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La denominada estafa de las pirámides ha vuelto a sacudir un país. En esta ocasión le ha tocado el turno a Colombia, donde cientos de miles de personas se han visto afectadas por empresas fraudulentas. La cuestión ahora es en qué desembocarán las masivas protestas, el estado de emergencia decretado por el Gobierno y el posible coste político para Uribe, quien todavía no ha anunciado si se presentará a las elecciones de 2010.
Llevados por falsas promesas de rápidas y jugosas ganancias, en un tiempo extraordinariamente corto y sin mayores esfuerzos, centenares de miles de colombianos de bajos, medios o altos ingresos fueron inducidos por empresas de papel, o con apariencia legal, a comprometer millones de dólares de sus ahorros y patrimonios en las llamadas pirámides.
Los intereses de entre el 100% y el 300%, en la mayoría de los casos disfrazados o camuflados en varias alternativas de inversión, fueron el gancho para que más de un centenar de empresas involucradas en el negocio de la captación ilegal de dinero afectara a, por lo menos, dos millones de personas. Convencidos de una inversión segura y altamente rentable vendieron casas, fincas y hasta bienes semovientes o acudieron a créditos bancarios para entrar en el juego que, como era previsible y se había advertido tiempo atrás, no era sostenible.
Las pirámides se colapsaron y quienes invirtieron en ellas han perdido, según cifras preliminares de la Fiscalía General colombiana, cerca de mil millones de dólares (unos 771.000 millones de euros), suma que podría ser muchísimo mayor a medida que se vayan destapando, como está ocurriendo, nuevos y sorprendentes casos.
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