Durante más de 50 años, los países del Golfo Pérsico, Jordania o Líbano han recurrido al sistema kafala como marco de control de las relaciones laborales con los millones de migrantes que, pese a representar en casos como Catar el 90% de la población, han estado privados de derechos tan elementales como la libre elección de rescindir sus contratos laborales o incluso salir de su país de residencia sin permiso de su empleador.
A mediados del siglo XX, los Países del Golfo se posicionaron en el centro del escenario petrolero a nivel mundial. La exportación de crudo no solo disparó la economía de países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait y Omán, sino también la demanda de mano de obra extranjera. Las necesidades de construir infraestructuras, garantizar la explotación del petróleo y satisfacer las demandas de quienes veían engrosar sus cuentas bancarias por cada barril exportado sirvieron de base para la consolidación del sistema kafala, calificado por múltiples organizaciones de derechos humanos como “sistema de esclavitud moderna”.
El kafala —sistema arraigado además en otros países como Líbano o Jordania— se basa en un modelo de patrocinio, en teoría temporal, que vincula, en una relación asimétrica y con frecuencia desproporcionada, a la persona trabajadora migrante a su empleador o a una empresa, y no al Estado. El kafeel (patrocinador) tiene en sus manos el estatus legal de los trabajadores migrantes dado que el sistema otorga a los patrocinadores la capacidad legal de controlar aspectos que trascienden cualquier relación laboral.
Sin el permiso del kafeel los trabajadores no pueden cambiar de trabajo ni, en ocasiones, salir del país. De hacerlo, sus permisos de residencia se verían cancelados y pasarían, como ocurre en Arabia Saudí, a ser "huroob", es decir, empleados "fugitivos" expuestos a ser deportados e incluso encarcelados. Durante la vigencia del kafala, muchos han sido los empleadores que han retenido los pasaportes de los trabajadores —pese a estar prohibido en los distintos países donde opera este sistema—, que se ha convertido en fuente de chantaje: cuestionar las decisiones del kafeel puede suponer el paso a la ilegalidad o una minoración de sus condiciones salariales y tiempo de descanso.
“Los trabajadores migrantes tienen miedo de que sus empleadores no renueven sus permisos de residencia —afirma Rothna Begum, investigadora para la región de Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch—. Esta es una de las razones por la que los migrantes no denuncian el abuso o los impagos”.
El 70% de la fuerza laboral de los Países del Golfo está compuesto por trabajadores migrantes. Solo en 2019 estos Estados acogieron, junto a Jordania y Líbano, a 35 millones de personas, de las cuales el 31% eran mujeres, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La mayoría procede del sureste asiático y del este de África y realiza empleos “poco cualificados” ligados al sistema kafala. Trabajan como albañiles, niñeras, empleadas domésticas, choferes o agricultores, pero sin que el marco normativo que rige las relaciones laborales de la población nativa los integre o proteja sus derechos frente al abuso del kafeel.
La precariedad es otro de los pilares que sustenta este sistema. Los bajos sueldos y los impagos no ayudan a aliviar las deudas que contraen con los intermediarios que les ponen en contacto con su kafeel. “Legalmente, los empleadores deberían pagar los costes de contratación. Pero en la práctica, los trabajadores asumen estos gastos”, denuncia Begum. Con salarios bajos y altas tarifas de contratación, los migrantes pueden tardar meses o años en devolver la deuda más intereses a un empleador, sin poder dejar su trabajo hasta que no paguen los costes.
Reformas recientes
Aunque el marco normativo del sistema kafala es similar en los Países del Golfo, existen diferencias. “Los factores de empleo y explotación son parecidos: horas extras no remuneradas, confiscación de documentos, abusos, violencia…", analiza Ghina al Andary, trabajadora social en la unidad de lucha contra la trata de la ONG libanesa Kafa. "Aunque los tecnicismos legales difieren, la realidad vivida, por ejemplo, por las trabajadoras domésticas en estos países es prácticamente la misma”, añade.
“Las trabajadoras domésticas son un grupo especialmente vulnerable porque a menudo están atrapadas en las casas de su empleador, confinadas y sufren todo tipo de abusos como trabajar hasta 21 horas al día o agresiones sexuales o físicas”, explica Begum.
En Líbano se calcula que al menos 250.000 mujeres están atadas al sistema kafala. Las preocupaciones sobre la explotación y su falta de protección legal han originado que Estados emisores como Etiopía, Nepal y Filipinas prohíban a sus nacionales trabajar como empleadas domésticas en el país. “Estas medidas no protegen realmente a los migrantes sino que los deja en una situación de mayor vulnerabilidad, incluyendo el tráfico de personas”, explica Begum. Un estudio de la OIT en 2016, en el que se entrevistaron a 1.541 trabajadoras domésticas, reveló que al menos el 11% fueron víctimas de abuso físico y un 2% de agresiones sexuales. Por su parte, la agencia de noticias IRIN cifraba en dos las muertes semanales de estas trabajadoras en 2017.
La Ley del Trabajo libanesa excluye explícitamente a este colectivo, negándole condiciones laborales que sí tienen otros trabajadores como el salario mínimo o la Seguridad Social. “Para que el sistema kafala sea desmantelado, el trabajo doméstico debe tratarse como empleo, incluir a las trabajadoras en la legislación laboral e impedir que los permisos de residencia estén ligados al criterio de los empleadores”, analiza Al Andary.
Ante el auge de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, el Gobierno libanés ha adoptado un “contrato unificado estándar”. En teoría, esta medida permitirá a los nuevos trabajadores domésticos rescindir su contrato sin el consentimiento de su empleador. Además originaría el reconocimiento de derechos como una semana laboral de 48 horas, un día de descanso semanal o del salario mínimo nacional. “El nuevo contrato no elimina el sistema kafala —apunta Al Andary—, pero introduciría mejoras si se implementa correctamente y se monitoriza”.
La construcción es otro de los sectores atrapados en este sistema. En Catar, los abusos y las precarias condiciones laborales de los trabajadores que levantan las instalaciones del Mundial de fútbol 2020 han propiciado la modificación de parte del marco jurídico que regula las relaciones laborales de las personas migrantes, que suponen el 90% de la población.
Las reformas, lejos de suponer la abolición del sistema kafala como se anunció en 2017, introducen cambios relevantes. Con las nuevas medidas, los trabajadores migrantes pueden cambiar de trabajo sin necesidad de obtener el permiso de sus empleadores siempre que lo notifiquen con una antelación mínima de un mes, salvo que lleven trabajando para el kafeel más de dos años, en cuyo caso se exigen dos meses.
Se elimina así el "certificado de no objeción" que debían expedir los empleadores, una de las causas de la explotación y trabajos forzosos de miles de personas migrantes. Sin embargo, los kafeel siguen siendo responsables de renovar y cancelar los permisos de residencia. “Las reformas de Catar son importantes ya que facilitan, al menos sobre el papel, la movilidad del mercado laboral; la clave, por supuesto, radica en su implementación —apunta Alí Mohamed, portavoz de la organización Migrant-Rights.org—. No obstante, este país, como el resto de Estados del Golfo, tiene en vigor controvertidas leyes de fuga que obligan a los trabajadores a realizar trabajos forzosos o pueden convertirlos en irregulares”.
Junto al paquete de reformas, se ha aprobado el aumento del salario mínimo de 750 riales a 1.000 riales (unos 234 euros), sin que la nacionalidad sea esta vez causa de exclusión.
Catar se suma así a Bahréin, que fue el primer Estado del Golfo en adoptar medidas encaminadas a modificar el sistema kafala, pese a que estas no han originado aún su abolición. “En 2009, Bahréin permitió que los trabajadores migrantes pudieran cambiar de empleo sin el permiso del kafeel —explica Mohamed—. Sin embargo, esa medida se modificó en 2011 debido a las protestas de los empleadores, que veían disminuir su poder. Desde entonces, se exige que las personas migrantes trabajen al menos un año antes de permitirles ejercer su derecho al cambio de empleo”.
En 2017, Bahréin lanzó el programa Flexi-Visa, un permiso bianual renovable que permite a los trabajadores trabajar de manera autónoma en empleos no especializados, desvinculando su situación migratoria de la voluntad de un posible kafeel. Sin embargo, esta medida excluye a las empleadas domésticas o a quienes hayan dejado su empleo anterior. El alto coste para adquirir esta visa es otro gran obstáculo, aunque como consecuencia de la COVID-19 el país ha reducido las tarifas de 961 a 376 euros. “Sin embargo, esta reforma es insuficiente y Bahréin no cumple de momento con el compromiso que suscribió con la OIT de pasar del sistema kafala a un sistema laboral en el que la renovación del permiso de residencia pueda solicitarse al Estado por el trabajador, y no por el empleador”, indica Begum.
Omán, país en el que al menos el 50% de la población son migrantes atados a este sistema, ha hecho pública su intención de adoptar medidas en enero de 2021 en la línea de las aprobadas en Catar.
Las caras del sistema kafala
En Arabia Saudí, las promesas conviven con la esperanza y el escepticismo. Su política laboral se enmarca en el Plan Visión Saudí 2030, que busca reducir su dependencia del petróleo y de los trabajadores migrantes, más de un tercio del total de la población. El régimen saudí trata de proyectar la imagen de que los cambios van a ser profundos, pero la comunidad internacional sigue teniendo sus reservas. En Naciones Unidas, Riad no ha conseguido los votos necesarios para sentarse en el Consejo de Derechos Humanos.
Además de la dimensión legal y social que caracterizan al sistema kafala, el racismo, la discriminación por razón de género o no hablar la lengua nativa suponen obstáculos adicionales que afrontan diariamente las personas migrantes.
“El sistema kafala —señala Mohamed— otorga un poder desigual a los empleadores, que muchos de ellos pueden usar y usan indebidamente”. Las redes de apoyo o las embajadas de países emisores no logran paliar la falta de información sobre las condiciones laborales, que puede ser insuficiente, engañosa o pensada principalmente para los empleadores.
Frente a estas denuncias, Arabia Saudí ha hecho anuncios que finalmente no han tenido el impacto que los migrantes anhelaban. Aunque en 2013 se declaró que los kafeel no tendrían la opción de denunciar a los trabajadores como “huroob”, lo cierto es que este término sigue vigente en el país. Otro momento clave ha sido la reforma judicial de 2018 que prometía el acceso de los trabajadores migrantes a tribunales laborales. Pero, incluso cuando los casos llegan a dependencias judiciales, los trabajadores temen que no se celebre un juicio con todas las garantías.
El último anuncio del reino saudí se produjo el 4 de noviembre, cuando hizo públicas sus intenciones de eliminar en marzo de 2021 la obligatoriedad de recabar el permiso de los empleadores para que los trabajadores puedan cambiar de empleo o salir del país. De implementarse, esta reforma afectaría a más de 10,5 millones de trabajadores extranjeros, un 30% de la población del país. Las empleadas domésticas, sin embargo, seguirán rigiéndose por las esclavistas reglas del sistema kafala.
En Kuwait, el número de trabajadores extranjeros supera el 70% del total de la población, un porcentaje que el Gobierno se ha propuesto reducir.
“A pesar de las reformas recientes, los trabajadores migrantes no cuentan con protecciones legales adecuadas, en parte debido al sistema kafala”, denuncia HRW. No se les permite irse o cambiar de trabajo sin el consentimiento de su empleador y siguen siendo vulnerables al abuso, el trabajo forzoso o la deportación por infracciones leves. En el primer trimestre de este año se han registrado en Kuwait 40 casos de suicidio, principalmente entre expatriados asiáticos como consecuencia de la crisis de la COVID-19, que ha supuesto un duro golpe a las ya de por sí precarias situaciones de muchas de estas personas.
“Las multinacionales que llegan a estos países pueden beneficiarse de una u otra manera de la explotación del sistema kafala. Aunque estas no cometan directamente el abuso, en la cadena de suministros o en la contratación, muchas subcontratan trabajadores, que pueden ser víctimas de abusos”.
En Emiratos Árabes Unidos (EAU), el número de trabajadores extranjeros supera el 89% de la población, según la ONU. Desde su constitución en 1971, EAU ha visto aumentar su peso internacional, siendo Dubai el anfitrión de la exposición universal Expo 2020, pospuesta por la COVID-19 y objeto de polémica por las “condiciones inseguras y potencialmente fatales” que sufrieron sus trabajadores. La organización The Commonwealth Human Rights Initiative (CHRI) apunta que al menos 24.570 trabajadores indios murieron en los Países del Golfo entre 2012 y mediados de 2018.
Las reformas implementadas en 2016 han permitido que cambiar de empleador sea más fácil, aunque hay que diferenciar la situación de las profesiones altamente cualificadas de las clasificadas como de menor nivel. No obstante, perviven normas que siguen dando un gran control a los empleadores, como la indemnización de hasta 45 días de salario que se exige a los trabajadores por dejar el empleo antes de los seis meses de servicio. Además, la mano de obra del sector agrícola y doméstico ha quedado fuera del ámbito de estas modificaciones.
Tiempos de pandemia y protestas
A una situación de por sí difícil, se suman las consecuencias de la COVID-19. “Las restricciones del sistema kafala y las políticas de marginación han empeorado la situación de muchos migrantes durante la pandemia, que fueron en gran medida excluidos de las respuestas políticas”, explica Mohamed.
Hay que tener en cuenta, como destacan en Kafa, el contexto económico que acompaña a la emergencia sanitaria: Líbano, por ejemplo, ha sufrido una severa regresión e inflación. “Muchos empleadores fueron despedidos y, por tanto, ya no podían pagar a los trabajadores. La mayoría de los trabajadores no remunerados que querían dejar su empleo no pudieron por el cierre del aeropuerto —explica Al Andary—. Cuando había vuelos, ni los trabajadores ni los empleadores podían afrontar los desorbitados gastos. Incluso algunos patrocinadores dejaron a sus empleadas domésticas frente a las embajadas o en la calle. Muchos trabajadores no han encontrado trabajo y afrontan dificultades para satisfacer necesidades básicas como alimentación, higiene o un techo”.
“La comunidad internacional tiene la responsabilidad de ayudar a esos trabajadores con el regreso voluntario a sus países, ya que están atrapados aquí sin solución”, apunta esta experta.
Mientras estos Estados anuncian reformas para suavizar el sistema kafala, asociaciones como la Alianza de trabajadoras domésticas migrantes en el Líbano y las organizaciones internacionales luchan para abolir esta estructura normativa de esclavitud moderna.
“Algunos Estados del Golfo prohíben los sindicatos, no tienen derecho a huelga y no tienen libertad de expresión, lo que dificulta la defensa de los derechos de los trabajadores migrantes —apunta Begum—. Disentir no está permitido: no encontrarás a una persona en EAU que se atreva a designarse como activista”. En Líbano, Kuwait o Catar, países que tienen legislaciones menos restrictivas, se han producido manifestaciones en los últimos años reclamando la abolición del sistema kafala.
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