Una revisión de las inversiones españolas en Defensa en el siglo XXI.

 

Es vox populi que el ministerio de Defensa español está quebrado: las inversiones para modernizar las Fuerzas Armadas planificadas entre 1997 y 2004 (los famosos 19 Programas Especiales de Armamento –PEAs–, que incluían los tanques Leopard y Pizarro, los aviones Eurofighter 2000 y A400M, los helicópteros Tigre y NH90, los submarinos S80 y las fragatas F-100) han comprometido al Ministerio español a pagos de 33.000-36.000 millones de euros desde 2011 hasta 2025 a razón de 1.500-2.500 millones anuales.

Así, “en este año 2012 debemos hacer frente a un compromiso de pago respecto a los PEAs de 2.370 millones de euros”, afirmaba Pedro Argüelles, Secretario de Estado de Defensa, ante la comisión correspondiente el 17 de abril de 2012. Sin embargo, sólo 5 millones de euros se han consignado para tal fin en los actuales presupuestos generales, otorgando a este Ministerio el dudoso honor de ser, junto con Bankia, uno de los dos gorilas blancos de la arruinada economía española.

 

AFP/Getty Image
Desfile militar del Día de las Fuerzas Armadas, en Madrid.

 

 

Los polvos de estos lodos

El problema es añejo: entre 1997 y 2004 Defensa decidió modernizar sus equipamientos proponiendo que, debido a sus limitaciones presupuestarias, el ministerio de Industria prestase 14.000 millones de euros al sector industrial militar (EADS-CASA, Navantia, Santa Bárbara) para el diseño y ejecución de los 19 PEAs. Defensa, por su parte, se comprometía a pagar el precio final de estos programas de modernización (estimado inicialmente en unos 27.000 millones de euros) desde 2011 a 2025.

Los contratos firmados se consideraron “abiertos”: con un precio final por determinar que aseguraría cierto beneficio a las empresas y cubriría los “gastos incurridos” por éstas. No obstante, la carencia de capacidades económico-financieras y de auditoría del Ministerio y cierto desinterés de éste por el control burocrático-administrativo de tamañas inversiones hacían brillar por su ausencia una correcta supervisión de la evolución de estos macroproyectos, dejando una relación de poder cliente-suministrador fuertemente escorada a favor de este último.

Finalmente, el espejismo de la correcta realización de tales programas desapareció en octubre de 2010 cuando el anterior Secretario de Estado, Constantino Méndez, compareció ante la Comisión de Defensa para anunciar que el coste final de los 19 PEAs rondaría los 33.000-36.000 millones de euros, que los pagos serían de más de 2.000 millones al año y que habrían de comenzar en 2011. Con la que estaba cayendo.

 

Cazando tigres siberianos en La Mancha

Pero lo que llamó poderosamente la atención de su comparecencia no fue tanto el escandaloso coste de los sistemas de armamento o el sistema de pago a futuro (que también), ni la falta de supervisión ni de control sobre los gastos asociados que implicaron sobrecostes de 9.000 millones (que también), ni la falta de planificación de los costes de mantenimiento (que también) sino que: “No deberíamos haber adquirido sistemas [de armas] que no vamos a utilizar para escenarios de confrontación que no existen”, afirmaba Constantino Méndez.

Imagen ampliada

Así, lo más llamativo de este turbio proyecto es el significativo desfase entre lo que se adquirió y las necesidades de seguridad y defensa actuales de España. De manera muy tangencial, sólo en la primera de las nueve amenazas identificadas (véase tabla de la izquierda), conflictos armados y disuasión en Ceuta y Melilla, por la Estrategia Española de Seguridad (EES) se podría razonablemente argumentar que los medios son apropiados a los fines.

De este modo, los caros sistemas de armamento convencionales pueden ser utilizados en conflictos armados, pero resulta sin embargo difícil imaginar cómo participarían demanera efectiva en una respuesta a los peligros que entrañan el ciberterrorismo, la seguridad energética, el crimen organizado, la inestabilidad económico-financiera, las catástrofes naturales asociadas al cambio climático, la proliferación de armas de destrucción masiva y el terrorismo nacido de ideologías radicales.

En otras palabras, aunque sí se han realizado inversiones (menores) conducentes a protegernos de estas amenazas no convencionales (creación del Centro Criptológico Nacional y de los Equipos de Respuesta ante Incidentes de Seguridad, CCN-CERT, del Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, etcétera.), la parte de gasto militar de los últimos años y de los próximos treinta estará dedicada a defendernos de una invasión terrestre soviética, de un ataque napoleónico por los Pirineos o de un desembarco británico en Finisterre.

El caso más sangrante por su absoluta y total discordancia con las realidades de hoy es el del programa de adquisición de tanques Leopard por 2.390 millones de euros. Un observador independiente podría preguntarse inocentemente a qué amenaza se dirigen la compra de caros vehículos de combate. El dar una respuesta coherente se complicaría todavía más al añadir que este carro pesa 55 toneladas y nuestro avión de transporte por excelencia, el A400M, no puede cargar más de 37: si en palabras de los analistas del sector “todo lo que no es proyectable es un gasto para el ciudadano”, los tanques Leopard, de nuevo, son los equivalentes a los aeropuertos vacíos en esta España post-burbuja.

¿Este desfase entre los PEAs y las amenazas a la seguridad española existían entre 1997 y 2002, años en los que se lanzaron estos proyectos? Lo cierto es que la discrepancia entre medios y fines hace una década era ya notable. Eran los años de “El Fin de la Historia” de Fukuyama, cuando gran parte de los analistas consideraban imposible un enfrentamiento convencional a gran escala en Europa y eran otras amenazas heterodoxas en su naturaleza (como el terrorismo, las migraciones incontroladas y los problemas medioambientales) junto a las consecuencias de los conflictos bélicos en los Balcanes (crimen organizado transnacional e intervenciones multilaterales) los grandes problemas de seguridad del Estado español. Nada, por tanto, que justificase ayer ni justifique hoy la sobredimensión e hipertrofia de los sistemas de armamento convencional que adquirimos.

 

¿Cómo se habría hecho de haberse hecho bien?

La Estrategia Británica de Seguridad Nacional (EBSN) de 2010 establecía las siguientes cuatro principales amenazas del Reino Unido: crisis militares internacionales a la Libia, ciberseguridad, catástrofes naturales provocadas por el cambio climático y el terrorismo internacional.

Como documento asociado a esta EBSN siguió la redacción de la Revisión de Seguridad y Defensa Estratégica en la que se materializaban las grandes líneas estratégicas recogidas en el primer documento. Es decir, se comenzaban a articular decisiones de efectos inmediatos que conjugaban medios y fines. Y si no era ya de temer, por ejemplo, una invasión por mar de las islas británicas, sería entonces posible desmantelar dos buques de apoyo (RFA Largs Bay, RFA Fort George) y un portaviones en activo (HMS Ark Royal) a la par que se aplazaba la entrega de otros dos portaviones ya contratados (los clase Elizabeth Príncipe de Gales y Reina Isabel). También los Ejércitos británicos de Aire y de Tierra vieron ajustados sus medios al nuevo escenario geopolítico: se eliminaron las fragatas tipo 22, el sistema de vigilancia marítima Nimrod MRA4 y los aviones de despegue vertical Harrier.

En definitiva, un ejemplo de ajuste sensato entre fines, protegerse de las amenazas, y medios, los sistemas de armamento.

 

Buscando responsables

Se dice que ante problemas multidimensionales y complejos siempre hay una solución sencilla y directa… que suele ser la errónea. Reconocer por tanto la dificultad del problema nos acerca a identificar el espectro de acciones que pueden ayudar a reconducir la situación.

Una de las dos dinámicas más importantes a modificar sería la manifiesta reticencia del aparato burocrático-administrativo-militar del Ministerio a evolucionar su concepto de Defensa hacia una nueva visión holística de Seguridad Nacional, en la que “las amenazas claramente identificables y cuantificables han sido sustituidas por un amplio abanico de riesgos de naturaleza muy diversa y a los que resulta difícil hacer frente con herramientas tradicionales del poder militar”, como señala informe del CESEDEN de 2009. La segunda sería la normal aceptación en España de lo que en japonés se denomina “amakudary”, literalmente, “caídos del cielo”: aquellos burócratas que, a punto de retirarse, aceptan ofertas de empleo muy lucrativas en empresas del sector que se encargaban de regular.

En el sector español de la defensa, estas revolving door (vías de comunicación entre lo público y lo privado) mal entendidas han servido a la industria armamentística para asegurarse contratos gubernamentales que no en todas ocasiones perseguían el interés general. Hay varios ejemplos de amakaduris en Defensa, y es que se considera un premio natural el que veteranos generales y altos funcionarios pasen a las grandes industrias del sector en su última etapa profesional como gran retiro dorado: el actual ministro del departamento, Pedro Morenés, que como Secretario de Estado de Defensa ente 1996 y 2000 creó gran parte del actual problema (firmando el 51% de los PEAs), pasó a trabajar en la parte privada del sector a partir de 2004; el antiguo Jefe del Estado Mayor de la Armada, Sebastián Zaragoza, es ahora asesor comercial en Navantia; y el antiguo Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Carlos Villar, hoy ocupa el puesto de vicepresidente de Estrategia de Negocio en Santa Bárbara Sistemas.

 

Lecciones aprendidas

Muy probablemente, las soluciones inmediatas al actual imbroglio de descomunales dimensiones pasen por la renegociación de la deuda, la cancelación de aquellos programas marginales que no conlleven fuertes multas, la restructuración del calendario de devoluciones, la solicitud de un préstamo privado, un rescate por parte del resto de las Administraciones Públicas y, finalmente, una estrategia exportadora de nuestros excedentes militares a terceros países (Arabia Saudí, dejándonos por el camino cualquier serio compromiso con el respeto por los derechos humanos).

Pero lo anterior supondría un tratamiento de los síntomas (la inasumible deuda del ministerio de Defensa), pero no de la enfermedad: la falta de control y transparencia en la actuación de este departamento ha permitido la captura de su política de compra militar por terceras partes, obstaculiza una mayor supervisión sobre el departamento e impide la postmodernización del Ministerio a través de  la evolución de su concepto de defensa hacia el de seguridad.

En resumen, no queda otra que cumplir con los compromisos de esta disparatada deuda, pero debería hacerse sentando las bases para que tamaño descalabro político y económico jamás volviera a suceder. Los pisos vacios de Seseña, los aeropuertos fantasma de Castellón y Ciudad Real y el desfile de tanques Leopard el día de las Fuerzas Armadas, al mirarnos con socarronería, deben recordarnos tal obligación.

 

Artículos relacionados