El 10 de agosto se celebrará el referéndum revocatorio del mandato del presidente Evo Morales y de otros altos cargos del Gobierno boliviano. Eduardo Rodríguez Veltzé, ex presidente de Bolivia, responde a FP en español sobre la profunda crisis política y el incierto futuro de su país tras la polémica convocatoria.

 

Foreign Policy en español: En unos días se realizará el referéndum revocatorio del presidente Evo Morales, del vicepresidente y de los gobernadores regionales. ¿Qué ambiente se respira en el país estas últimas semanas?

E.R.V: El referéndum ha abierto un escenario de confrontación de alta intensidad no sólo por la retórica violenta que exhiben las autoridades sujetas a sus potenciales efectos, el despliegue de onerosas campañas en medios de comunicación y la entrega de cheques venezolanos que financian el programa que Evo cumple, sino por la incertidumbre de su realización, alimentada por acusaciones de fraude en la emisión de documentos de identidad, alteraciones del padrón electoral y cuestionamientos sobre la constitucionalidad de la Ley de Convocatoria al Referéndum.

Calles revueltas: Días antes del referéndum se están produciendo protestas en distintas partes del país.

FP: El objetivo con el que se planteó fue el de zanjar la profunda crisis política en la que está inmersa Bolivia. ¿Cree que una vez realizado cambiará la situación?

E.R.V: La iniciativa del referéndum revocatorio como instrumento para zanjar la crisis política ha tenido un curso errático. Inicialmente fue presentada y abandonada por el partido oficialista, y después recuperada por la oposición que, inexplicablemente, promueve su aprobación, aunque luego intenta, sin éxito, corregir insalvables incoherencias en su texto en cuanto a los cómputos de medición de resultados y al contenido de las preguntas.

Es probable que el presidente, el vicepresidente y varios de los prefectos reciban el apoyo suficiente para concluir su mandato, con lo que se preservaría el escenario de polarización política. Se trata de un acto electoral poco útil, pero de gran valor para el Gobierno que buscará recomponer sus espacios frente a la reciente aprobación de estatutos de autonomía en cuatro departamentos opositores [Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando]. Creo que el esfuerzo electoral podría tener un objetivo más trascendente que la mera revocatoria de autoridades cuyos periodos de funciones y desempeño no han sido cuestionados. Sería mucho más provechosa una consulta sobre la reconducción de la Asamblea Constituyente y sobre los estatutos autonómicos en el marco de un proceso de reconciliación nacional.

FP: La única magistrada que permanece en el Tribunal Constitucional en funciones decretó la suspensión del referéndum, aunque su opinión cayó en saco roto y ha sido demandada por el Gobierno. ¿Cómo se ha llegado a la actual situación del TC?

E.R.V: El Gobierno de Evo Morales ha mostrado poco o ningún afecto por varias de las decisiones del Tribunal Constitucional, lo que ha abierto una confrontación que ha derivado en acusaciones y juicios por prevaricación contra sus magistrados. Las sucesivas renuncias [de los miembros del TC] lo han dejado inoperante desde el año pasado, sin que el Congreso haya logrado consensos para reemplazarles. La confrontación del Gobierno con el sistema judicial ha sido permanente. En este escenario, la magistrada ha emitido una providencia que, en rigor, no decreta la suspensión del referéndum, sólo invoca la jurisprudencia aplicable ante el recurso presentado [por el diputado Arturo Murillo] pero que no podría tramitarse dada la ausencia de magistrados en el Tribunal Constitucional. El incidente ha abierto un debate jurídico de proporciones [tales] que, más allá del referéndum, debe rescatarse para poner en evidencia la vulnerabilidad de la independencia del sistema judicial frente a las coyunturas políticas y la indefensión y la ausencia de tutela judicial efectiva para los ciudadanos.

FP: “Si Bolivia se desestabiliza no habrá gas para Brasil”, declaró Hugo Chávez tras la Cumbre de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) el pasado abril. ¿Ve posible estas predicciones? ¿Qué otras consecuencias podría provocar la inestabilidad boliviana?

E.R.V: En absoluto, Bolivia, aún en sus peores crisis, siempre ha procurado honrar los contratos de suministro de gas a Brasil pues representan una porción significativa de sus ingresos fiscales. No obstante, es evidente que la inestabilidad política ha limitado la inversión directa de las empresas petroleras que operan en el país, reduciendo las oportunidades de incrementar la producción y exportación de mayores volúmenes de hidrocarburos a la región. Este efecto es similar en otros ámbitos de la economía, lo que incide directamente en la generación de empleo y en el crecimiento.

FP: El Gobierno de Evo Morales ya ha consolidado la nacionalización del sector de los hidrocarburos en Bolivia. ¿Qué supone este proceso para la economía del país y de la región?

E.R.V: La denominada nacionalización del sector arranca con la nueva legislación en materia de hidrocarburos aprobada en 2005, anterior al Gobierno de Morales. Además de ratificar el concepto ya establecido en la Constitución de que los recursos son propiedad y dominio del Estado, se replantean los alcances y modalidades de la relación contractual con las petroleras, cambiando la noción de la propiedad, el régimen tributario y las condiciones de operación a favor del Estado. Dispone la refundación de la empresa nacional de hidrocarburos YPFB, fortaleciendo su papel en toda la cadena productiva y acuerda los lineamientos para la distribución de la renta que genera el gas.

El Gobierno de Evo Morales ha avanzado positivamente en la negociación de nuevos contratos, lo que ha supuesto mayores ingresos fiscales –favorecidos además por el incremento de los precios del petróleo–, pero las inversiones directas de las empresas no han respondido a las expectativas de expansión del sector, desafío que tampoco puede absorber la todavía débil YPFB, ni su socia favorita PDVSA de Venezuela. El incremento de la demanda interior, las dificultades para sostener el aprovisionamiento de los contratos vigentes con Brasil y Argentina, la reticencia de las empresas para ampliar inversiones y las crecientes presiones internas por acceder a los recursos que proporciona la renta del gas han generado nuevos y mayores desafíos a la gestión de Morales.

FP: Cuando usted llegó al poder en 2005, Bolivia se encontraba inmersa en una grave crisis política, con huelgas generales, cortes de carreteras y varios muertos en los altercados. ¿Cómo ha evolucionado el país en este tiempo?

E.R.V: La crisis política de 2005 se superó con acuerdos políticos para garantizar las elecciones generales, de prefectos, la celebración de una Asamblea Constituyente y un referéndum sobre las autonomías departamentales. Esta agenda recuperó la paz social y abrió un horizonte de transformaciones estructurales que comenzaron a conducirse en democracia por la nueva administración del presidente Evo Morales. En el curso de estas realizaciones han surgido diferencias sobre las distintas visiones del país, su ordenamiento territorial, la estructura del Estado, la distribución y ejercicio del poder, los recursos, las autonomías…etc.

En lugar de discutir y sintetizar acuerdos sobre estos temas en el seno de la Asamblea Constituyente, los partidos y las regiones han polarizado el país regional e ideológicamente. La Asamblea aprobó un texto de Proyecto de Constitución pero éste no responde, refleja ni soluciona las diferencias planteadas y, menos [aún], los estatutos autonómicos aprobados en cuatro departamentos. Los varios intentos de diálogo no han convencido a las partes enfrentadas que, por ahora, ensayan la figura del referéndum revocatorio para recomponer sus posiciones. Entre tanto, el pueblo boliviano es testigo de un nuevo episodio de confrontación política cuyos resultados son inciertos, en contraste con la certidumbre sobre la pérdida de tiempo, recursos y oportunidades para apostar por el desarrollo y superar la pobreza.

FP: Conoce bien a Evo Morales, ya que durante su Gobierno de transición tuvieron una estrecha relación y le sucedió en el cargo tras ganar las elecciones. ¿Qué opinión le merecen sus políticas de los últimos años?

E.R.V: Los últimos veintiséis años de democracia en Bolivia, el periodo no interrumpido más largo de su historia [en 1982 finalizó un extenso capítulo de dictaduras militares], han sido de intensa maduración en términos de desarrollo institucional, inclusión y pluralismo. Por ello, es especialmente significativa la elección de Evo Morales, cuyo discurso cautivó a la mayoría de los bolivianos que apostaron por su liderazgo y las reivindicaciones sociales.

En la mitad del periodo presidencial, y pese al escenario y las condiciones  favorables en las que el presidente recibió al país, le ha faltado aptitud para concertar y reconciliar a una nación diversa, compleja y con múltiples intereses. Gobernar en tiempos de ejercicio constituyente exige un margen extraordinario de tolerancia, diálogo y amplitud de miras para fortalecer las aspiraciones de todos, sin exclusiones. En un país presidencialista con resabios de caudillismos totalitarios, la vocación del jefe del Estado puede ser decisiva en el curso político, sobre todo, si respeta y preserva el orden democrático.

 

Eduardo Rodríguez Veltzé fue designado presidente de Bolivia en junio 2005 (tras la crisis política que se produjo en el país ese año), convocó elecciones generales en diciembre de 2005 y transfirió el mando en enero de 2006. En la actualidad, desempeña tareas de investigador en la Universidad Carlos III de Madrid (España).

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