La justicia internacional pone a funcionar la maquinaria para investigar los crímenes cometidos en Ucrania. ¿Qué otros ejemplos de justicia para las víctimas ha habido desde la Segunda Guerra Mundial?
Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tras la visión de una fosa común con catorce cuerpos de civiles ucranianos en Bucha, señaló que “mi instinto me dice que si esto no es un crimen de guerra, ¿qué es un crimen de guerra?”. Desde que se inició la invasión rusa en Ucrania ciudades como Bucha, Mariupol, Járkov o Irpin son ejemplos de destrucción y escenarios de posibles crímenes de guerra.
Mientras aún continúa la ofensiva y las actividades armadas en la región del Donbás, la justicia internacional pone en marcha su maquinaria para que ninguno de los crímenes cometidos en Ucrania queden impunes. Crímenes como el asesinato de civiles, tratos inhumanos, toma de rehenes, devastación y destrucción de bienes son solo una parte de lo que puede considerarse crímenes de guerra, definidos como violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario. La vulneración de los convenios y normas aplicables a los conflictos armados, concretamente los Convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, determinan los crímenes de guerra que pueden ser perseguidos penalmente. La protección de los civiles en una guerra es el objetivo del IV Convenio de Ginebra adoptado tras las atrocidades sufridas por la población civil durante la Segunda Guerra Mundial.
La guerra mundial fue un punto de inflexión para la justicia internacional al tomar conciencia de la necesidad de crear mecanismos que permitieran juzgar a los responsables de crímenes graves derivados de una contienda armada. Si bien estas agresiones han existido siempre, el siglo XX con la creación de los tribunales de Nuremberg para juzgar a los nazis (611 acusados) y los juicios de Tokio de 1946 para enjuiciar a mandos japoneses (25 acusados) por los crímenes cometidos durante la guerra son un precedente de los posteriores tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia, Ruanda o Camboya. No obstante, estos tribunales sólo se referían a casos concretos por lo que la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya supuso un hito para la justicia penal internacional.
La CPI ha iniciado las investigaciones para determinar los crímenes cometidos en Ucrania. El fiscal jefe del Tribunal, Karim Khan, anunció que se investigarán los crímenes cometidos por cualquiera de las partes. Algunos expertos apuntan también a la existencia de crímenes de lesa humanidad, definidos como ataques sistematizados y generalizados contra la población civil. La línea que separa unos de otros es que no se trata de hechos aislados sino de actos indiscriminados de mayor magnitud. La calificación jurídica de los crímenes dependerá de las pruebas que puedan obtenerse. Fotos, testimonios, audios y una innumerable cantidad de evidencias serán clave para que los forenses puedan documentar lo qué sucedió durante el asedio. La CPI ha abierto un canal en la web para que cualquier persona que cuente con información relevante pueda contactar con los investigadores. Las nuevas tecnologías van a desempeñar un papel clave.
No será fácil catalogar todas las pruebas ni tampoco lo serán los procesos penales. Posiblemente algunos autores habrán huido o fallecido antes de conocer su sentencia. De hecho, los máximos responsables durante la Segunda Guerra Mundial nunca fueron enjuiciados (Hitler se suicidó antes de ser detenido y el emperador Hirohito fue eximido) y solo una minoría de los autores de la guerra de Bosnia cumplió condena puesto que, por ejemplo, Sloboban Milosevic, ex presidente de Serbia y Yugoslavia, falleció durante el juicio y el militar bosniocroata, Slobodan Praljak, se suicidó con cianuro durante la sesión del tribunal que ratificaba su condena de 20 años. Para garantizar que criminales como Azatbek Omurbekov, conocido como “el carnicero” de Bucha, un teniente coronel que presuntamente ordenó el ataque y asesinato de aproximadamente 400 civiles en esa ciudad, asuman sus responsabilidades por los delitos cometidos es necesario que la justicia internacional sea más ágil y que la comunidad internacional se comprometa a colaborar con la CPI.
Desde la creación de la CPI en 2002 se han llevado a cabo 17 investigaciones y 31 casos. Las investigaciones se encuentran en distintas fases y se desarrollan en Uganda, República Democrática del Congo (RDC), Darfur (Sudán), República Centroafricana, Kenia, Libia, Costa de Marfil, Malí, Georgia, Burundi, Afganistán, Myanmar, Palestina, Filipinas, Venezuela y Ucrania. La primera investigación se inició en junio de 2004 en República Democrática del Congo y la última hace unos días en Ucrania. En algunos países como Malí el trabajo está centrado en crímenes de guerra en tres regiones del norte del país, mientras que en otros como en Libia y Afganistán se investigan también crímenes contra la humanidad. En Kenia y Costa de Marfil se examina violencia postelectoral. En relación con los 31 casos de la CPI, únicamente el ex presidente de Sudán, Omar al Basir, fue acusado de genocidio. Por crímenes de guerra son investigadas 22 personas.
Crímenes de guerra cometidos
Una vez finalizada las investigaciones será el momento de comparar la magnitud de los crímenes con otros cometidos desde la Segunda Guerra Mundial. La lista es extensa puesto que en la mayoría de los conflictos armados se han cometido atrocidades, pero de los que están en los más graves de los que están abiertos en los tribunales internacionales han tenido lugar en los siguientes contextos:
Guerra de los Balcanes: el conflicto armado (1991-2001) causó miles de muertos y refugiados. El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia procesó a 161 personas y condenó a 91 por diversos crímenes al determinar que durante la guerra se cometieron no solo crímenes de guerra sino también de genocidio.
La mayor masacre fue el ataque a Srebrenica, considerado como el único genocidio que ha tenido lugar en Europa tras la Segunda Guerra Mundial. En julio de 1995, tras años de asedio, los serbiobosnios se hicieron con Srebrenica, pequeña ciudad montañosa bosnia, asesinando aproximadamente a 8.000 personas, incluyendo niños y ancianos. Más de 6.000 personas fueron exhumadas de fosas comunes, algunos atados y torturados. Durante la guerra se cometieron también matanzas en otras ciudades bosnias como Vukovar o en Kosovo en Racâk. Actualmente, 25 años después, quedan personas por identificar y algunas víctimas consideran que, a pesar de las condenas, no hay reparación posible por las atrocidades cometidas.
Radovan Karadzić (presidente de la República Srpska entre 1992 y 1996) y Ratko Mladić, jefe de Estado Mayor del Ejército de la República Srpska durante la guerra) fueron condenados a cadena perpetua por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Otros autores fueron sentenciados por crímenes de guerra.
Ruanda: entre abril y julio de 1994 fueron asesinados aproximadamente 800.000 ruandeses, la mayoría de la etnia tutsi. En poco más de 100 días mataron a miles de personas de todas las edades con un alto nivel de violencia y ensañamiento. Solo en la iglesia de Kibuye murieron miles y todavía se están excavando fosas comunes como la encontrada en Kigali en 2018 con 5.000 cuerpos enterrados.
El Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR), con sede en Arusha, fue creado en 1994 para enjuiciar a los autores e instigadores de los crímenes cometidos. El tribunal acusó a 93 personas, condenó a 61 y aún seis continúan huidos. La mayoría de los que recibieron sentencia, principalmente militares y políticos, lo fueron a cadena perpetua por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Camboya: las Salas Extraordinarias de la Corte de Camboya, apoyadas por la ONU, se crearon para investigar y enjuiciar a los autores de los crímenes cometidos por los Jemeres Rojos (1975-1979). Se considera que durante el gobierno de Pol Pot murieron 1,7 millones de personas, aproximadamente el 25% de la población del país, por ejecuciones, inanición, enfermedades y trabajos forzados. Hay identificadas 20.000 fosas comunes y solo en la prisión de Tuol Sleng murieron 16.000 personas.
Las Salas, criticadas por su lentitud, han juzgado únicamente a tres personas y condenado por genocidio, crímenes de guerra y lesa humanidad a dos de los máximos líderes del régimen.
República Democrática del Congo: se investigan crímenes de guerra y contra la humanidad desde 2002 (fecha del Estatuto de Roma) en la región de Ituri y las provincias de Kivu Norte y Sur. Algunos de estos crímenes son asesinatos, violaciones, mutilaciones, tratos inhumanos, tortura, esclavitud sexual o reclutamiento y utilización de niños soldado. No hay certeza de las cifras, pero algunas fuentes apuntan a cinco millones de muertos desde 1996 y millones de desplazados internos. La CPI investigó seis casos y condenó a líderes de milicias armadas como a Ntaganda, comandante de la Unión de Patriotas Congoleños, por trece crímenes de guerra y atrocidades como la masacre de al menos 49 personas en la aldea de Kobu.
Sudán (Darfur): la CPI investigó seis casos por delitos de genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad en Darfur, región en el oeste de Sudán caracterizada por la diversidad étnica. Los investigados, funcionarios del gobierno, líderes de la milicia janjaweed y líderes de grupos rebeldes organizados, fueron acusados por crímenes de guerra como asesinatos, ataques contra la población civil, violación, tortura y expoliación, entre otros.
La ONU señaló que la violencia causó 1,6 millones de desplazados internos, más de 200.000 refugiados en Chad y la destrucción y devastación de aldeas enteras. No hay cifras oficiales de víctimas, aunque la investigación de una ONG internacional utilizada por la mayoría de las organizaciones humanitarias, refleja que desde el inicio del conflicto en 2003 habrían fallecido 400.000 personas.
Las principales atrocidades se cometieron contra los grupos étnicos fur, zaghawa y masalit. Miles de personas fueron asesinadas y cientos de aldeas destruidas, la mayoría con enorme crueldad como el asesinato en 2003 en Kudun de 32 personas por la milicia janjaweed o las ejecuciones sumarias en 2004 en Garsila y Deleig.
República Centroafricana: la CPI tiene dos investigaciones por crímenes de guerra y lesa humanidad. La primera se refiere a crímenes cometidos entre 2002 y 2003 y la segunda por los cometidos por grupos musulmanes séléka y cristianos antibalaka a partir de 2012. Los casos que se estudian son asesinato, violación, saqueo, ataques contra misiones humanitarias y utilización en combate de niños menores de quince años.
Desde 2002 miles de personas han muerto y huido por la violencia que, con distintos niveles de intensidad, aún continúa. En Bangui y Bossangoa en dos días, 5 y 6 de diciembre de 2013, se calcula que fueron asesinados 1.000 civiles. En 2017, hubo una escalada de la violencia en la que se cometieron masacres como el ataque el 13 de mayo en Bangassou en el que murieron 72 personas.
Myanmar: la CPI investiga delitos, incluyendo crímenes contra la humanidad, cometidos contra la población rohingya en parte del territorio de Bangladesh y en Myanmar. En 2018 una misión independiente de investigación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU documentó violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la minoría rohingya. La misión incluyó las operaciones militares de Myanmar en el estado de Rakhine en 2017 en las que miles de civiles fueron asesinados, se cometieron agresiones sexuales, detenciones arbitrarias y se destruyeron propiedades y aldeas. La violencia ocasionó que más de 700.000 personas, casi el 60% niños, huyeran a Bangladesh.
Los autores de los crímenes cometidos en 2017 contra la minoría rohingya todavía no han sido encausados. Mientras la crisis humanitaria continúa (Naciones Unidas solicita apoyar a 1,4 millones de personas), los autores de lo que para muchos expertos ha sido un genocidio siguen impunes.
Afganistán: desde marzo de 2020 son investigados por la CPI los crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos por las fuerzas progubernamentales y antigubernamentales durante el conflicto armado. Los crímenes de guerra que se investigan son asesinato, tratos inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, ataques contra civiles y matar o herir a traición a un combatiente enemigo. La CPI ha centrado las investigaciones en los delitos cometidos por los talibanes y el Estado Islámico.
Es complicado determinar el número de víctimas civiles que ha habido en Afganistán durante los 20 años que va a investigar la CPI, pero no han sido respetados ni hospitales ni escuelas. Una de las mayores masacres tuvo lugar en Mazar-I Sharif, una ciudad al norte de Afganistán, en la que en agosto de 1998 los talibanes cometieron todo tipo de crímenes de guerra, considerando Human Rights Watch que al menos 2.000 personas fueron asesinadas.
En otros países como Siria o Yemen, aunque por diversas razones no están siendo investigados por la CPI, han podido cometerse crímenes de guerra. La comisión de investigación de Naciones Unidas para Siria, liderada por Paulo Pinheiro, ha documentado a través de más de 8.000 entrevistas a víctimas y testigos que desde 2011 la población civil ha sufrido graves abusos, en algunos casos crímenes de guerra. Desde que se inició el conflicto armado ha habido miles de asesinados, más de 100.000 desaparecidos, 13 millones de desplazados (internos y refugiados) y más de 14 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. En Yemen tres expertos investigadores de Naciones Unidas apuntan que se han producido graves ataques contra la población civil que, en algunos casos, podrían ser crímenes de guerra.
“Nunca pienses que la guerra, no importa su necesidad o su justificación, no es un crimen” es una reflexión de Ernest Hemingway tras la Segunda Guerra Mundial. Cuando escribió esta frase, en 1946, habían tenido lugar los bombardeos de Dresde, la masacre de Wola o la de Katyn. Como corresponsal de guerra había visto que una contienda armada es per se cruel e inhumana. Las víctimas de Ucrania se cuentan por millones, solamente refugiados ascienden a casi cinco y UNICEF cifra en 7,5 millones los niños en riesgo. Si bien es tiempo de centrarse en la ayuda humanitaria para salvar vidas y atender las necesidades básicas de los ucranianos, es también el de alentar y colaborar con las instancias judiciales internacionales para que cuando solo quede la devastación de la invasión las víctimas puedan obtener la justicia y reparación necesaria.