La privatización de las semillas avanza sobre América Latina. Compañías y campesinos enfrentados por su control.

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LUIS ACOSTA/AFP/Getty Images


El campo colombiano inició, recientemente, un paro masivo que pronto se ganó el apoyo de la opinión pública urbana. Una de sus reclamaciones era acabar con la Resolución 970, que obligaba a los campesinos a utilizar exclusivamente las semillas certificadas, esto es, las patentadas por las empresas del sector del agronegocio. Paralelamente, el documental 970, de Victoria Solano, denunciaba la injusticia cometida contra unos pequeños agricultores del departamento del Huila, en el interior del país, a quienes se requisaron 70 toneladas de semillas de arroz no certificadas. Los campesinos, algunos de ellos judicializados, reclaman que nadie les avisó de la norma. Muchos colombianos se enteraron a través de esa película de que, en Colombia, regalar o intercambiar semillas es un delito.

La ya famosa Resolución 970 -hoy suspendida debido a la presión social- es la reglamentación de una ley, aprobada en 2012, por la que Colombia suscribe el último acuerdo de la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV). Las organizaciones sociales y campesinas aseguran que esta legislación llegó como imposición del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado con Estados Unidos, pero las autoridades del Instituto Colombiano de Agricultura (ICA) han tachado de “tendenciosa” esa información.

La UPOV es una organización internacional con sede en Ginebra que asume como misión “proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”. El esfuerzo de esta entidad se ha encaminado en este medio siglo a salvaguardar los derechos de propiedad intelectual sobre las llamadas obtenciones vegetales -esto es, las semillas- a través de un sistema de registro similar a las patentes. La UPOV ha impulsado tres acuerdos desde su creación de 1961, pero es la versión de 1991 -que han aprobado ya los países de la Unión Europea- la más restrictiva en este sentido.

Los movimientos sociales y campesinos de América Latina, muchos de ellos englobados bajo el paraguas internacional de la vía campesina, cuestionan el avance en la región de normativas que limitan el libre acceso a las semillas, obligando a los productores a comprarlas en el mercado formal. Brasil y Paraguay ya han adoptado legislaciones que obligan a los agricultores a pagar regalías a las empresas por el uso de sus semillas; en Argentina y Chile, sendos proyectos de ley se encuentran en trámite parlamentario. En Chile, como en Colombia, la aprobación del UPOV 91 fue una condición del TLC firmado con Estados Unidos. Gracias a la movilización social, los trámites están parados y 21 de los 38 senadores chilenos se han comprometido a no aprobar la ley que, aunque todavía desconocida, es profundamente impopular por los desequilibrios que crea entre los derechos de los agricultores y los de los llamados obtentores. Algo muy similar ocurre en Argentina, donde la Campaña NO a la Privatización de ...