Si la UE no refuerza las políticas de seguridad, justicia y empleo en los países de Oriente Medio y el Norte de África muchos de ellos podrían encontrarse en una zona intermedia entre la estabilidad a largo plazo y la erupción de una nueva crisis.

 

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Pasados más de dos años desde el comienzo de la primavera árabe, las agencias de desarrollo de la Unión Europea no se han adaptado completamente a los retos que representan los Estados en transición en el Sur del Mediterráneo. El consenso entre los expertos es que la realidad actual de la cooperación en la zona no responde a los principios que deberían guiarla. El objetivo pasaría por integrar la dimensión de la seguridad (en su sentido más amplio) en las políticas de cooperación al desarrollo, mediante el avance hacia una gobernanza aceptable en la región.

Así, de manera paralela, se actuaría con la finalidad de incrementar los niveles de seguridad y justicia, conseguir una política participativa e inclusiva y crear empleo a corto plazo. Elementos fundamentales en un proceso de transición que quiere responder a las demandas de los ciudadanos.

 

Seguridad y gobernanza aceptable en la agenda de cooperación al desarrollo

Las agencias de desarrollo han sido tradicionalmente cautelosas frente al riesgo de la politización de su ayuda y el refuerzo de su seguridad, tardando en reconocer los profundos vínculos entre seguridad y desarrollo. Durante gran parte del período de posguerra fría, los especialistas en cooperación han pretendido mantener la ayuda libre de injerencias políticas. Pero tras el 11-S, a medida que Estados Unidos y los países de la UE dedicaban un alto porcentaje de su ayuda al desarrollo en Afganistán e Irak, se hizo cada vez más difícil mantener separados estos dos ámbitos.

Es solo en los últimos años cuando los principales donantes de la ayuda y las organizaciones internacionales –incluida la UE- empiezan a enfatizar en la idea de que la agenda de desarrollo y la de seguridad no pueden permanecer separadas. Pero, mientras que el término seguridad sigue siendo una palabra delicada en los debates sobre el desarrollo, la necesidad de una gobernanza aceptable ha surgido como un elemento de consenso entre los donantes y muchos receptores. Así, en los últimos años, las estrategias de desarrollo para los Estados frágiles han ido aceptando e incorporando, de forma progresiva, el nuevo concepto como una de sus prioridades elementales.

Pero, ¿qué significa una gobernanza aceptable? En especial en el ámbito de la seguridad. Según el Informe sobre Desarrollo Mundial de 2011 (IDM), los principios fundamentales de este nuevo concepto serían la creación de un nivel básico de seguridad, justicia y actividad económica –que no significa una prosperidad inmediata- que permita a los países frágiles una evolución institucional y política. El IDM deja claro que la violencia y la inseguridad impiden el desarrollo y que el reforzamiento de las instituciones y de los gobiernos legítimos –basados en pactos políticos inclusivos y creíbles- que ofrecen seguridad, justicia y empleo a los ciudadanos es crucial para romper los ciclos de violencia e inestabilidad política.

 

Europa y la gobernanza aceptable en el Norte de África y Oriente Medio

¿Qué vigencia tienen las recetas del IDM 2011 en los países del Norte de África y Oriente Medio? A primera vista, podría parecer que las contribuciones del IDM como el énfasis en la seguridad básica y la construcción de infraestructuras se adaptan más a las realidades de la República Democrática del Congo o Afganistán que a la de los Estados de la ribera sur del Mediterráneo. De todos los países árabes que han pasado por procesos de cambio en los últimos dos años, tal vez solo Yemen se asemeja al clásico Estado fallido. Además, si el mensaje central del IDM es que el desarrollo de los países frágiles tiene que basarse en unos acuerdos políticos creíbles, muchas naciones de la región ya han hecho un progreso ostensible en esa dirección.

No obstante, la insistencia del IDM en la importancia de los acuerdos políticos y la seguridad ciudadana, la justicia y el empleo sí que son plenamente aplicables al Norte de África. Muchos de los acuerdos políticos conseguidos en los países árabes después de las revoluciones de 2011 y 2012 son frágiles y el control por parte de los islamistas de las instituciones del Estado podría provocar enfrentamientos con los sectores laicos e incluso con las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, los políticos libios tienen dificultades para formar un Gobierno estable que pueda ejercer el control efectivo sobre las numerosas milicias en su territorio. Siria permanece en estado de guerra civil y la violencia parece extenderse hasta Líbano. La crisis en Malí podría afectar no solo a otros países del Sahel, sino también a los del Magreb. En materia judicial las deficiencias son visibles y el trato represivo que reciben los manifestantes en Egipto muestra los límites de la justicia en la era post Mubarak. En Jordania las reformas se han ido retrasando tanto que parte de la población niega ya su apoyo al Gobierno. Incluso en Túnez, donde se han hecho importantes reformas después de la caída de Ben Alí, la policía y la justicia siguen teniendo graves problemas de administración y coordinación. Todo ello sin contar la situación dramática del desempleo en toda la región, particularmente alta entre los jóvenes.

Así, el enfoque sobre la gobernanza aceptable y sus programas basados en la seguridad, la justicia y el empleo – sostenidos por continuos esfuerzos por mantener unos acuerdos políticos creíbles y ampliamente inclusivos- es decisivo para los países de Oriente Medio y el Norte de África. Muchos de ellos se encuentran en una zona intermedia entre la estabilidad a largo plazo y la erupción de una nueva crisis. A menos que los donantes internacionales puedan ayudarlos a salir de esa tierra de nadie, los objetivos a largo plazo serán irrelevantes.

Desde una óptica europea, cabe decir que a pesar de que los responsables de la creación de políticas hayan identificado, correctamente, gran número de los retos mencionados, la actual política de desarrollo sigue demasiado centrada en los objetivos más tradicionales y técnicos. Debido a ello, existe el riesgo de que los países árabes se deslicen hacia nuevas crisis antes de poder lograr los objetivos de desarrollo a largo plazo. Por ello, deberían establecerse programas de desarrollo que prioricen tanto los ámbitos de la política y la seguridad como los relacionados con la justicia y el empleo a fin de evitar un retroceso en los procesos de reforma que vive la región. Por muy tentador que fuese lograr una democracia profunda (deep democracy en jerga de la Comisión), Europa debe centrar su atención en apoyar el núcleo de la legitimidad política, es decir, en el grado de responsabilidad y receptividad de los nuevos gobiernos de la región respecto al conjunto de la población. El enfoque europeo de premiar reformas será más aceptable cuando esté en línea con las aspiraciones reales de las poblaciones locales que cuando intente anticipar en qué deberían consistir estas aspiraciones.

 

Este artículo recoge las ideas principales que aparecen en el documento Europa y la democracia en el Norte de África: una segunda oportunidad. Descargar el documento completo.

 

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