Cómo las elecciones guatemaltecas podrían ser un paso más hacia la deriva autoritaria que vive el país centroamericano.
Guatemala celebrará el próximo 16 de junio unos comicios presidenciales y legislativos en los cuales no es posible la reelección del actual Presidente –la Constitución lo prohíbe–, y que servirán para poner fin a cuatro años de gobierno de Jimmy Morales. Cuatro años de corrupción, escándalos, confrontaciones con la Fiscalía o con Naciones Unidas, y donde persisten cuestiones irresolutas como la violencia o la inequidad, más allá de las buenas cifras que presenta el crecimiento económico del PIB, por encima del 3%.
Al margen de esto, esta campaña está caracterizándose hasta el momento por dos cuestiones. De un lado, la injerencia de la Corte Constitucional en diferentes procesos sobre las tres candidaturas que, en inicio, contaban con mayor respaldo de la ciudadanía. Estas son, las de Sandra Torres, Thelma Aldaba y Zury Ríos. Torres, exmujer de quien fuera presidente guatemalteco, Álvaro Colom, a pesar de su consabido caso de financiación irregular en 2015, fue habilitada para concurrir en las elecciones, mientras que las otras dos no lo fueron. En el caso de Zury Ríos, hija del dictador Efraín Ríos Montt, en tanto que el artículo 186 de la Constitución Política de Guatemala prohíbe que los familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad de caudillos o de quienes hayan gobernado el país mediante golpes de Estado o asonadas militares aspiren a gobernar el país. Del lado de Thelma Aldana, la decisión se debe a que no cumple con lo que se llama en Guatemala la “constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos”. Algo difícil de quien ha sido la verdadera valedora del Estado de Derecho y la perseguidora principal de la corrupción endémica del país al frente del Ministerio Público.
El otro aspecto a tener en cuenta sería la incertidumbre que siempre genera este tipo de elecciones en Guatemala. Conviene recordar que un mes antes de los comicios de 2015, el actual Presidente, el comediante Jimmy Morales, no aparecía en ninguna apuesta ni tan siquiera como nombre a tener mínimamente en cuenta. De la misma manera, Manuel Baldizón se erigía como la apuesta ganadora, con una tercera parte de presumibles apoyos, pero que finalmente quedó tercero en la contienda, con un 40% menos de respaldo del inicialmente esperado. Así, quien se colaría en la segunda vuelta sería la mencionada Sandra Torres, con apenas 6.000 votos sobre Baldizón y, en inicio, con todas las predicciones en contra.
Hoy, y aun cuando en Guatemala todo es posible, pareciera que nuevamente Sandra Torres va a disputarse la carrera presidencial con un segundo nombre sobre el cual versan tantas apuestas como incertidumbres: Alejandro Giammatei y Roberto Arzú inicialmente cuentan con más popularidad, pero Edmon Mulet o Julio Héctor Estrada son nombres que deben tenerse también en consideración por sus posibles movimientos, mayormente, en el escenario conservador.
En cualquier caso, un elemento a considerar será la posición que tomarán Zury Ríos y, muy especialmente, la progresista Thelma Aldana, pues son dos personalidades con un muy alto nivel de influencia y movilización en ciertos sectores de la sociedad guatemalteca y dependiendo de hacia dónde se orienten sus más de dos millones de electores, es posible que el escenario resultante apueste por el conservatismo o, por el contrario, alimente el abstencionismo.
Sea como fuere, lo cierto es que estas elecciones están siendo caracterizadas por una pírrica atención al componente legislativo de las mismas, y por la particular desafección y la escasa información existente sobre las candidaturas, a lo que se añade el descrédito que los políticos generan en buena parte del imaginario ciudadano guatemalteco. Asimismo, hay que añadir que estos comicios incorporan algunas novedades en cuanto a reglas, procedimientos y prohibiciones producto de las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, por las cuales, entre otras, destacan la creación de un sistema mixto de selección de los diputados, la conformación de nuevas circunscripciones, el endurecimiento de los umbrales para conformar partidos políticos o el aumento de la deuda electoral. Sin embargo, y aun con todo, otros aspectos como la participación igualitaria de hombres y mujeres, la inclusión de medidas en favor de las minorías étnicas –que no son tan minoritarias– o los mecanismos para la revocación de mandatarios continúan siendo cuestiones pendientes de abordar.
A pesar de todo, hay muy pocas esperanzas para albergar una opción de cambio y regeneración del sistema político guatemalteco. El país presenta altísimos niveles de violencia estructural, en donde especialmente conviven elevados niveles de desigualdad –con un coeficiente de Gini de 0.60 según Naciones Unidas– y una pobreza multidimensional que afecta a dos de cada tres ciudadanos. De hecho, hay lugares como los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché o Totonicapán, con niveles de desarrollo humano apenas incipientes. Además, a todo lo expuesto hay que añadir una debilidad institucional notable, que convierten al país en uno de los más corruptos del mundo de acuerdo con Transparencia Internacional –en el puesto 144 sobre un total de 180, y solo superado por Nicaragua y Venezuela en el continente. Igualmente, cabe mencionar el flagelo de una violencia incesante –con más de 30 muertes cada 100.000 habitantes lastrada por la exclusión social, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, y que ni la cooperación de la Iniciativa Mérida proveniente de Estados Unidos para combatir el crimen organizado, ni la militarización de la seguridad ciudadana, han podido ni tan solo mitigar.
Quizá, lo más preocupante es que los últimos años han sido de manifiesta continuidad e intensificación de esta involución democrática. Bajo el gobierno de Jimmy Morales, aparte de dispararse una corrupción que afecta a casi 700 cargos, incluido el mismo Presidente, hemos asistido a un sistema de patrimonialización del Estado, que se traduce en la cooptación, cuando no desatención del poder judicial, y en la eliminación de todas las voces díscolas con esta suerte de sistema establecido. Lo anterior, ya sea criminalizando la protesta civil, expulsando del país a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala de Naciones Unidas (CIGIG) –y que precisamente alertó de casos de corrupción que atañían a Morales–, o anulando las posibilidades electorales de quien era la principal candidatura de la oposición, y muy posiblemente, la única con capacidad de redirigir el mal rumbo de la maltrecha democracia guatemalteca: la mencionada Thelma Aldana.
Lo que se experimenta en Guatemala sucede, indistintamente, en otros escenarios de la región, como por ejemplo en Nicaragua o Venezuela. Así, los gobiernos de turno, para consolidar su posición frente a la oposición política, y en el marco de afectaciones a su legitimidad y gobernabilidad, abogan por desdibujar decididamente el Estado de Derecho. Ello, en aras de satisfacer su beneficio propio, aplacar el conflicto y esperar a que una mejor situación calme la agitación del momento. De este modo, es que se entiende cómo, paulatinamente, desde que Jimmy Morales fuese acusado de financiación electoral ilícita en 2017, el poco Estado de Derecho existente se ha ido desmoronando gracias a las redes clientelares, la corrupción judicial y una politización de esta que ha permitido una suerte de manipulación en la conformación de las listas que finalmente están en disposición de suceder a Morales.
Sin la CIGIG y con un Ministerio Público afectado por las cuestionables acusaciones sobre Aldana, la (des)democratización de Guatemala es un hecho que tira por la borda años y esfuerzos por redirigir una calidad del sistema político que, según Freedom House, ha ido empeorado notablemente en los últimos años. De hecho, el país es valorado como una democracia muy endeble y parcialmente libre, que encuentra en Aldana “una piedra en el zapato”. No olvidemos que ella fue la encargada de sacar a la luz los casos de corrupción electoral, producto de una financiación irregular proveniente de importantes empresas de Guatemala, tanto para el caso de Otto Pérez Molina en 2011, como para el de Jimmy Morales en 2015.
En resumen, las elecciones invitan a poco optimismo. Los actores responsables de la actual situación política en Guatemala son demasiado fuertes y la realidad no presenta atisbo alguno de cambio: los poderes establecidos de una elite política corrupta, unidos a una elite militar influyente, una elite empresarial cómplice y un sistema judicial que hace más bien parte del problema que de la solución, secuestran para sí un sistema que pierde cualquier impronta de pluralidad, transparencia y respeto por el imperio de la ley.
Dadas estas circunstancias, y si hubiera que presentar un pronóstico, hoy en día existen muchas opciones para que Sandra Torres, en su tercer intento hacia la presidencia, y al frente de la Unidad Nacional de la Esperanza, resulte la nueva presidenta del país. Ello, sin que parezca que haya habido la más mínima afectación de cuestiones tales como su implicación en la financiación irregular de las elecciones presidenciales de 2015. Si a lo anterior se une su marcada influencia sobre el poder judicial y su manto de aparente intocabilidad, es muy posible que estemos ante un nuevo paso en el proceso de deriva antidemocrática que atraviesa Guatemala.
En conclusión, un país cada vez más parecido a Nicaragua, carente de cualquier posibilidad de oposición política. La única salida pareciera reposar en el reclamo de una ciudadanía activa y movilizada, que producto de su hastío y desencanto, visibilice las contradicciones del sistema. Para ello, necesariamente, y como en otras ocasiones, requerirá de la labor y del apoyo del periodismo independiente y del oficio de los jueces que, aun con todo en su contra, mantienen su particular lucha contra la corrupción endémica del Estado. Sin eso, y sin el respaldo de otros defensores de la democracia, como podría ser la Unión Europea o Naciones Unidas, que en Guatemala tradicionalmente han tenido mayor nivel de influencia que en otros Estados de la región, verdaderamente, hoy por hoy, es muy poco lo que queda de esperar.
