Las razones de la salida del partido político húngaro Fidesz del Grupo Parlamentario Popular Europeo y las consecuencias en tres posibles escenarios.
Como tipo orgulloso que es, Viktor Orban, el primer ministro de Hungría, ha optado por irse del Grupo Popular Europeo antes de que lo echen. No se podía esperar otra cosa del líder húngaro que siempre se ha caracterizado por la rotundidad de sus decisiones. Y, precisamente por eso, no parece que vaya a haber marcha atrás en esta ocasión. Orban y su formación política Fidesz salen del grupo parlamentario, y no habrá que esperar demasiado para ver cómo hacen lo propio del Partido Popular Europeo.
Varias son las cuestiones que conviene conocer sobre este acontecimiento que, sin duda, marca un antes y un después en la política de una de las familias políticas más importantes de la construcción europea. La primera de ellas, es cómo se ha llegado a esto. La segunda, cuáles serán las consecuencias.
Cómo hemos llegado a esta situación
Fidesz nació en 1988 como un partido que se oponía al régimen socialista. Era un movimiento que se caracterizaba por su anticomunismo y por la defensa de valores democráticos. Para ser miembro de Fidesz (Alianza de los Jóvenes Demócratas) era requisito imprescindible no tener más de 35 años. Con ello se intentaba dar una imagen fresca y alternativa a un régimen en decadencia. De hecho en 1989 llegaría a recibir el Premio Rafto, premio otorgado por la defensa de los derechos humanos.
Treinta y dos años más tarde Fidesz ha realizado una travesía que le ha llevado desde el liberalismo hacia posiciones cada vez más conservadoras y carpetovetónicas. Esta evolución ha ido acompañada de una deriva autoritaria definida por el propio Orban, uno de los fundadores del partido, como iliberal ya en 2014 y, posteriormente, en 2018, cuando tras ser reelegido, proclamó el fin de las democracias liberales.
Si en su primer mandato, entre 1998 y 2002, Orban, siempre provocador, lanzaba la Ley de Estatus que reivindicaba los derechos de los húngaros residentes en el exterior; en su segundo mandato (2010-2014), puso en marcha una reforma constitucional, que iría acompañada de una nueva ley de medios de comunicación y una nueva ley electoral lo que le aseguraría potencialmente un control total del Estado, o lo que se ha dado en llamar "captura del Estado". La reforma del Tribunal Constitucional fue el siguiente paso lógico en su estrategia de control de los poderes estatales.
Entonces hubo críticas sí, pero tímidas y desde grupos políticos contrarios al Partido Popular Europeo. La Comisión, entonces, no atendió a los recortes en materia de derechos fundamentales que estaban produciéndose en el marco constitucional húngaro y el Partido Popular Europeo defendió la reforma constitucional sobre la base de la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales en el texto.
Luego vino el conflicto en torno a la Central European University, el cierre de los programas de género de las universidades, así como la clausura de aquellos medios, especialmente digitales, que hacían algún tipo de oposición al régimen. Entonces tampoco se hizo nada sustantivo ni desde la Comisión ni desde la familia popular. La aplicación del artículo 7 fue descartada, y tampoco se puso en marcha el marco normativo relativo a la protección del estado de Derecho en vigor desde 2014 estableciendo agravios comparativos con el caso del partido Justicia y Libertad polaco.
Las razones de la inacción por parte del Partido Popular Europeo, y del Presidente de la Comisión entonces, Jean-Claude Juncker, se sostenían sobre cuestiones de estrategia política. No estaban dispuestos a perder la mayoría relativa en el Parlamento Europeo, ya que entonces contaban con 216 eurodiputados. Además, tener a Orban a su favor en el Consejo Europeo les aseguraba una cómoda mayoría frente a socialistas y liberales.
¿Por qué ahora?
El 3 de marzo de 2021 los eurodiputados del Grupo Parlamentario Popular Europeo (GPPE) votaron por mayoría, 148 votos a favor, 28 en contra y cuatro abstenciones, la aprobación que les dotaba de un nuevo reglamento interno mediante el que se incorporaba la opción de suspender a alguna de las delegaciones políticas. En la práctica esto impediría a la delegación sancionada la participación en actividades parlamentarias, la intervención en los plenos o entrar en procesos de negociación legislativa. De esta forma el GPPE se blinda frente acusaciones de ser demasiado laxo con aquellos gobiernos que no se ajustan al respeto del estado de Derecho. Esta maniobra fue percibida por Orban como un movimiento contra Fidesz, delegación sobre la que pesaba una suspensión (no dotada de contenido hasta ahora) y decidió presentar la dimisión de sus diputados y su salida del PPE, antes de que lo echaran por incumplimiento de la norma.
Fidesz ya tenía vigente una suspensión desde 2019 y era analizado muy de cerca por un comité de sabios, compuesto por Van Rompuy, Hans-Gërt Pöttering y Wolfgang Schussel, que debían tomar una decisión al respecto sobre la que no conseguían ponerse de acuerdo.
La cuestión es ¿qué ha cambiado para que desde la dirección del PPE se haya decidido ahora dar carta de naturaleza a la salida del partido de Orban? Desde el mes de diciembre ya se habían detectado movimientos en esa dirección, si bien las divisiones internas dentro del grupo no conseguían ponerse de acuerdo. De un lado los populares nórdicos, belgas y holandeses que abogaban por la salida de Fidesz, de otro, potentes delegaciones como la francesa, la española, la alemana y la italiana, las más relevantes. Tanto Mariano Rajoy como Pablo Casado siempre arroparon a Orban, de esta forma le agradecían el apoyo prestado en los momentos más duros del procés catalán.
Hasta ahora existía el temor a que Fidesz siguiera los pasos que antaño siguieron los conservadores británicos, con David Cameron a la cabeza, hacia posiciones más eurocríticas que eventualmente podrían haber favorecido las posiciones a favor del Brexit. Además, algunos de sus defensores argumentaban que no se podía perder la presencia de uno de los partidos más exitosos de su grupo.
Sea como fuere, muy probablemente lo que haya llevado a que ahora se haya dado el paso de aprobar un nuevo reglamento interno en el grupo popular que, a ojos de Orban, era incompatible con su partido, fueron las posiciones inamovibles que tanto el Gobierno húngaro como el polaco mantuvieron durante la última fase de la aprobación del fondo de recuperación. Ese fue el momento en que se dieron cuenta de la extrema necesidad de ser estrictos en relación con las cuestiones relativas al respeto del estado de Derecho.
A lo anterior hay que sumar las medidas que han ido adoptándose contra los colectivos LGTB en Hungría en el mes de diciembre mediante las que se prohibía a las parejas del mismo sexo la adopción, quedando esta restringida a las parejas casadas, y todo esto sucedía apenas unos días más tarde de llegar a un acuerdo en relación con el mecanismo del estado de Derecho. Todo ello junto con lo que se venía arrastrando en el ámbito de la independencia del poder judicial o la libertad de prensa, entre otras cuestiones, que tienen dañado estructuralmente el estado de Derecho y la democracia liberal en Hungría.
Este conjunto de actuaciones ha hecho que de manera definitiva se haya alcanzado una mayoría suficiente como para forzar la salida de Orban del Grupo Popular Europeo primero, y del Partido Popular Europeo quince días más tarde.
A partir de aquí, ¿qué?
A partir de ahora se abren muchas incógnitas sobre cuáles serán los pasos que dará Fidesz. Parece evidente que quedarse en el grupo de los no adscritos no es una opción, ya que esto le dejaría sin visibilidad y sin ingresos, y en compañía de los independentistas catalanes y el Movimiento Cinco Estrellas.
Otra opción sería su adscripción a alguno de los grupos del Parlamento Europeo ya constituidos, probablemente el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, junto con sus colegas polacos del Partido Ley y Justicia (PiS), los españoles de Vox o los Demócratas Suecos; o en el Grupo Identidad y Democracia, en compañía de la Lega de Matteo Salvini. Elegir entre uno y otro podría ser complicado, ya que Orban mantiene excelentes relaciones tanto con el PiS como con la Lega y con sus respectivos líderes.
Y así llega la tercera posibilidad para Orban, la creación de un nuevo grupo político europeo que aúne a partidos situados en distintas opciones ideológicas, pero que tienen mucho en común. De hecho, Fidesz ya ha comenzado las negociaciones en este sentido y se ha puesto en contacto con eurodiputados italianos y polacos para trabajar en este sentido. El objetivo sería la creación de una nueva corriente ideológica en Europa que, según el líder húngaro, no está representada como debería en el Parlamento Europeo. Una corriente que defendiera los valores cristianos, la soberanía nacional y la defensa de la nacionalidad en Europa frente al multiculturalismo y las migraciones.
Algunos de los temores expresados por algunos miembros del PPE podrían confirmarse si, efectivamente, este movimiento cuajara. Para ello sería necesario contar con un mínimo de 25 diputados de, al menos, una cuarta parte de los Estados Miembros, siete. No parece una idea descabellada pensar que una alianza entre Fidesz, Partido Ley y Justicia, la Lega, Vox, Demócratas Suecos, el Partido Demócrata Esloveno de Jansa, actualmente el GPP, pudieran dar forma a esa nueva derecha que pretende construir Orban.
Si esto fuera así, el proceso de polarización al que estaría abocada la política europea no tendría precedentes. Y no sólo eso, no es imposible que algunas delegaciones del Grupo Popular pudieran pensar en sumarse también a Orban y su nueva derecha populista, pensemos en las posiciones eslovenas, croatas o austríacas. Toca esperar y ver, pero puede llegar a suceder que una de las principales familias ideológicas, la demócrata cristiana, dejara de ser el grupo mayoritario en el Parlamento Europeo como consecuencia de las fugas que pudiesen llegar a materializarse. Y eso sí, supondría la ruptura total del marco político-ideológico sobre el que se comenzó a construir el proyecto europeo.
