Guerra de palabras, narrativas y datos. ¿La primera víctima? La verdad.

 

AFP/Getty Images

 

Haciendo burla de uno de los términos más en boca del Gobierno de Kiev, y también a menudo de los medios de comunicación ucranianos, un miliciano prorruso ahuyenta a los pocos que se atreven a salir por la noche en Donetsk. “¡He aquí un terrorista! ¿Me ven?”, grita. Está armado, pero como es recurrente en este conflicto, no se sabe qué fue primero, el huevo o la gallina. Es decir, si el hombre se armó antes o después de que las autoridades ucranianas empezaran a calificar de “terroristas” a los milicianos separatistas y a quienes los apoyan, vecinos incluidos.

La guerra propagandística ha sido tan elevada desde que empezó el conflicto entre Ucrania y Rusia que, el pasado 10 de mayo, Human Right Watch (HRW) intervino sobre el asunto con una nota titulada: “La verdad, una víctima del conflicto ucraniano”. Ocurrió después de que el ministro ucraniano de Interior, Arsén Avakov, dijera que “al menos 20 terroristas habían muerto” durante la batalla de Mariúpol el 9 de mayo, de la que hasta el día de hoy se desconocen circunstancias y número exacto de fallecidos. Los prorrusos, por su parte, hablaron de tres muertos. HRW contó al menos 7 muertos y 40 heridos.

“En todos los conflictos, la propaganda forma parte de la guerra y Ucrania no es una excepción. Cada bando crea su propia narrativa y el resultado es que se difunden datos que tienen poco que ver con la realidad”, opinó entonces la delegada de HRW en la región, Anna Neistat. “La situación empeora cuando los periodistas alimentan esta situación, diseminando hechos no confirmados o integralmente inventados. Estas distorsiones de la realidad, amplificadas por las redes sociales, llegan en pocos minutos a decenas de centenares de personas y se transforman, para algunos, en una llamada a la acción”, continuó.

Palabras como "provokatsiya", usadas para restar crédito a acciones del bando opuesto, adjudicándole maniobras de provocación para alimentar disturbios o actos bélicos, han entrado en el lenguaje de todos los bandos en la crisis ucraniana, evocando oscuras tramas, plagadas de traidores y espías, y con el objetivo de desestabilizar el orden público constituido.

Surgió así el mito de Pravy Sektor (Sector Derecho), el grupo de extrema derecha proucraniano nacido a finales del año pasado, que el bando prorruso señala como el omnipresente culpable de todo crimen que acontece en el este del país. “Han sido los fashist (fascistas), los banderatsky (seguidores de Stepán Bandera, ultranacionalista ucraniano odiado en las zonas orientales del país)”, es una de las frases que más se oyen en Donetsk. Y esto a pesar de que no se tenga conocimiento de que los afiliados a este grupo superen los 10.000 y que, paradójicamente, en Kiev haya incluso quien dice que son agitadores pagados por Moscú.

Con más intensidad desde que empezó el operativo militar del Ejército ucraniano en el este del país —iniciado el pasado 13 de abril y que Kiev llama "operación antiterrorista"— y después de la violenta toma de poder de varias localidades en esa zona por parte de los insurgentes prorrusos, las informaciones contrastadas y verificadas han sido desbaratadas por una batalla informativa sin cuartel.

El experto militar ucraniano Dmytro Tymchuk, coordinador del medio digital Resistencia Informativa, llegó a escribir que los milicianos rebeldes de Donetsk y Luganks planeaban el pasado 18 de mayo trasladar a Rusia “cientos de cadáveres” caídos de su bando para ocultar que éstos eran de nacionalidad rusa. En este mismo tono, la página web Novosti Donbassa afirmó que los prorrusos habían asesinado a un campesino de la aldea de Serguéyevka (Slavianks), después de que éste intentara llevarle comida y ropa a las tropas del Ejército ucraniano desplegadas en la zona. Lo que no fue confirmado, claro.

De igual forma, la televisión ucraniana apenas mostró imágenes del pasado 11 de mayo, cuando miles de habitantes de Donetsk y Lugansk acudieron a las urnas para manifestar su apoyo a la secesión de las dos provincias de Ucrania. Y tampoco faltaron estampas como la imagen del Vladímir Putin hitleriano, que fue colgada en la plaza de Maidán, donde el presidente ruso apareció con espeso bigote negro en referencia al dictador nazi.

Desde la otra esquina del arco beligerante, los líderes secesionistas prorrusos de Donetsk acusaron a la Guardia Nacional ucraniana de haber fusilado a 10 de sus soldados después de que éstos se negaran a participar en acciones militares contra los insurgentes. "En Kramatorsk, la Guardia Nacional fusiló a 10 de sus compañeros, que dijeron que no combatirían más contra sus propios ciudadanos. Sus cuerpos han sido enterrados en las afueras de la ciudad", dijo un portavoz de los milicianos la semana pasada, según escribió la agencia rusa Interfax.

Con esta retórica destinada a la manipulación como telón de fondo, se ha alimentado una situación de incomprensión comunicativa. “Recientemente, recibí una llamada de unos amigos que viven en Rusia. Me avisaban que ya habían recolectado dinero para que pudiese comprar comida. Les pregunté por qué razón pensaban que necesitaba eso y me respondieron que la televisión rusa había dicho que había centenares de personas que pasaban hambre en el este de Ucrania”, contaba, con cierto sarcasmo, Roman Bobk, un sacerdote que custodia la Iglesia greco-católica de Donetsk. “Nunca me había reído tanto en mi vida”, añadía Bobk.

También Occidente ha hecho su parte. La revuelta de Maidán, y sus desenlaces no han sido ajenos al interés de la International Renaissance Foundation (IRF), parte del Open Society Institute, red fundada y financiada por el magnate húngaro-estadounidense George Soros. Asentada en Kiev desde 1990 —es decir, desde antes de que Ucrania fuera independiente—, IRF ha financiado al Ukraine Crisis Media Center (UCMC), integrado por 12 expertos en márketing y que hace de portavoz de la versión de los políticos e intelectuales ucranianos.

“Nos dimos cuenta de que teníamos que hacer algo para contrarrestar la propaganda rusa y la Renaissance Foundation aceptó pagar nuestros gastos”, confirmó a este medio la presidente del UCMC, Nataliya Popovych. Sin embargo, el interés de Soros por Ucrania no es una novedad. Desde 1990 hasta 2010, según datos públicos, IRF invirtió más de 100 millones de dólares en Ucrania. En 2012, año del último informe de la institución, esta inversión ascendió a 63 millones de grivnas.

“La Fundación no ha participado en el reciente levantamiento (de Maidán), pero sí ha servido para defender a aquellos contra los que iba dirigida la represión oficial”, afirmó el propio Soros, el pasado 26 de febrero. Seis días después, el 4 de marzo, IRF aprobó su financiación para el UCMC.

Así y todo, en las regiones del este ucraniano en manos de los insurgentes prorrusos, es indudable que la libertad de movimiento para los periodistas ucranianos es muy limitada, como también reconoció un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

“Periodistas y blogueros afincados en la región, o que están haciendo base en ella, están sufriendo amenazas y actos de intimidación, secuestros y detenciones ilegales por parte de grupos armados”, se lee en ese documento. Según el organismo, 23 periodistas habían sido secuestrados hasta el pasado 5 de mayo en Slaviansk, 18 de los cuales fueron posteriormente liberados. Por su parte, la agencia rusa RT denunció que Ucrania detuvo a tres periodistas esta pasada semana, dos rusos y uno de ellos británico —que posteriormente fue liberado— por motivos aún poco claros.

Y, desde que Crimea es Rusia, allí las cosas no van mucho mejor, según cuentan los activistas proucranianos locales. “Están diciendo que los activistas son terroristas que atentan contra la Federación Rusa”, cuenta Anastasiya (nombre falso). “Ahora resulta que hay terroristas por todas partes, se multiplican como hongos”, añade.

 

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