Calificar al país como patrocinador del terrorismo es una acción contraproducente.

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Cada primavera, el Departamento de Estado de EE UU publica un informe indicando cuáles son los países que considera “Estados patrocinadores del terrorismo”. Actualmente, la lista contiene a Cuba, Irán, Siria y Sudán. Este año, el ascenso de John Kerry al cargo de Secretario de Estado del Gobierno estadounidense generó una discusión sobre la posibilidad de eliminar a Cuba. No obstante, en mayo se anunció que permanecería. Es un serio error.

Los informes del Departamento de Estado emitidos en la última década no proveen ninguna evidencia sustancial para mantener a Cuba en la lista. De hecho, la inclusión se basa en argumentos dudosos. Los documentos alegan que Cuba ha dado tratamiento médico y refugio a grupos terroristas que van desde las FARC de Colombia a la ETA de España. Sin embargo, esos informes no dan cuenta de que en ambos casos los respectivos países han expresado su agradecimiento a la Habana por la cooperación a la hora de recibir a operativos de esas organizaciones sin permitirles participar en actividades terroristas.

Los informes mencionan a algunos fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba, pero no hace referencia a que desde comienzos de 1959 Washington dejó de aplicar el tratado de extradición entre ambos países, concertado en 1904. Cuba ha enviado de vuelta al Norte a la mayoría de los fugitivos estadounidenses y, generalmente, ha reconocido la validez jurídica de los tribunales de EE UU. De modo ocasional, la Habana ha ofrecido asilo a personas consideradas víctimas de “persecución política”, incluida la ex militante de las Panteras Negras Assata Shakur, acusada de haber matado a un patrullero de New Jersey en 1973.

El asilo de Assata Shakur en Cuba tiene precedentes en el Derecho Internacional, así como en las decisiones de las Cortes estadounidenses. No todos los actos de violencia política son equiparables al terrorismo. Este caso es una razón más para negociar diplomáticamente un nuevo tratado bilateral de extradición, pero no es un motivo suficiente para mantener a Cuba en la lista de los países que apoyan el terrorismo. No es una simple coincidencia que los políticos cubano-americanos que demandan el retorno unilateral de ese pequeño grupo de fugitivos estadounidenses sean los mismos que defendieron la concesión de asilo en EE UU a terroristas anticastristas como Luis Posada Carriles –quien en 1976 fue responsable de colocar una bomba que segó 73 vidas (incluyendo el equipo cubano de esgrima) al derribar un avión civil cubano–. Posada vive con libertad en Miami.

El informe del Departamento de Estado de 2012 agrega el tema de la no participación de Cuba en la llamada Fuerza de Tarea de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en ingles) para prevención del financiamiento del terrorismo. El Departamento de Estado reconoce que Cuba ha participado en reuniones regionales como invitado, pero alude a faltas de transparencia en el sistema financiero cubano, que no es miembro de FATF. Aquí habría que puntualizar: primero, FATF no cuenta con más de 34 países miembros y dos organizaciones internacionales, por lo que la no membrecía en el mismo difícilmente califica a un país como terrorista; segundo, la demanda de transparencia al sistema financiero cubano sería legitima y positiva si no fuera acompañada de la persecución sistemática del embargo estadounidense contra transacciones en las que la isla participa, totalmente legales desde el punto de vista del derecho internacional, y tercero, casi inmediatamente después que el informe fuera publicado, quizás como un gesto de buena voluntad, Cuba ha aprobado una nueva regulación, en la que legaliza la persecución de operaciones financieras ligadas al lavado de dinero y el crimen internacional.

Confrontados por este doble rasero y por la falta de pruebas, quienes defienden la permanencia de Cuba en la lista apuntan el caso de Alan Gross, un ciudadano estadounidense que fue arrestado y permanece en prisión por su participación en un programa para el cambio del régimen en la isla, elaborado por la USAID. También argumentan que Cuba viola los derechos humanos y destacan el incremento de detenciones policiales cortas a opositores durante el año pasado.

Pero tales acciones no tienen nada que ver con el mandato legislativo de crear una lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo. Mezclar estas cuestiones alimenta el discurso gubernamental cubano de que la Revolución se encuentra bajo asedio, y en tanto la Isla es víctima de la hostilidad y los dobles raseros de los gobernantes estadounidenses, resulta necesario adoptar medidas de excepción.

La mala utilización de lo que podría ser un instrumento efectivo de política exterior diluye los esfuerzos antiterroristas multilaterales de  EE UU, desviando la atención y los dólares de las verdaderas amenazas. Debilita el argumento a favor de monitorear países como Irán, cuya presencia en la lista se justifica. Simple: incluir a Cuba subvierte la credibilidad de la propia lista, y tiene un efecto corrosivo sobre el liderazgo mundial estadounidense.

Calificar a la isla como Estado terrorista obstaculiza la capacidad de Washington para desarrollar una visión estratégica para la Cuba post-Castro. La lista anima acciones hostiles contra Cuba en tribunales estadounidenses, agravando así los conflictos y bloqueando nuevos intercambios. La isla es un país en transición que lleva a cabo reformas económicas de mercado sin cambiar su sistema unipartidista centralizado. Tal situación necesita de políticas de intercambio completamente distintas de aquellas que se requieren para confrontar una amenaza terrorista.

 

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