Las desapariciones forzosas llevadas a cabo por agentes del Estado -o por grupos no estatales pero el consentimiento de las autoridades- seguidas por la negativa de ese Estado a reconocer éstas o el paradero de los desaparecidos son un fenómeno que se ha registrado en la historia reciente de varios países.

No en todos alcanzó la misma entidad, ni tuvo las mismas motivaciones, aunque sí existe un nexo: no hay ningún país en el que exista una lista definitiva de desaparecidos. En algunos casos, las distintas estimaciones sobre la cifra de desaparecidos pueden diferir en miles de personas, en otros, incluso en cientos de miles.

A continuación se ofrece una lista de los países en los que se calcula que permanecen desaparecidas más de 20.000 personas.

Rusia

Cifras: los historiadores no han podido establecer la cifra exacta de personas en paradero desconocido. Durante el régimen estalinista se habrían podido producir entre 3 y 5 millones de desapariciones. A esto hay que sumar los casos producidos durante la guerra de Chechenia: varios cientos de civiles -algunas organizaciones hablan de casi 5.000-supuestamente hechos desaparecer por las tropas federales rusas.

Antecedentes: el estalinismo se extiende de 1922 a1953. Se calcula que sólo entre 1937 y 1938, los años del Gran Terror, fueron ajusticiadas unas 700.000 personas, enterradas en su mayoría en fosas comunes. Además de las ejecuciones, el régimen condenó a campos de trabajo a millones de ciudadanos del Imperio. Muchos de ellos morirían, sobre todo aquellos condenados a penas en los campos del Gulag siberiano.

En épocas más modernas, el ejército ruso ha participado en dos guerras en la República de Chechenia. La primera tuvo lugar de 1994 a 1996 y una segunda que abarcó la década 1999-2009. Fueron conflictos con un grado de violencia muy alto por parte de ambos bandos. En el caso de los combatientes chechenos, fueron radicalizando su orientación islámica con el paso de los años debido, en buena medida, a los asesinatos selectivos de líderes chechenos moderados y a la financiación proveniente de Arabia Saudí y Al Qaeda.

Medidas reparadoras: tras la muerte de Stalin, durante el deshielo de Nikita Jruschev, se llevaron a cabo rehabilitaciones oficiales de miles de condenados injustamente por el régimen estalinista. Sin embargo, muchos de los casos ni siquiera se revisaron. Una parte significativa de los archivos soviéticos se abrieron a los investigadores tras la caída del régimen en 1991. Durante los años de Yeltsin, tan caóticos para lo bueno, con un aumento de las libertades y de la pluralidad, pero sobre todo para lo malo, con el derrumbe económico y social, el acceso de los historiadores a los millones de expedientes de los represaliados fue casi ilimitado. Pero esta situación no duró mucho. Las organizaciones de derechos humanos han denunciado que en la última década el acceso a los archivos ha sido severamente limitado, por lo que no se ha podido avanzar en el establecimiento de cifras concretas de desaparecidos, mucho menos saber dónde fueron enterrados. Cada cierto tiempo aparecen en toda la geografía rusa fosas comunes y algunas de ellas podrían contener miles de cadáveres. El gobierno ruso, según la ONG Memorial, apenas se ha comprometido a la hora de recuperar la memoria histórica del país, salvo en la década de los años 90. Durante esta década se llevaron algunas medidas reparadoras, estableciendo por ejemplo, algunos monumentos en recuerdo de las víctimas del estalinismo.

Por lo que respecta a Chechenia, el gobierno pro ruso de la república del Cáucaso ha admitido ya que en su territorio existen decenas de fosas comunes. A pesar de ello, no se han llevado a cabo investigaciones oficiales para determinar quiénes están enterrados en ellas y quiénes perpetraron estos asesinatos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dictado en los últimos años decenas de sentencias condenatorias hacia Rusia por estas desapariciones llevadas a cabo por sus tropas federales.

Armenia

Karen Minasyan/AFP/Getty Images Monumento en Yerevan en memoria del genocidio armenio ocurrido durante la Primera Guerra Mundial

Desaparecidos: no existe un acuerdo entre los historiadores. Las diversas estimaciones fluctúan entre los 600.000 y los 1.5 millones de armenios desaparecidos. A ellos habría que sumar los miles de turcos que, según Ankara, habrían hecho desaparecer los armenios

Antecedentes: el próximo año se cumplirá el centenario del inicio del Genocidio Armenio. En 1915 el Imperio Otomano afrontaba una larga agonía. La esclerosis interna del Imperio se sumaba a un cambio profundo en el equilibrio internacional de poderes. El Sultanato era aún la cabeza visible del poder otomano, aunque en la práctica, el control del menguante Imperio fue ejercido por los Jóvenes Turcos, movimiento dirigido por militares y del que Atatürk era ya uno de los altos oficiales. Los territorios orientales de la actual Turquía  habían asistido a sucesivas masacres contra la minoría armenia cristiana a finales del siglo XIX: se calcula que entre 200.000 y 300.000 armenios fueron masacrados en su última década. Sin embargo, lo que estaba por venir sería mucho peor pues en el periodo 1915-1923 las tropas turcas llevarían a cabo sucesivas campañas de exterminio de los armenios.

Turquía no ha reconocido hasta la fecha que aquellas masacres tuvieran como finalidad el exterminio total, el genocidio, de los armenios. Se refiere a “excesos” cometidos en el marco del conflicto mundial en el que los armenios eran aliados del Imperio Ruso. Además cifran en tan sólo 300.000 las víctimas armenias. Reclaman también que se reconozcan las masacres perpetradas por los armenios cristianos contra musulmanes turcos, que nadie ha negado, por lo que se han llevado exhumaciones de fosas comunes de turcos asesinados por armenios.

Medidas reparadoras: en las últimas décadas Turquía ha estado dispuesta a enemistarse con aliados internacionales antes que reconocer que existió un genocidio contra el pueblo armenio. Algunos intelectuales turcos han tenido incluso que enfrentar juicios por hablar sobre lo ocurrido en aquellos años. Se ha convertido en un tema tabú. El actual primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha disculpado ya ante los kurdos por las masacres cometidas por las tropas turcas contra esa minoría en los años 30. ¿Cambiará la actitud de las autoridades de Ankara respecto a las matanzas de armenios aprovechando el aniversario de 2015?

Camboya

Manuel Ceneta/AFP/GettyImages Fotografías de asesinados durante la dictadura de los Jemeres Rojos en Camboya.

Desaparecidos: la cifra exacta de desaparecidos no ha sido establecida. Sin datos oficiales, los expertos estiman que se podría hablar de cientos de miles de personas.

Antecedentes: De abril de 1975 a octubre de 1979, el régimen de los Jemeres Rojos convirtió Camboya en una pesadilla. Se han identificado cientos de fosas comunes en todo el país y se sospecha que en algunas permanecen enterrados miles de cadáveres. Bill Kiernan, profesor de la Universidad de Yale y uno de los investigadores sobre el genocidio camboyano más reconocidos, afirma a esglobal que aún no se sabe el número de personas que pueden considerarse “desaparecidos” de entre esos 1,7 millones de personas asesinadas durante el terror jemer.

Medidas reparadoras: en 1997, con el dictador Pol Pot vivo, el Gobierno camboyano pidió ayuda a las Naciones Unidas para establecer un tribunal que permitiese juzgar los crímenes cometidos bajo el Régimen. En 2007, y tras largas negociaciones entre el Gobierno camboyano y la ONU, con el tribunal especial conformado, se produjeron las primeras detenciones de altos cargos jemeres. En la actualidad, este órgano de justicia tiene cuatro casos abiertos.

Por lo que respecta a los desaparecidos y a sus familias, el Estado camboyano no ha elaborado una base de datos fiable con los nombres de las personas en paradero desconocido. La mayoría de las fosas comunes continúan sin ser exhumadas. Los familiares de los desaparecidos cuentan con la ayuda de organizaciones independientes, como el Centro de Documentación. Con escasos medios, estas entidades se están encargando de investigar y documentar los hechos que tuvieron lugar durante aquellos años oscuros.

Irak

Cifras: la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP) estima que la cifra podría ir desde 250.000 personas hasta un millón, una horquilla enorme. La mayoría de desapariciones se habrían producido durante el régimen de Sadam Hussein. No existen cifras precisas sobre los desaparecidos desde la invasión extranjera del país, pero, según fuentes oficiales, se elevaría a unos 7.000 individuos sólo entre 2005 y 2007, sin que se conozca el número de desapariciones que pudieran ser imputadas ni a las fuerzas del orden iraquíes ni a las tropas extranjeras. Hasta la fecha se han localizado unas 300 fosas comunes en todo el país.

Antecedentes: se calcula que el régimen de Sadam Hussein hizo desaparecer a cientos de miles de iraquíes en diversas campañas de represión sistemática y organizada. Destaca la conocida como Operación al-Anfal, realizada en 1982 contra diversas minorías presentes en el país. Los kurdos, pueblo que también cuenta con cientos, sino miles de desaparecidos en el Kurdistán turco, fueron los más diezmados.

La comunidad chií sufrió también una dura represión, especialmente cruenta tras el fin de la Primera Guerra de Iraq en 1991. Las tropas extranjeras les prometieron ayuda si se levantaban contra Sadam aunque luego no cumplieron su promesa y terminaron abandonados a su suerte. A los desaparecidos forzosos durante el régimen de Hussein hay que sumar los miles de cuerpos sin identificar registrados desde la invasión extranjera de 2003. Sólo en 2013, y según la ONU, se produjeron algo más de 7.800 muertes causadas por la guerra civil que vive el país. La cifra más alta de muertos desde 2008, año en el que se contabilizaron casi 6.800 asesinatos.  Los institutos forenses del país no están preparados para proceder a la identificación de todos los cadáveres que reciben, lo que impide establecer si alguno de esos cadáveres corresponde a las personas detenidas por agentes del Estado y de los que no se han vuelto a tener noticias.

Medidas reparadoras: en 2005 el gobierno iraquí creó el Centro para las Personas Desaparecidas. Se ha aprobado también una ley para la Protección de las Fosas Comunes. La escasez de medios, la opacidad de las autoridades iraquíes y estadounidenses y la complicada situación de inseguridad que ha vivido el país en la última década han impedido llevar a cabo una labor a la altura del desafío.

Corea del Norte

Cifras: recientemente, Naciones Unidas publicó un informe sobre distintas violaciones de los derechos humanos supuestamente cometidas por el régimen de Kim Jung-un. En dicho informe, elaborado principalmente a partir de testimonios de norcoreanos exiliados, se establece que en este país asiático podrían contarse hasta 200.000 desaparecidos.

Antecedentes: el hereditario régimen norcoreano, fundado en 1948 por Kim il-sung, ha logrado mantener un aislamiento casi total del país en las más de seis décadas que lleva controlando todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. Desde finales de 2011, dirige el país el joven King Jong-un, hijo de Kim Jong-il, su antecesor en el cargo, y nieto del fundador del Régimen. Sigue siendo una incógnita si el actual dictador propiciará una apertura en el futuro. Esta hipotética situación podría depender en buena medida de la voluntad de los dirigentes de China, el principal valedor de este sistema opresivo en las últimas décadas. Investigadores de derechos humanos han venido alertando en los últimos años de que los horrores que se habrían producido en estas casi siete décadas de dictadura han podido alcanzar dimensiones de espanto, en base a los cientos de testimonios de norcoreanos huidos del país.

Medidas reparadoras: las autoridades norcoreanas han negado el contenido del informe de la ONU: “El informe tergiversa la imagen real del pueblo coreano que goza de derechos auténticos y está salpicada de puras mentiras y falsedades deliberadamente inventadas por las fuerzas hostiles". No se conocen medidas reparadoras puestas en marcha por el Régimen. Dada la influencia de China en Corea del Norte, no cabe esperar que, aún en el supuesto de que el régimen comenzara un futuro proceso de apertura, vayan a implementarse medidas con rapidez; al menos si siguen el modelo chino, sobre cuyos desaparecidos durante los años de Mao Tse Tung se sabe más bien poco.

Samuel Aranda/Getty Images Excavación en Málaga de una fosa común de la Guerra Civil Española.

España

Cifras: las asociaciones de Memoria Histórica calculan que entre 80.000 y 114.000 desaparecidos estarían aún en alguna de las más de 2.000 fosas comunes que se han conseguido localizar hasta ahora. A ellos habría que sumar los restos de miles de combatientes republicanos sin identificar que fueron enterrados en el Valle de los Caídos, la mayor fosa común del país.

Antecedentes: la Guerra Civil (1936-39) y su inmediata posguerra convirtió a España en un gran cementerio. Durante el Franquismo se exhumaron la mayor parte de las víctimas del bando encabezado por los militares golpistas. El Régimen llegó a construir un gran mausoleo, el Valle de los Caídos, en el que se enterraron tanto restos de combatientes del bando franquista como del bando leal al Gobierno de la República. Unos 12.000 cadáveres no han sido aún identificados.

Medidas reparadoras: los sucesivos gobiernos democráticos españoles se han mostrado reticentes a la hora de implicarse en la búsqueda de desaparecidos: una labor que, según las Naciones Unidas, es una obligación estatal. Desde la ONU también se ha afirmado que ninguna ley de amnistía puede subvertir dicha obligación. El actual presidente español, Mariano Rajoy, siendo candidato a la presidencia en 2008 declaró que si por él fuera se tendrían que eliminar todas las ayudas públicas para la exhumación de víctimas. Gracias a la labor de la sociedad civil –articulada en torno a organizaciones no gubernamentales como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)- a finales de los años noventa del siglo XX se comenzaron a localizar las fosas comunes repartidas por todo el país. La ley de la Memoria Histórica de 2007 -que, según muchos juristas, no se estaría respetando- supuso un importante primer paso parlamentario para compensar la situación de desamparo en la que se encontraban los familiares de las víctimas que querían recuperar los restos de sus antepasados. Sin embargo, en 2009, los partidos mayoritarios del Senado se negaron a convertir esta búsqueda en una responsabilidad estatal. La implicación del Estado –desigual en función de las autoridades regionales y locales de turno- se ha limitado a la financiación de las asociaciones comprometidas en la búsqueda de los desaparecidos. De las casi 2.400 fosas localizadas hasta la fecha, sólo se han podido exhumar unas 400. El Gobierno recortó en 2012 la partida presupuestaria destinada a la apertura de fosas: de los 6.200.000 del 2011 se pasó a dos millones y medio. El actual Gobierno también ha cerrado la oficina de atención a las víctimas. En 2013 se eliminó dicha partida presupuestaria, y no se ha recuperado en los presupuestos de 2014.

Guatemala

Cifras: se calcula que existen a día de hoy entre 40.000 y 45.000 desaparecidos, la mayoría durante la guerra civil. Las desapariciones realizadas por fuerzas de seguridad estatales han continuado hasta la fecha, según han denunciado numerosas organizaciones de derechos humanos.

Antecedentes: durante el largo conflicto interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996 se calcula que se produjeron unos 200.000 muertos. En este conflicto -como en otros conflictos centroamericanos como en el de Nicaragua o El Salvador-  los EE UU jugaron un papel relevante, pues apoyaron al ejército golpista y a los grupos paramilitares. Los gobiernos de Argentina, Chile, México e Israel también colaboraron con los militares guatemaltecos en distintos momentos del conflicto. Algo más del 80% de los asesinados pertenecían a alguna de las etnias indígenas maya del país que representan entre el 50 y el 60% de la población total del país. Al ex dictador Ríos Montt se le ha juzgado, de hecho, por genocidio. Aunque la casi totalidad de las víctimas eran civiles desarmados, la inmensa mayoría de las desapariciones fueron llevadas a cabo por efectivos del ejército.

Johan Ordoñez/AFP/Getty Images El ex dictador José Efraín Rios Montt durante el juicio por genocidio.

Medidas reparadoras: Ríos Montt negó en el juico haber dado órdenes para que se asesinara y se hiciera desaparecer a una etnia en concreto. El ex dictador está a la espera de saber la nueva fecha de su juicio, tras haber sido anulado el proceso que lo condenó a 80 años de prisión por genocidio. La ley de Reconciliación Nacional de 1996 derogó las amnistías que se llevaron a cabo antes de esa fecha, incluida la recibida por Ríos Montt gracias a otro dictador guatemalteco, Oscar Mejía. El proceso judicial ha puesto de manifiesto el camino que queda por recorrer para que algunos poderes fácticos guatemaltecos acepten la reparación histórica reclamada por los familiares de los desaparecidos y asesinados. La Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), organización independiente, se dedica desde hace años a la identificación de los desaparecidos. Hasta la fecha han logrado determinar las identidades de unas 6.000 personas. Además han elaborado un banco de muestras genéticas que permitirá facilitar el trabajo de identificación de los cuerpos que aún están enterrados en fosas comunes distribuidas por todo el país. También ha destacado la acción del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), una organización no gubernamental que recientemente abría un museo sobre memoria histórica en una casa del casco viejo de la ciudad de Guatemala. En lo referido a la ayuda estatal, ésta ha sido casi nula.

México

Cifras: se desconoce el porcentaje de desapariciones forzosas llevadas a cabo por fuerzas de seguridad. Según cifras oficiales, entre 2006 y 2012, se presentaron casi 20.000 denuncias  sobre desaparecidos pero la cifra real, según algunas organizaciones de derechos humanos, podría ser mayor.

Antecedentes: durante el Gobierno de Felipe Calderón se incrementaron exponencialmente las denuncias por desapariciones. La mayor parte de éstas se habrían producido en el contexto violente de los cárteles de la droga. Sin embargo, organizaciones como Human Rights Watch han documentado ya desapariciones forzosas, es decir, las llevadas a cabo por el ejército y las fuerzas de seguridad mexicanas. Naciones Unidas ha pedido ya al Gobierno mexicano que se comprometa a elaborar una base de datos fiable y que contribuya con la financiación necesaria para que se puedan investigar adecuadamente dichas desapariciones como primer paso para comenzar un proceso de justicia efectiva. La clave en México a la hora de establecer el número de desaparecidos forzosos pasará por establecer hasta que punto ha llegado la connivencia de las autoridades mexicanas con grupos delincuenciales. En este sentido, no han faltado las informaciones aparecidas en medios mexicanos que acusaban a las fuerzas del orden –tanto del ejército como de las fuerzas policiales locales y estatales- de haber realizado una labor especialmente beneficiosa para algunos cárteles en detrimento de otros. En los últimos años no se han dejado de encontrar fosas comunes por toda la geografía mexicana, la mayoría producto de la acción de grupos criminales narcotraficantes. Las desapariciones en el sexenio Calderón se suman a los producidas en los años 70 y 80 durante la represión de movimientos de izquierdas llevada a cabo por los sucesivos gobiernos dictatoriales del PRI, casi 550 personas desaparecidas según cifras oficiales.

Medidas reparadoras: habrá que esperar para saber cuál es el verdadero compromiso del Gobierno de Peña Nieto con las familias de los desaparecidos. La confección de una lisa basada en investigaciones solventes será el primer paso. Hasta el momento, se han aumentado algunas partidas presupuestarias para el 2014, como la destinada a la Coordinación General de Servicios Periciales pero se han reducido otras como la Dirección General de Especialidades Médico Forenses. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en 2013, contará con un presupuesto de unos 40.000.000 pesos (2.200.000 de euros). Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos se ha denunciado que, a la hora de investigar violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército, la primacía de la jurisdicción militar en dichas investigaciones -algo que contraviene la Constitución- es un obstáculo muy difícil de salvar.

Colombia

Cifras: la ONU calculó en 2011 que alrededor de 15.600 personas de las aproximadamente 57.000 que figuraban en el Registro Nacional de Desaparecidos colombiano habrían sido víctimas de desaparición forzada desde los años 60. Otras estimaciones rebajan esa cifra, otras hablan de una cifra superior.

Antecedentes: durante el largo conflicto interno colombiano todos los bandos implicados -guerrillas, paramilitares y ejército- han sido acusados de llevar a cabo desapariciones. Según un análisis realizado por la Comisión Colombiana de Juristas, una ONG con estatus consultivo de Naciones Unidas, de las desapariciones reportadas en el periodo 1996-2009 se pudo establecer la autoría de las desapariciones en algo más del 70% de los casos. Las conclusiones sobre a quien adjudicar aquellas se distribuyen así: casi un 12% a los agentes del Estado, un 56,50% a los grupos paramilitares y un 2,26% a los grupos guerrilleros. A lo que hay que sumar que la delincuencia común ha llevado a cabo desapariciones forzosas.

Medidas reparadoras: A finales de 2013, la Fiscalía General colombiana anunció que entre 2007 y 2013 se había procedido a la exhumación de más de 5.000 cuerpos.. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que las pesquisas sobre este asunto se complican en algunos casos por las amenazas que reciben los investigadores, incluidas las realizadas por militares colombianos. Cabe esperar que en el curso de las actuales negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se pueda conocer el paradero personas hechas desaparecer tanto por las fuerzas del orden como por el grupo guerrillero. A esta situación se suma que falta conocer el paradero de muchas personas hechas desaparecer por los paramilitares. En la actualidad, las campañas de exhumaciones prosiguen.

Los casos de Argentina y Balcanes

ANDREJ ISAKOVIC/AFP/Getty Images Una mujer ante la tumba de un familiar en el cementerio-memorial de Potocari, cerca de Srebrenica (Bosnia).

Argentina. El proceso de justicia transicional argentino ha sido, tanto en sus aspectos positivos como en su aspectos negativos, un modelo estudiado en varios países con casos de desapariciones forzosas. Desde el fin de la dictadura militar en 1983, las víctimas de la represión han tenido que recorrer un tortuoso camino político y judicial. Proceso que en ocasiones avanzaba reconociendo sus derechos a la hora de ofrecer una justicia reparadora pero en otras ocasiones retrocedía, amparando la impunidad de los encargados de desplegar la represión más brutal de toda América del Sur en las últimas décadas.Con la victoria electoral de Raúl Alfonsín en octubre de 1983, la sociedad argentina comienza una nueva etapa que incluye el establecimiento de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP). Este órgano presentó un informe en el que se ofrecía un listado no definitivo de desaparecidos por la represión. Establecieron una relación en torno a 9.000 casos. Varias asociaciones de derechos humanos han venido cuestionando esa cifra desde entonces, aumentando los casos hasta 30.000. En 1984 comenzaron las labores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y desde entonces ha trabajado en unos 30 países, siendo una referencia mundial en su campo. El debate sobre la auténtica cifra de desaparecidos no se ha cerrado aún.

Sin embargo, los argentinos han visto como el ímpetu inicial del gobierno de Alfonsín se diluía con la aprobación de las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987). Carlos Menem, presidente de Argentina de 1989 a 1999, indultó a varios militares acusados de crímenes de lesa humanidad, a grupos guerrilleros e incluso a altos mandos del Golpe de Estado como Videla, Massera y Viola.

No será hasta 1998 cuando el proceso de justicia transicional vuelva a funcionar. Ese año el Congreso derogó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, pero sin efecto retroactivo. En 2005, la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucionales estas leyes y en 2007, otra sentencia califica de la misma forma los indultos otorgados a los represores. Videla regresó a prisión  y murió  por causas naturales a mediados de 2013 en un cárcel de Buenos Aires. Nunca se arrepintió de sus acciones de gobierno durante la dictadura.

Balcanes. Desde el fin de la guerra en Bosnia, cada 11 de julio se celebra una ceremonia en Sbrenica , ciudad bosnia en la que se perpetró una de las mayores matanzas de las últimas guerras balcánicas, en la que son inhumados los restos de desaparecidos identificados durante los 12 meses anteriores. Hasta la fecha unos 6.000 cuerpos han sido identificados, de los más de 8.000 bosnios musulmanes ejecutados y enterrados en fosas comunes en aquel lugar.

Entre 1991 y 2001 se calcula que casi 35.000 habitantes de los Balcanes fueron hechos desaparecer. La mayoría, unos 30.000, eran bosnios, pero hay desparecidos de todos los bandos. En 2012, Amnistía Internacional calculó que aún se desconocía el paradero de unas 14.000 personas. Las exhumaciones continúan.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía han venido denunciando, sin embargo, que ninguno de los gobiernos balcánicos ha cumplido por completo con sus obligaciones a la hora de investigar y perseguir los crímenes cometidos en contexto bélico. Algunos de estos juicios se han llevado a cabo en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. La colaboración de los gobiernos de los diferentes países balcánicos con el Tribunal no ha sido igual de fluida a lo largo de los veinte años de trabajos en la Haya. Tampoco es igual la satisfacción de los distintos países con las sentencias. Serbia se ha quejado en varias ocasiones de que algunas sentencias hacen sospechar que se constituyó para juzgar a su pueblo. Especialmente irritantes para Serbia han sido las absoluciones del ex primer ministro de Kosovo Ramus Haradinaj y del ex general croata Ante Gotovina. Ambos estaban acusados de haber encabezado crímenes contra los serbios y fueron absueltos en noviembre de 2012.