Fotografías recientes de la ciudad meridional de Diyarbakir muestran a jóvenes combatientes con fusiles de asalto, controlando barricadas formadas con sacos de arena y librando sangrientas batallas urbanas. Las imágenes plasman la peligrosa escalada del largo conflicto de Turquía con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), un enfrentamiento que ha matado a más de 30.000 personas desde 1984. Hay muchos factores que han contribuido al brusco aumento de la violencia desde que se interrumpieron las conversaciones de paz en primavera y fracasó el alto el fuego en julio. El movimiento kurdo en Turquía respalda al afiliado sirio del PKK, el Partido de Unión Democrática (PYD), que ha conseguido varias victorias frente a Daesh. Al Gobierno turco le preocupa que la solidaridad kurda a uno y otro lado de la frontera refuerce la demanda de un Estado independiente. Este supuesto peligro ha hecho que Turquía preste menos atención a la lucha contra el Estado Islámico, hasta el punto de que muchos kurdos turcos creen que Ankara apoya al grupo terrorista que, en teoría, es su enemigo común.
En los seis últimos meses, el conflicto ha alcanzado el nivel más violento desde hace dos décadas. Las dos partes saben que no hay solución militar; pero cada una quiere debilitar todo lo posible a la otra mientras esperan a que se aclare el lío sirio. Para evitar que la violencia étnica y sectaria de Oriente Medio se contagie aún más a Turquía, las dos partes deberían poner fin inmediato a la violencia, acordar unas condiciones para el alto el fuego y reanudar las conversaciones de paz. Sin presiones electorales hasta dentro de cuatro años, el nuevo Gobierno del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) debería formular un programa de reformas concretas que tenga en cuenta los derechos que exigen los kurdos -como la descentralización y la enseñanza en su lengua materna- y sobre el que se pueda trabajar en un marco democrático.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
