No lejos de Darfur se gesta otra catástrofe humana. El Gobierno de Uganda, presentado en su momento como modelo de reforma en África, está acabando sistemáticamente con un pueblo sin que el mundo haya hecho hasta ahora nada por evitarlo.
El interés por los desastres humanos en tierras remotas es limitado. Normalmente, una crisis es más que suficiente para cubrir la cuota. Hoy día, la catástrofe es la de Darfur, la región del oeste de Sudán asolada por la guerra. Un lugar que, por desgracia, no tiene el monopolio de un sufrimiento que abunda en su entorno.
La atención que en ocasiones recibe la cercana Uganda se debe en general al peculiar y brutal Ejército de Resistencia del Señor (ERS), que ha adquirido notoriedad por haber secuestrado a 25.000 niños durante el conflicto. Las desgarradoras imágenes de los menores ugandeses caminando por las noches para evitar las batidas del ERS han conmovido a la opinión pública. Pero hasta ahí llega la concienciación, precisamente lo que el Gobierno de Kampala desea.
Lo cierto es que las noticias sobre las incuestionables atrocidades cometidas por el ERS están siendo usadas para enmascarar los delitos aún más graves que comete el propio Ejecutivo. Buscando desviar la atención del mundo, el Gobierno ha elaborado un relato de los hechos según el cual la catástrofe en el norte de Uganda empieza con el ERS y sólo terminará con su desaparición. Pero, con la excusa de la guerra contra esos forajidos, una sociedad entera, la de los acholi, ha sido trasladada a campos de concentración y está siendo sistemáticamente destruida, tanto psicológica como cultural y económicamente. “Todo lo acholi está muriendo”, declara el padre Carlos Rodríguez, un misionero católico en la región. Después de su visita a la zona, el periodista ugandés Elias Biryabarema escribió: “No hay justificación posible para la escalofriante catástrofe humana de la degradación, la desolación y los horrores que están exterminando generación tras generación”.
No es la primera vez que los acholi están en el punto de mira.En los 70, el régimen del dictador ugandés Idi Amin diezmó a los dirigentes políticos, intelectuales, los empresarios y oficiales del Ejército que pertenecían al pueblo acholi. Parecía difícil concebir peor pesadilla para ellos. Pero la campaña del actual presidente, Yoweri Museveni, ha resultado ser mucho más devastadora. Como dijo una mujer a un trabajador humanitario en uno de los campos de concentración: “Amin al menos mató sólo a aquellos de nuestros hijos y parientes que habían recibido una educación, pero Museveni y su cómplice [el dirigente del ERS Joseph] Kony están decididos a exterminar al pueblo entero”.
La situación en el norte de Uganda rivaliza con la de Darfur en duración, magnitud y consecuencias. Durante más de una década, las fuerzas gubernamentales han mantenido a una población de casi dos millones de personas (de las regiones acholi, lango y teso) en unos 200 campos de concentración, donde se enfrentan a la miseria, la enfermedad, el hambre y la muerte. Imagine 4.000 personas compartiendo una letrina, mujeres que deben guardar cola ante un pozo durante 12 horas para llenar un bidón y grupos de hasta diez personas hacinados como sardinas en diminutas chozas.
El 95% de los acholi vive actualmente en esos campos. En enero de 2006, la organización World Vision Uganda informó de que en la región morían mil niños a la semana, uno de los peores índices de mortalidad del mundo. Estimaciones más recientes indican que esa cifra ya puede haber alcanzado los 1.500. En marzo de 2006, una inspección realizada por un grupo de ONG mostró que la tasa de mortalidad en los campos de concentración triplica a la de Darfur.
Frente a las incesantes humillaciones y atropellos culturales y personales, el suicidio ha alcanzado cotas preocupantes y es particularmente elevado entre las madres. En agosto de 2005 sólo en el campo de Pabbo, 13 de ellas se suicidaron. El arzobispo de Gulu, John Baptist Odama, los considera actos de extrema desesperación: “El concepto de suicidio no es propio de la cultura acholi”. Las violaciones y la explotación sexual, sobre todo por parte de miembros del Ejército de Uganda, se han convertido en rutinarias, como ha documentado la organización Human Rights Watch. El VIH/sida está siendo usado deliberadamente como arma de destrucción masiva. Aquellos soldados que resultan ser seropositivos son enviados al Norte con la misión de causar los máximos estragos en las jóvenes y mujeres locales. Como consecuencia, el contagio por VIH se ha disparado desde casi cero hasta la asombrosa cifra de entre el 30% y el 50% (la prevalencia en el conjunto del país es del 6,4%).
La campaña gubernamental de deshumanización de los acholi y de otros pueblos del norte ha mantenido a la mayoría de los ugandeses en la ignorancia de esta situación o, lo que es peor, indiferente a sus dramáticas circunstancias. Al igual que quienes en los últimos tiempos se han dedicado a sembrar el odio en Ruanda o en los Balcanes, los dirigentes ugandeses han atizado el racismo étnico para conservar el poder. “Esa gente no son seres humanos, son sustancias
biológicas […] que deberían ser eliminadas”, dijo el comandante Kajabago Karushoke, el principal ideólogo del Gobierno. La ignorancia es tan poderosa como el vitriolo. El periodista ugandés P. K. Mwanje escribió que “los ugandeses al sur del río Nilo y sus amigos [la comunidad internacional] no conocen el genocidio que está teniendo lugar en el norte del país”.
Las embajadas, agencias de Naciones Unidas, ONG y organizaciones de derechos humanos saben perfectamente las dificultades por las que pasan los acholi. Pero quienes están en posición de alzar su voz eligen permanecer en silencio o, aún peor, hablar a favor del régimen de Museveni. A pesar de 20 años de trayectoria caracterizados por el Gobierno de partido único, la corrupción generalizada y la invasión y saqueo de la vecina República Democrática del Congo, Museveni todavía es presentado en la política y los medios de comunicación occidentales como representante del nuevo tipo de dirigente africano. El presidente ugandés invitó, hábilmente, a la Corte Penal Internacional a investigar los crímenes cometidos en el Norte, aunque el tribunal parece haber sido orientado cuidadosamente hacia el ERS (y en dirección opuesta al Gobierno).
El genocidio del norte de Uganda supone una prueba crucial para la declaración de la ONU sobre la “responsabilidad de proteger”, solemnemente adoptada por los dirigentes mundiales en la cumbre especial del organismo de septiembre de 2005. Por ella, los países se comprometen a actuar conjuntamente para salvaguardar a las poblaciones expuestas a graves amenazas para su existencia cuando su gobierno no es capaz de hacerlo o es el instrumento de su sufrimiento.
Al tiempo que firmaban ese documento, los líderes estaban eludiendo su compromiso con este pueblo ugandés. Es fundamental actuar con urgencia para salvarles y cumplir esa promesa de la comunidad internacional. Deberían desplegarse inmediatamente observadores internacionales independientes que informen de las atrocidades que se cometen y de las condiciones de vida en los campos. La comunidad internacional debe exigir el desmantelamiento de todos ellos en las regiones acholi, lango y teso y la aplicación de un programa de reasentamiento.
El norte de Uganda pondrá a prueba la madurez del instinto humanitario del mundo. Un humanitarismo responsable debe ser global. El activismo en defensa de Darfur es loable, pero la preocupación de la comunidad internacional debe ir más allá de la crisis del día. El humanitarismo debe ante todo ser inteligente. Por muy aterrador que sea el ERS, los pueblos del norte de Uganda tienen más que temer de su propio Gobierno. Ha llegado el momento de que el mundo entienda esto.
