• Columbia Journal of Transnational Law,
    vol. 42, nº 2,
    enero 2004, Nueva York


 

En mayo de 2003, un grupo de iraquíes y jordanos pretendió demandar
al general estadounidense Tommy Franks ante un tribunal belga por violaciones
de los derechos humanos cometidas durante la reciente guerra de Irak. Eligieron
Bélgica porque en 1993 había promulgado un estatuto de jurisdicción
universal que otorgaba a los tribunales de ese país competencia para
determinados casos relativos a los derechos humanos, con independencia de dónde
hubiera tenido lugar el presunto abuso o de la nacionalidad de los implicados.
Bajo la presión de EE UU, Bélgica anuló el pleito un mes
después y alteró la ley para que afectara sólo a aquellos
casos vinculados al país.

La marcha atrás de Bélgica no aplaca a quienes se muestran críticos
con el nuevo alcance de la legislación penal y condenan lo que consideran
un desequilibrio creciente entre poder y ley. El ámbito de la legislación
internacional está siendo ocupado por nuevos actores: desde el juez español
Baltasar Garzón, humillando al ex dictador chileno Augusto Pinochet al
pretender su extradición por su violación de derechos humanos,
hasta los juristas de la nueva Corte Penal Internacional (CPI). Las dudas acerca
de este tipo de incursiones en el ámbito legal han disparado una reacción
violenta contra la excesiva diligencia de la justicia penal internacional. Sorprendentemente,
esa reacción se ha visto reforzada por una decisión del Tribunal
Internacional de Justicia (TIJ), el principal organismo judicial de Naciones
Unidas. En 2002, el TIJ dictaminó que Bélgica debía retirar
una orden de arresto que había emitido contra el entonces ministro de
Asuntos Exteriores del Congo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi, acusado de haber incitado
las masacres contra los tutsis en la República Democrática del
Congo en 1998. El TIJ decidió ...