Miles de personas asisten a la manifestación 'Nos quedamos en la UE' en la plaza principal de Cracovia, Polonia. (Beata Zawrzel via Getty Images)

¿Qué posibles consecuencias podría acarrear la actual situación política en Polonia sobre la UE, el resto de países de Visegrado y aquellos que coquetean con la extrema derecha?

El Tribunal Constitucional polaco volvió a ponerse frente a Bruselas. El pasado 8 de octubre dictó sentencia en la causa interpuesta por su primer ministro Mateusz Morawiecki sobre la legalidad constitucional de la primacía del derecho de la Unión Europea basado en los artículos 1 y 19 de los Tratados sobre el ordenamiento polaco. Este ha sido el titular con el que abrió la mayor parte de la prensa europea nada más conocerse el fallo. Inmediatamente, se ha puesto de moda. Se ha comenzado a hablar de Polexit desde una Europa que todavía continúa en estado de shock tras la salida británica, aunque más bien cabría hablar del mayor reto jurídico al que se enfrenta la UE desde su creación. Es, si cabe, una situación mucho más comprometida que el Brexit, puesto que se trata de una auténtica revolución legal a la política interna de la Unión que atenta contra uno de los pilares esenciales del proyecto europeo.

Las relaciones entre Varsovia y Bruselas han ido deteriorándose desde el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho en Polonia puesto en marcha por el partido Ley y Justicia (PiS). Primero a través de una reforma del poder judicial que perdía toda su autonomía frente al ejecutivo, más adelante a través de la aprobación de leyes que atentaban contra las libertades de las minorías sexuales en el país. La Comisión abrió entonces varios procedimientos de infracción y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en 2019, indicó cuáles debían ser los requisitos de la independencia judicial, dejando claro que Polonia no los cumplía. Entonces el gobierno polaco rechazó esta sentencia por considerarla una interferencia en la soberanía del país y aprobó una ley que prohibía a los jueces aplicar la sentencia del TJUE, una clara vulneración del artículo 19. También el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se manifestó en esta misma dirección en la primavera de 2021. Las respuestas de Varsovia, lejos de intentar acercar posiciones, se han mostrado arrogantes y retadoras.

De nuevo, en julio de 2021, la Comisión advirtió a Polonia sobre esta cuestión poniendo encima la mesa la posibilidad de congelar la llegada de los fondos de recuperación al país si no se ajustaba a lo establecido por el TJUE. La respuesta polaca ha sido la de mantener el órdago, tal y como se ha podido comprobar tras las últimas declaraciones del Tribunal Constitucional polaco. Lo paradójico de toda esta situación tiene que ver con la gran dependencia que tiene Polonia y Ley y Justicia de los fondos procedentes de la Unión. Sin ellos, es muy poco probable que el partido gobernante hubiera podido permanecer en el poder y mantener los niveles de apoyo ciudadano que ...