus cuentas. El contexto era el apropiado: el cambio climático ha intensificado las largas sequías y los incendios han devastado en los últimos años el territorio australiano, afectando a otros sectores claves de la economía, como la ganadería y la agricultura, además de intensificar las olas de calor y afectar a la Gran Barrera de Coral. Finalmente, en 2020, el último de los cuatro grandes bancos aceptó dejar de financiar proyectos relacionados con los combustibles fósiles para 2030.
Sin embargo, Australia seguirá siendo uno de los mayores exportadores de carbón, y se espera que continúe siéndolo. Si bien en 2022 el actual Gobierno australiano aprobó una ley que les compromete a las emisiones cero para 2050, también está revisando al mismo tiempo unos 30 nuevos proyectos mineros que esperan su aprobación. Eso implicaría concesiones mineras que durarían aún varias décadas. Además, según los activistas de Market Forces, los bancos y aseguradoras siguen comprometiéndose con proyectos relacionados con combustibles fósiles. La invasión rusa de Ucrania, además, ha vuelto a situar como un combustible preciado al carbón, que ya estaba en retirada en los planes de algunos países europeos, por ejemplo, y que ha vuelto a utilizarse masivamente para obtener energía eléctrica ante los altos precios del gas.
Pozos petroleros en el patio trasero
Nalleli Cobo, Estados Unidos
Se calcula que en todo el condado de Los Ángeles, California, hay unos 1.600 pozos de extracción de gas y petróleo, entre los inactivos y los que están aún operativos Muchos están en terrenos colindantes con viviendas, como parte del mobiliario urbano. A principios de siglo, Nalleli Cobo era una niña de madre mexicana y padre colombiano —deportado poco después de su nacimiento— que vivía con su familia en el barrio de South Central. No tardaría en comenzar a sufrir problemas de salud: asma, náuseas y molestias digestivas. A los nueve años las hemorragias nasales eran tan intensas que algunas noches la obligaban a dormir sentada para evitar que se ahogase con su propia sangre. La familia vivía a pocos metros de un pozo de extracción petrolera de la compañía AllenCo que se había reactivado. La historia de la ciudad ha estado ligada desde finales del siglo XIX a la industria petrolera desarrollándose, en buena medida, en torno a estos campos de extracción urbanos. Un informe de una organización medioambiental aseguró que en 2020, en California, hasta “2,2 millones de personas en California viven a menos de 800 metros de un pozo de petróleo o gas. Alrededor de 5 cinco millones residen a menos de 1,6 kilómetros y más del 60% de los 25.000 permisos de perforación emitidos por el estado entre 2015 y 2020 correspondían a pozos localizados en comunidades con una población predominantemente latina”. Los latinos suponen ya más del 50% de la población californiana.
La madre de Nalleli comenzó, entonces, una campaña de concienciación acompañada por su hija para alertar sobre los riesgos para la salud de esos pozos ubicados en zonas residenciales, la mayoría en barrios de rentas medias y bajas habitados por minorías. Se reunieron con representantes políticos y captaron la atención de los medios. Tras largos años de activismo lograron que el pozo detuviese su actividad en 2013 por orden judicial. Más tarde, la ONG fundada por madre e hija se unieron a otras organizaciones para demandar al condado de Los Ángeles exigiendo una mejor regulación de esas actividades extractivas. El último episodio importante en esa lucha tuvo lugar en el otoño de 2021, cuando se aprobó una nueva regulación municipal —con la oposición de la industria petrolera— que prohíbe nuevas perforaciones y establece un plan para que las existentes vayan cerrando progresivamente en los próximos años. En 2020, a Cobo le fue diagnosticado un cáncer con 19 años. Necesitó tres cirugías. Una vez recuperada, ha retomado sus estudios de Derecho. Quiere convertirse en una abogada de derechos civiles.
La defensa de la Amazonía ecuatoriana
Alex Lucitante y Alexandra Narváez, Ecuador
La provincia de Sucumbíos, al norte de Ecuador y fronteriza con Colombia, es tierra amazónica. En ella viven varios pueblos indígenas. A uno de ellos, los A’I cofanes, pertenecen Alex Luciante y Alexandra Narváez. Ambos jóvenes ecologistas fueron reconocidos por el premio Goldman como los líderes del movimiento que logró a comienzos de 2022 que la Corte Suprema Ecuatoriana reconociese el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados previa, libre e informadamente sobre la explotación de sus tierras ancestrales. En su sentencia, la Corte canceló más de 50 concesiones mineras que estaban siendo explotadas en las tierras que usan los cofanes, desde hace siglos, para cazar, pescar y cultivar.
Ayudados por organizaciones ecologistas, Lucitante y Narváez —decenas de vecinos— desarrollaron un intenso trabajo de documentación de los efectos de esas explotaciones mineras, además de emprender una campaña de información entre las comunidades indígenas de la región sobre los riesgos de las mismas para su ancestral modo de vida y sobre la necesidad de unirse en la lucha por su defensa. La tecnología les ayudó: colocaron pequeñas cámaras ocultas controladas remotamente, y usaron drones para recabar todas las pruebas posibles. Además, establecieron patrullas de vigilancia que recorrían el territorio periódicamente para detectar nuevas explotaciones —legales e ilegales—. Las primeras sentencias recayeron a su favor, pero los recursos por parte del Gobierno ecuatoriano llegaron hasta la Corte Suprema, que ha ratificado el derecho de los pueblos indígenas no solo a ser consultados, sino a modificar o incluso cancelar los proyectos de explotación comercial de sus tierras que se sometan a su parecer. Como resultado de esa sentencia, casi 320 km2 quedarán, desde ahora, protegidos en las fuentes del río Aguarico.
Reformulando el derecho medioambiental
Marjan Minnesma, Países Bajos
En 2012, la abogada y defensora de los derechos medioambientales holandesa Marjan Minnesma demandó al Estado holandés —junto con varios cientos de ciudadanos— por no cumplir sus promesas realizadas para una efectiva lucha contra el cambio climático. La base de su demanda era que el Estado tenía la obligación de proteger a los ciudadanos holandeses contra las consecuencias negativas del cambio climático y no lo estaba haciendo. Entre las peticiones de la ONG fundada por Minnesma, Urgenda, estaba la de disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero entre un 25% y un 40% para finales de 2020 respecto a las emisiones de 1990. El proceso fue largo: casi ocho años de tribunales. La primera demanda se ganó en los tribunales, pero el Estado holandés recurrió a pesar de la intensa campaña (“No recurrir”) emprendida por los ecologistas. Se obtuvo una segunda victoria, pero de nuevo se plantó un recurso. Esta vez ante la Corte Suprema cuyos jueces, finalmente, en 2020 dieron la razón a los demandantes. En esos momentos, muchas organizaciones medioambientales se habían sumado a la causa, presentando un programa de 54 medidas que el Estado podría implementar para cumplir con el compromiso de reducción.
La batalla judicial de Minnesma ha ayudado a otras organizaciones a plantear demandas similares contras las autoridades de varios países por su inacción, desde Bélgica —con una importante victoria en 2021— hasta Pakistán. El objetivo último de todas ellas es blindar jurídicamente las obligaciones de los gobiernos para acelerar las reformas que permitan reducir los impactos de las actividades económicas en los ecosistemas al tiempo que se establece una mayor sostenibilidad del modelo de desarrollo. Un derecho al medio ambiente de “cuarta generación”: con acciones concretas que superen el reconocimiento del derecho al medio ambiente ya incluido en varias constituciones (por ejemplo, en el artículo 45 de la Constitución Española). Entre las herramientas jurídicas disponibles se encuentra también la concesión de personalidad jurídica a espacios naturales. En este sentido, a principios del pasado octubre se publicó en España una ley que concedía la personalidad jurídica al deteriorado Mar Menor: un ejemplo de degradación extrema causada por años de explotación turística y agrícola casi incontrolada. Dicho reconocimiento se produjo gracias a una iniciativa legislativa popular que pudo salir adelante debido a una intensa campaña de la sociedad civil para la recogida de firmas. No es la primera vez que se reconoce personalidad jurídica a un espacio natural (lo que lleva aparejado que las autoridades se encarguen de su defensa). Es una figura que cuenta con tradición en Estados Unidos, Canadá, América Latina y Nueva Zelanda. Un nuevo derecho de la naturaleza que podría imponerse en unos años como básico en constituciones y legislaciones derivadas.
