Seis años después de las revueltas, el país debe hacer frente a grandes retos y desafíos nacionales e internacionales.
El pasado 17 de noviembre de 2016, Túnez volvió a ser testigo de un hecho histórico y sin parangón en la región. Ese día comenzaron las sesiones públicas de la “Instancia Verdad y Dignidad” (“Instance Vérité et Dignité” -IVD- en francés), el órgano de justicia transicional encargado de dar audiencia, investigar y juzgar los innumerables crímenes y abusos contra los derechos humanos que se produjeron durante los regímenes dictatoriales de Burgiba y Ben Alí. La sociedad tunecina afronta con asombro y valentía este período de enorme sensibilidad, que está siendo ampliamente retransmitido por televisión, radio e incluso por YouTube, (con doblaje en inglés incluido), y que mantiene a la población ilusionada, pero también expectante. Preocupada porque estas sesiones no se conviertan en un mero lavado de cara mediático del pasado dictatorial y realmente sirvan para restablecer la dignidad de decenas de miles de personas que sufrieron una gravísima represión en múltiples aspectos (desapariciones, asesinatos, arrestos arbitrarios, persecución laboral, humillaciones…).
“No persigo venganza, mi problema es con un sistema que me ha torturado. La revolución de 2011 eliminó todos los sentimientos que tenía contra aquellos que me torturaron. Pero quiero asegurarme de que Túnez dé un giro con respecto a su etapa de abusos de derechos humanos”, relataba Sami Brahem, antiguo preso político y uno de los demandantes en este proceso.
La Instancia Verdad y Dignidad
Como todo proceso de justicia transicional, el trabajo que aborda la IVD es sumamente complejo y sensible y puede ser observado desde diversos enfoques. El desarrollo del proceso cuenta con el apoyo (aunque en ciertas ocasiones ambivalente) de Nidaa Tounes, el partido gobernante de ideología liberal y con ciertos vínculos con los regímenes anteriores (su líder, Béji Caïd Essebsi, actual presidente de la República, fue ministro de Relaciones Exteriores durante el régimen de Burgiba y presidente de la Cámara de los Diputados entre 1990 y 1991 durante el régimen de Ben Alí). También cuenta con el apoyo de los islamistas de Ennahda, partido que aprobó la ley orgánica que regula la IVD durante el Gobierno de Alí Laarayedh. Este factor es positivo, aunque algunos antiguos militantes y personas cercanas a ambos partidos pueden estar investigados por la propia IVD, lo que implica que las consideraciones que hagan a este respecto, en tanto pueden afectar a su entorno directo, no sean del todo imparciales según el caso.
Uno de los principales rasgos de la IVD es su enfoque centrado en la víctima (victim–centred) en el que se basa el proceso, buscando restablecer de manera individual los abusos sufridos por las víctimas. Sin embargo, esto puede tener sus consecuencias negativas. Haythem Guesmi, colaborador del afamado portal político Nawaat, alerta sobre los riesgos de aplicar un enfoque exclusivamente individualizado en las víctimas, puesto que puede eximir de responsabilidad a la estructura dictatorial existente en su conjunto. Es decir, no solo se debe perseguir a los agentes de policía o funcionarios que efectuaron las torturas y abusos, sino también a sus superiores y a todo el sistema jurídico-orgánico de la dictadura que permitía y legitimaba que esa violencia estructural se realizara con normalidad.
En cualquier caso, y sin pecar de idealismo, lo cierto es que el mero hecho de que exista una instancia así, con suficientes garantías procedimentales, que cuenta con el relativo apoyo de los principales partidos y con amplia retransmisión mediática de su actividad, es ya una señal positiva con respecto a la normalización democrática tunecina y un gesto importante que busca evidenciar su ruptura con el pasado. A nivel jurídico, en estas sesiones se escuchará el testimonio de 11.000 personas y se investigarán más de 62.000 solicitudes, alguna de las cuales se remontan a 1955.
Avances y retrocesos
Es tristemente paradójico que mientras se desarrolla el proceso de la IVD, al mismo tiempo los homosexuales estén sufriendo una grave represión, a través de abusos y encarcelamientos en virtud del artículo 230 que castiga la sodomía. En ocasiones, se ha llegado al extremo de que la policía, para cerciorarse de la culpabilidad de un sospechoso por este delito, ha llevado a cabo test físicos anales, duramente criticados por la sociedad civil tunecina e internacional, y especialmente por SHAMS, importante organización tunecina a favor de los derechos de este colectivo. Estos abusos y violaciones eran un tipo de tortura muy común en la época de la dictadura y desgraciadamente se siguen practicando a día de hoy. Lo cierto es que gran parte de la sociedad tunecina rechaza la homosexualidad, como ocurre en la mayoría de los países árabes, por lo que este asunto es una cuestión de enorme importancia para poder valorar una posible normalización democrática en Túnez.
Si bien los temas que se discuten en el país cambian, un relativo sentimiento de insatisfacción permanece. Se aprecia la existencia de dos visiones: por un lado, la propia de las élites del país que residen en la capital y en las prósperas zonas costeras, que enaltecen con orgullo el éxito de la Revolución de los Jazmines, y por otra, la de muchos ciudadanos de a pie, en especial, los jóvenes y los residentes de las empobrecidas regiones fronterizas y del interior, que se sienten tremendamente desilusionados porque sus condiciones de vida apenas han cambiado desde la caída de Ben Alí.
La situación económica, en general, muestra señales levemente positivas. El Banco Mundial estima que el crecimiento económico será del 3% en 2017 y del 3,7% en 2018. También se estima que su deuda pública se reduzca ligeramente en estos dos años, así como el déficit fiscal, en parte por una relativa recuperación de turismo. Sin embargo, Túnez sigue siendo incapaz de generar suficientes empleos y de solucionar la grave fractura socio-económica que sufre su territorio.
En Ben Gardane, ciudad cercana a la frontera con Libia que en marzo de 2016 sufrió un intento de ocupación militar por parte de fuerzas de Daesh, centenares de ciudadanos se han manifestado las últimas semanas para exigir el libre tránsito de mercancías con el país vecino, ya que su economía local depende en buena medida de ese ‘comercio atípico’. Estas protestas pronto se extendieron a otras regiones como Sidi Bouzid (ciudad origen de la Revolución), Kasserine y Gafsa. Esta última está siendo un verdadero quebradero de cabeza para los distintos gobernantes tunecinos, ya que el movimiento sindical y ciudadano regional, muy organizado y con una fuerte capacidad de movilización, está cansado de que las promesas de oportunidades laborales no se cumplan. Desde 2011, no hay año en el que no se hayan producido manifestaciones de importancia en Gafsa, una ciudad que se siente orgullosa de sí misma, ya que bajo la dictadura de Ben Alí también ejerció un determinante rol de oposición. El punto de mayor tensión se produjo el pasado 14 de enero de 2017, después de que el presidente Essebsi decidiera visitar la región para aplacar los ánimos y para su sorpresa le recibieran cientos de manifestantes, algunos de los cuales lanzaron piedras y bloquearon carreteras.
El atractivo turístico que atesoran las provincias costeras del norte, así como su dinamismo económico (donde además se encuentran sus principales recursos hídricos), no es representativo del país en su conjunto. Reducir las desigualdades socio-económicas de las zonas del noroeste, centro y sureste de Túnez, a la postre casi la mitad del territorio nacional, es un objetivo estructural que se mantiene pendiente de solución, incluso desde tiempos de Ben Alí.
El nuevo Gobierno de unidad de Youssef Chahed, impulsado por Essebsi, hace lo posible por encarrillar al país, habida cuenta de que su minoría parlamentaria le hace depender de otros partidos, en especial de los islamistas, otrora su principal adversario. Estos, en plena evolución doctrinal hacia el concepto de Democracia Musulmana, se encuentran cómodos en esa inesperada posición de ‘gobernar desde atrás’, que les otorga una imagen de responsabilidad de Estado al mismo tiempo que evitan el desgaste de actuar como gobierno formal, tarea que ceden al débil Nidaa Tounes. Si bien ideológicamente esta unión es cuando menos extraña, lo cierto es que ha sido una de las claves para mantener la estabilidad política y evitar un mayor nivel de polarización social.
El repetido retraso de las elecciones locales y regionales
Las elecciones locales y regionales (las primeras de esta naturaleza desde el inicio democrático) deberían haberse celebrado en octubre de 2016, sin embargo su fecha se ha visto prorrogada en dos ocasiones, y en la actualidad todavía no se ha fijado. Este es uno de los aspectos más criticables, a pesar de las justificaciones que se han esgrimido, ya que puede provocar una pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas, algo especialmente delicado en una democracia tan joven y peculiar como la tunecina. En los últimos años, el respeto a los comicios y a la alternancia pacífica de poder ha ejercido un efecto muy importante como solidificador de la democracia, por lo que este tipo de retrasos deberían ser evitados.
Túnez tiene multitud de retos por resolver, principalmente en materia de seguridad (en concreto con respecto al retorno de los yihadistas voluntarios tunecinos en el extranjero) y socio-económicos. Pero lo que parece determinante es que la mayor parte de los partidos y de la sociedad tunecina respeta el actual marco democrático como principal herramienta para solucionarlos. A pesar de una tendencia inicial negativa, se puede apreciar como la confianza que sienten los ciudadanos hacia la democracia ha ido aumentando progresivamente con los años, según los datos de la cuarta oleada del Arab Barometer sobre la situación democrática de Túnez. Ese optimismo es más relativo en el caso de los jóvenes.
En estos seis años, la sociedad civil, el sindicalismo, los partidos políticos y toda la población tunecina en general ha debatido prácticamente de todos los temas políticos que puedan haber. Ser la mecha de las revueltas que derrocaron a los longevos dictadores de Túnez, Libia y Egipto, su complicado inicio democrático posrevolucionario, la naturaleza de la nueva Constitución que aprobaron, el desarrollo y la alternancia pacífica de los diferentes gobiernos islamista y secular, su lucha contra el terrorismo, el relativo respeto por la democracia y los derechos humanos y los esfuerzos por reactivar la economía nacional, son solo algunos de los muchos asuntos tratados estos años, que han hecho madurar políticamente, de forma profunda y acelerada, a todo el país en su conjunto.
Conscientes de que ya no son solo una referencia regional, sino global, Túnez ya ha superado su primera fase, que podríamos denominar “posrevolucionaria”, con el excelente resultado de haberse convertido en la democracia más avanzada del mundo árabe. El país norafricano afronta ahora su segunda etapa, de diferente naturaleza y similar complejidad, que podríamos calificar de normalización democrática.
