¿Qué posibles consecuencias podría acarrear la actual situación política en Polonia sobre la UE, el resto de países de Visegrado y aquellos que coquetean con la extrema derecha?
El Tribunal Constitucional polaco volvió a ponerse frente a Bruselas. El pasado 8 de octubre dictó sentencia en la causa interpuesta por su primer ministro Mateusz Morawiecki sobre la legalidad constitucional de la primacía del derecho de la Unión Europea basado en los artículos 1 y 19 de los Tratados sobre el ordenamiento polaco. Este ha sido el titular con el que abrió la mayor parte de la prensa europea nada más conocerse el fallo. Inmediatamente, se ha puesto de moda. Se ha comenzado a hablar de Polexit desde una Europa que todavía continúa en estado de shock tras la salida británica, aunque más bien cabría hablar del mayor reto jurídico al que se enfrenta la UE desde su creación. Es, si cabe, una situación mucho más comprometida que el Brexit, puesto que se trata de una auténtica revolución legal a la política interna de la Unión que atenta contra uno de los pilares esenciales del proyecto europeo.
Las relaciones entre Varsovia y Bruselas han ido deteriorándose desde el desmantelamiento sistemático del Estado de derecho en Polonia puesto en marcha por el partido Ley y Justicia (PiS). Primero a través de una reforma del poder judicial que perdía toda su autonomía frente al ejecutivo, más adelante a través de la aprobación de leyes que atentaban contra las libertades de las minorías sexuales en el país. La Comisión abrió entonces varios procedimientos de infracción y el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), en 2019, indicó cuáles debían ser los requisitos de la independencia judicial, dejando claro que Polonia no los cumplía. Entonces el gobierno polaco rechazó esta sentencia por considerarla una interferencia en la soberanía del país y aprobó una ley que prohibía a los jueces aplicar la sentencia del TJUE, una clara vulneración del artículo 19. También el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se manifestó en esta misma dirección en la primavera de 2021. Las respuestas de Varsovia, lejos de intentar acercar posiciones, se han mostrado arrogantes y retadoras.
De nuevo, en julio de 2021, la Comisión advirtió a Polonia sobre esta cuestión poniendo encima la mesa la posibilidad de congelar la llegada de los fondos de recuperación al país si no se ajustaba a lo establecido por el TJUE. La respuesta polaca ha sido la de mantener el órdago, tal y como se ha podido comprobar tras las últimas declaraciones del Tribunal Constitucional polaco. Lo paradójico de toda esta situación tiene que ver con la gran dependencia que tiene Polonia y Ley y Justicia de los fondos procedentes de la Unión. Sin ellos, es muy poco probable que el partido gobernante hubiera podido permanecer en el poder y mantener los niveles de apoyo ciudadano que no han bajado del 35% desde el año 2015. Quizás esa sea la razón por la que Polonia y Hungría interpusieron en marzo de 2021 una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE impugnando el mecanismo de condicionalidad, mecanismo que limita el acceso a los fondos de recuperación para aquellos Estados que incumplan el Estado de derecho.
Sea cual sea la resolución del tribunal, lo que es imprescindible realizar una lectura más amplia del órdago polaco e insertarlo en un contexto más extenso. La situación es, por tanto, la de un potencial Polexit jurídico que puede llegar a tener un efecto contagio en otras capitales. De hecho, conviene recordar el manifiesto lanzado por varios líderes de partidos de extrema derecha europeos a principios del mes de julio de 2021. Se trataba de una propuesta para debatir en el marco de la Conferencia sobre el Futuro de la UE, cuyo punto principal era precisamente el de terminar con la supremacía del derecho de la unión sobre las legislaciones nacionales. Firmaban entonces Orban, LePen, Salvini, Meloni o Abascal entre otros. Por tanto, no parece que esta cuestión vaya a ser un hecho aislado. De hecho, Orban no ha dudado en sumarse con alegría a la posición polaca, y Le Pen parece que ha abandonado su apoyo tradicional a la apelación del artículo 50 para salir de la UE. También Salvini sonríe.
La reacción de Bruselas ante este tipo de acciones es analizar y resolver cómo se va a responder ante ellos. No hay una sola opinión al respecto y, de hecho, Merkel se ha posicionado a favor de negociar en lugar de sancionar a Polonia. Otros abogan por una mayor contundencia. Lo que parece cierto es que la UE se puede estar enfrentando, en el medio plazo a una rebelión jurídica interna potencial. La congelación de la llegada de los fondos de recuperación, la aplicación del mecanismo de Estado de derecho o incluso una medida más radical como el cierre al mercado único son algunas de las opciones que se están manejando y que podrían ser letales, de ponerse en práctica, para algunos que persisten en su rebelión, como los regímenes de Orban y Morawiecki.
Sería conveniente, sin embargo, que no se perdieran de vista varias cuestiones no menores en el corto y medio plazo. En primer lugar, el fuerte apoyo que tiene el proyecto europeo por parte de la ciudadanía polaca superior al 80%. Las espectaculares manifestaciones que han tenido lugar a lo largo y ancho de Polonia como consecuencia de este episodio han sido las más numerosas del ciclo de protesta que se inició en este país como consecuencia de la reforma de la ley del aborto que sacó a las calles a centenares de miles de mujeres en el otoño de 2020.
En segundo lugar, la pérdida progresiva de apoyo electoral del Partido Ley y Justicia, que según los sondeos se encontraría en el 37%, 10 puntos en tan solo un año. Según una encuesta publicada a finales de septiembre por la empresa Social Changes, la distancia electoral que le separa de la principal fuerza opositora, la Coalición Cívica conservadora liderada por Donald Tusk y conformada por Plataforma Cívica los liberales de Nowoczesna y gentes procedentes de diversos gobiernos locales, se encuentra todavía a diez puntos de distancia (27%); el movimiento Polonia 2050 conseguiría el 16% y el partido de la izquierda Lewica obtendría el 8%. Con estos datos sobre la mesa, y con todas las reservas dado que las elecciones no están previstas hasta el año 2023, una posible alianza electoral compuesta por varios partidos opositores podría desbancar al partido hegemónico en el país desde 2015, Ley y Justicia.
La creación de estas plataformas de unidad frente a los partidos que ahora ostentan el poder en países como Hungría, Polonia o la República Checa es la única opción con la que cuentan las agrupaciones políticas de la oposición para conquistar el poder y poner nuevas caras en los gobiernos de los países de Visegrado. Por el momento, en la República Checa esta estrategia ha funcionado con la salida del primer ministro, Andrej Babiš, del poder. En Hungría, la plataforma opositora ya cuenta con un nuevo líder que en las últimas encuestas adelanta a Orbán. Sin embargo, todavía es pronto para aventurar pronósticos. Habrá que esperar a ver lo que sucede durante los próximos meses.
