Las crisis de los 70 derivaron en el euro y un mercado único muy integrado. ¿Qué régimen económico necesitará construir la UE después de las crisis de la última década?
“Europa se forjará en las crisis, y será la suma de las soluciones adoptadas para esas crisis”. Cinco años antes de que Jean Monnet, uno de los padres fundadores de Europa, escribiera esas palabras en 1976, el entonces Preseidente estadounidense, Richard Nixon, había suspendido la convertibilidad del dólar en oro y, de esa forma, había puesto fin al sistema de tipos de cambio fijos de Bretton Woods. La ruptura de Bretton Woods provocó la inestabilidad monetaria en Europa Occidental, lo cual, a su vez, hizo más difícil el comercio y las inversiones. Cuando Monnet escribió esa frase, la crisis del precio del petróleo estaba disparando la inflación. El hecho de que los mercados de bienes y trabajo de Europa fueran poco competitivos y estuvieran aún bastante cerrados a los extranjeros, hizo que las economías europeas tardaran en adaptarse a las convulsiones.
El régimen económico actual de la UE es la suma de las soluciones adoptadas tras las crisis de los 70. En 1979, la Comunidad Económica Europea creó el Mecanismo de Tipos de Cambio, que reintrodujo un régimen de tipos de cambio controlados en Europa y culminó en la moneda única. Con el objetivo de expandir el comercio y las inversiones, el Acta Única Europea de 1986 implantó unas reglas comunes y una observancia más estricta y, logró que la economía europea fuera más eficiente. Después de 10 años de apagar los incendios de la Gran Recesión de 2008-2009, la crisis del euro de 2010-2012 y la crisis migratoria que estalló en 2015, ha llegado la hora de preguntar: ¿qué régimen necesita la economía europea de aquí a 2030?
La economía de Europa está recuperándose y la UE en su conjunto tiene unas tasas de crecimiento similares a las de antes de la crisis. Las inversiones están acelerándose, lo cual despierta esperanzas de que hayamos dejado atrás, por fin, una década de escaso crecimiento de la productividad. Sin embargo, después de la recuperación actual, lo más previsible es que la economía europea crezca más despacio que antes de 2008, debido al envejecimiento de la población y las heridas causadas por la crisis.
Al mismo tiempo, están produciéndose grandes cambios. En la próxima fase de la globalización, impulsada por la tecnología digital, será más fácil vender y comprar servicios a través de las fronteras. Pronto será posible que unos técnicos alemanes arreglen a distancia maquinaria situada en China, utilizando la telerrobótica, por ejemplo. Por un lado, la automatización y la inteligencia artificial aumentarán la productividad, pero también desplazarán a cierto número de trabajadores. Además, el pasado nos invita a pensar que en la próxima década habrá dos recesiones más; sin embargo, la eurozona sigue careciendo de los instrumentos anticíclicos necesarios para estabilizar con rapidez su economía.
La circulación de personas dentro de la Unión está disminuyendo, pero la migración de trabajadores jóvenes y cualificados hacia el núcleo de la UE tiene repercusiones en la convergencia económica y en la sostenibilidad de los Estados del bienestar de los países que abandonan. Mientras tanto, parece que el número de inmigrantes que llegan a Europa va a seguir siendo muy elevado y tal vez incluso se acelere: la población joven en África y Oriente Medio es mucho mayor que la de América Latina en los 70. 80 y 90, que es la que incrementó la migración a Estados Unidos y contribuyó a la radicalización del Partido Republicano.
Todas estas tendencias tienen consecuencias para el crecimiento general de Europa, en que los países más pobres puedan ponerse a la altura de los más ricos y que el proyecto europeo pueda, o no, sobrevivir políticamente. A diferencia de los 70, las soluciones a los problemas actuales de la UE le exigen involucrarse en el reparto de los costes y beneficios del cambio tecnológico, del peso de la adaptación a las recesiones y de los inmigrantes que llegan de fuera entre los Estados miembros.
Los cambios tecnológicos y la deslocalización continua harán que sea más difícil para los países más pobres de la UE seguir un modelo de crecimiento industrial basado en las exportaciones. La proporción de trabajadores europeos empleados en el sector industrial ha disminuido, a pesar de que la producción ha aumentado. La Unión seguirá recurriendo a la política de competencia y creando normas y criterios para intentar impedir que los monopolios digitales perjudiquen los intereses de los consumidores. Pero también podría esforzarse más en evitar que la mayor parte de la producción de nueva tecnología digital se lleve a cabo en EE UU y China. La Unión y los Estados miembros podrían dedicar más dinero a investigación, desarrollo y a la difusión de las nuevas tecnologías por toda la economía, y menos a infraestructuras físicas y subsidios agrarios. Los fondos de la UE deberían concederse a las instituciones y empresas con más capacidad de usarlos de manera eficaz, que seguramente estará en los países más ricos, y eso conduciría a tener que preguntarse qué estrategias industriales pueden emplear los Estados miembros más pobres.
La eurozona ha creado tanta tensión desde 2010 porque los Estados miembros tenían que decidir quién pagaba las deudas contraídas en los años anteriores a 2008. Estos asuntos del reparto, normalmente, eran competencia de las naciones-Estado, que, de forma democrática, determinaban quién salía ganando y quién perdiendo. La crisis de la eurozona obligó al rescate del sector bancario europeo y a Grecia, y el Banco Central Europeo ha conseguido rebajar los tipos de interés en el sur de Europa mediante el programa de Transacciones Monetarias Directas (con el que el BCE promete comprar la deuda soberana de un país miembro al borde del impago) y la flexibilización cuantitativa (con el que el BCE compra la deuda soberana de todos los Estados miembros con dinero recién creado). Pero a los deudores no se les ha permitido que incumplan sus obligaciones. Y esas deudas tan pesadas son manejables por ahora, pero es posible que, cuando lleguen las próximas recesiones, el BCE no pueda seguir manteniendo los costes del endeudamiento a niveles tan bajos. Si los países de la eurozona no logran ponerse de acuerdo en un programa que garantice seguros de depósitos y un fondo de resolución para los bancos en dificultades, existe el peligro de que los Estados miembros acaben arrastrados por los bancos que hayan quebrado en su jurisdicción. Hasta ahora, Alemania, Holanda, Austria y otros países han logrado frustrar los intentos de repartir los costes de las recesiones de forma más equitativa entre acreedores y deudores. Las dos recesiones que se prevén de aquí a 2030 obligarán seguramente a plantearse la cuestión.
En unas sociedades envejecidas y de escaso crecimiento, la política tiende a estar dominada por los problemas distributivos. Esta es una preocupación especialmente importante en países como Alemania, Italia y algunos Estados de Centroeuropa, que tienen tasas de natalidad bajas o tasas de emigración bajas. En los países miembros más pobres, la pérdida continuada de trabajadores jóvenes y cualificados hará que sea más lenta su convergencia con los Estados más ricos.
La inmigración descontrolada desde fuera de la zona Schengen ha hecho que aumente el respaldo a los partidos nativistas y antieuropeístas, sobre todo por cuestiones de reparto: Italia y Grecia han pedido la solidaridad de otros países, pero la respuesta de Polonia, Hungría, la Republica Checa y muchos otros ha sido acoger a muy pocos de esos solicitantes de asilo. A largo plazo, es probable que se incremente la presión para coordinar de forma más detallada los regímenes de inmigración y asilo de los Estados miembros. Los inmigrantes y refugiados a los que concede la nacionalidad un país de la UE tienen derecho a trasladarse a otros Estados miembros. Y todo indica que las llegadas a la Unión no van a disminuir, sino todo lo contrario.
Da la impresión de que la UE tendrá que ser menos tecnocrática y, aunque siga dedicando su atención a la eficacia, serán necesarias unas instituciones y unas normas que permitan distribuir los costes y beneficios del cambio económico de una forma que las opiniones públicas nacionales consideren justa. No será fácil.
La versión original y en ingles de este artículo fue publicada con anterioridad aquí. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
