Cuáles son las prioridades del partenariado verde de la Unión Europea en su relación con África.
En la pasada COP 26, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Layen, señaló que “el crecimiento verde, incluyendo la gestión sostenible de la tierra, [será] una de las prioridades para la Cumbre que la UE y la Unión Africana celebrarán en febrero de 2022”. El encuentro, que tendrá lugar año y medio después de la fecha en la que estaba originalmente previsto, servirá para revisar la Estrategia de Acción conjunta de ambas instituciones y permitirá determinar hasta qué punto es firme la apuesta por la lucha contra el cambio climático.
Como preparación para el encuentro, la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior presentaron en marzo de 2020 una comunicación titulada Hacia una estrategia global con África, en la que se propone la creación de un Partenariado para la Transición Verde y el acceso a la energía como una de las cinco líneas de acción prioritarias para las relaciones entre ambas instituciones.
El texto señala a ambos continentes como “aliados” en el desarrollo de energías limpias y soluciones sostenibles en transporte y agricultura y menciona específicamente la innovación, la reducción de residuos, las infraestructuras resilientes, el urbanismo y la economía azul como sectores a tener en cuenta para aunar el crecimiento económico de África con la transición verde. Para lograrlo, establece -sin dar cifras concretas- el apoyo de la UE para la movilización conjunta de recursos, a través de iniciativas como la Green Energy Initiative, que tiene como objetivo incrementar el número de personas con acceso a energías sostenibles, apoyar la inversión en renovables y promover la eficiencia energética en el continente africano.
600 millones de personas sin luz
El acceso a la energía es precisamente el aspecto en el que más hincapié hacen los Estados africanos, pues lo consideran un paso imprescindible para mejorar las condiciones de vida de su población, uno de los objetivos clave de la Agenda 2063. Actualmente, solo el 46% de la población del África subsahariana tiene acceso a electricidad de forma regular, una cifra que disminuye hasta el 25% si miramos a la población rural. Esto supone más de 600 millones de personas sin luz en sus casas y empresas con una importante pérdida de productividad a causa de los cortes recurrentes. Asimismo, imposibilita la consecución de otros objetivos del continente, como la industrialización y la digitalización de la economía.
Además, se calcula que dos tercios de los hogares del África subsahariana utilizan leña o carbón para cocinar lo que tiene consecuencias negativas en la salud, implica horas de trabajo extra para las mujeres y supone una pérdida de recursos forestales, además de la consiguiente emisión de C02.
Dar respuesta a estas necesidades y adaptarse, a la vez, a la transición verde, es un reto complicado que precisa de un salto cualitativo en los recursos destinados a ello, tanto los que llegan desde el exterior como los invertidos por cada país: el informe Achieving Clean Energy Access in Sub-Saharan Africa estima que serían necesarios unos 27.000 millones de dólares al año de aquí a 2030, lo que supondría duplicar la financiación actual. Y mientras estos recursos no llegan, el continente africano está decidido a aprovechar las enormes reservas minerales de las que dispone. Desde África se apoya la transición verde, pero han dejado claro que los países industrializados han de ser los primeros en dar el paso y que, de no contar con una financiación justa y adecuada, el continente tendrá que seguir utilizando sus recursos fósiles.
Aunque no todos los países del continente se encuentran en la misma posición. De hecho, hay enormes diferencias. Por ejemplo, Kenia está cerca de producir el 90% de su electricidad de forma renovable -gracias, principalmente, a la pujanza de la geotermia en el país, que supone ya el 48% de su producción-. Otros se decantan por el gas -Nigeria, el gran gigante petrolero, ha inaugurado la “década del gas” y Mauritania y Senegal han descubierto recientemente grandes bolsas de este mineral- y algunos, como Marruecos, apuestan por el hidrógeno verde.
Sudáfrica, por el contrario, es altamente dependiente del carbón y se sitúa como la undécima emisora de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Quizás por eso ha logrado un acuerdo específico por el que se destinarán 8.500 millones de dólares a la descarbonización de su economía. Un proyecto que, al menos sobre el papel, recoge la importancia de apoyar a las comunidades más afectadas por el cambio de modelo, principalmente los trabajadores de las minas, las mujeres y los jóvenes y que, en palabras de Von der Layen, podría convertirse en el “modelo” para apoyar la transición justa en el mundo.
Sin embargo, la justicia climática sigue muy lejos de alcanzarse. Los países desarrollados continúan sin cumplir el compromiso alcanzado en Copenhague de destinar 100.000 millones de dólares para frenar el impacto de los efectos del cambio climático y durante la pasada COP no se logró cerrar el acuerdo para establecer el denominado “Loss and damage Facility”, un mecanismo de compensación por el que había apostado el Grupo de Países Menos Desarrollados, en el que se encuentran 30 Estados africanos.
Adaptación y resiliencia
Más allá de la transición energética, otra gran prioridad para los países africanos es la de mejorar sus capacidades de adaptación y resiliencia al cambio climático, conscientes de que forman parte del continente más golpeado por el calentamiento global. Su dependencia de las lluvias y el clima para la agricultura, la importancia del sector primario en el PIB, la falta de monitorización de los datos climáticos, su urbanización acelerada y el esperado crecimiento de la población -se prevé que se duplique de aquí a 2050- son algunas de las realidades que hacen del continente uno de los más vulnerables.
Para hacer frente a estos restos, durante la pasada COP-26 los países africanos pusieron encima de la mesa el Africa Adaptation Acceleration Program, que tiene como objetivo principal la movilización de 25.000 millones de euros para acciones innovadoras y transformadoras en la adaptación al cambio climático. Porque la esperada transición verde también puede ofrecer oportunidades para el continente africano. No tanto desde la reducción de emisiones -apenas contribuye un 4% al calentamiento global-, pero sí en lo relativo a la mitigación, gracias a los vastos recursos naturales que posee en forma de océanos, lagos, bosques y biodiversidad. Por poner solo un ejemplo, la cuenca del Río Congo es la segunda mayor reserva de selva del mundo y es un espacio clave para el clima por su enorme capacidad de absorción de C02.
Esta fortaleza queda recogida en el borrador de Estrategia 2020-2030 para el Cambio Climático de la Unión Africana y también ha sido reconocida por Europa, que ya en su proyecto de Green Deal (2019) proponía la creación de NaturAfrica, una iniciativa para abordar la pérdida de biodiversidad, creando una red de áreas protegidas que ofrezca oportunidades de empleo para las poblaciones locales en sectores verdes.
En esta línea, quizás uno de los proyectos más ambiciosos es la Muralla Verde Africana, puesta en marcha por la Unión Africana en 2007 y para la que la UE se ha comprometido a aumentar la financiación. El proyecto pretende abordar de una manera integral la regeneración en el área del Sahel, no sólo a través de la plantación de árboles adecuados a la zona, sino también mediante pequeños proyectos que apoyen la seguridad alimentaria de quienes allí viven y permitan recuperar los saberes y las formas de cultivo tradicional.
Agricultura y ‘economía azul’
Directamente relacionada con la biodiversidad se encuentra la agricultura, a la que tanto la UE como África confieren enorme importancia. Desde Europa, la Estrategia “Farm to Fork” (de la Granja al tenedor) promueve una agricultura responsable y sostenible medioambientalmente hablando. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos países europeos y sus instrumentos de financiación promueven y apoyan en África proyectos que apuestan por los monocultivos y provocan acaparamiento de tierras, expulsión de poblaciones y la destrucción de hábitats y biodiversidad para la instalación de proyectos de agronegocio destinados a la exportación.
La buena gobernanza de los océanos es otro de los sectores en los que ambos actores han puesto el acento, no sin controversia. Se trata de un recurso vital para las poblaciones costeras, es determinante para el comercio internacional -el 80% se realiza por barco-; y es una importante fuente de recursos minerales, pues a las grandes bolsas de petróleo y gas se suma ahora la abundancia de los llamados minerales raros, imprescindibles para el desarrollo de nuevas tecnologías.
La Estrategia señala la economía azul como una oportunidad para el continente, mencionando específicamente la lucha contra la “pesca ilegal y no regulada”. Un tema crucial en la costa occidental africana, donde abundan los caladeros pero no existen los medios suficientes para monitorizar el litoral, lo que deriva en considerables pérdidas. Sin embargo, la Estrategia no menciona lo que muchos señalan como el otro gran problema: los acuerdos que permiten a la UE la pesca en grandes cantidades a cambio de determinadas compensaciones económicas. Un debate que existe ya desde los 90 y que continúa presente en la actualidad, con estudios recientes que concluyen que los acuerdos de la Unión siguen afectando a los bancos pesqueros más frágiles y dañan el medio ambiente marino en los lugares en los que se desarrollan.
Todos estos asuntos deberán tratarse en la próxima Cumbre UE-UA, junto al resto de prioridades establecidas para los próximos años: transformación digital; crecimiento sostenible y creación de empleo; paz y gobernanza, y migración y movilidad. Será el momento de comprobar la importancia que cobra este partenariado verde y de ver cómo todos estos elementos se entrelazan entre sí.
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura
