La llegada del primer ministro Fayez Serraj y su Consejo Presidencial a Trípoli abre una nueva página en la transición libia. Mientras el Gobierno de Unidad Nacional (GNA, en siglas en inglés) patrocinado por la ONU se establece en un clima de “tenso optimismo”, los retos que imponen las facciones enfrentadas pueden lastrar su éxito futuro.
El pasado 30 de marzo, Fayez Serraj y los miembros de su propuesto Consejo Presidencial sorprendían a la mayoría de la población libia (y buena parte del extranjero) con un inesperado desembarco en las costas tripolitanas. Era lo que la comunidad internacional llevaba meses esperando. Concretamente desde que en febrero 101 diputados del considerado como legítimo Parlamento libio, la Casa de Representantes, con base en Tobruk, se tomasen la legitimidad por su mano y decidiesen respaldar el Gobierno de Unidad Nacional de Serraj, patrocinado por Naciones Unidas.
El detonante fue el hartazgo ante el continuo boicot de la votación oficial por parte de milicias alineadas con lo que el ex enviado especial de la ONU para Libia, el español Bernardino León, solía llamar hardliners. La presión de países como Francia, Reino Unido, Italia y EEUU, hizo el resto. A falta de la votación oficial de la Cámara, la declaración sirvió para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acabase por finiquitar sobre el papel el conflicto institucional que ha atascado la política libia −con dos gobiernos, dos parlamentos y dos coaliciones milicianas− desde el verano de 2014.
El definitivo espaldarazo, esta misma semana, ha llegado en forma de una nueva resolución que recuerda la llamada “a los Estados Miembros (de la ONU) a cesar el apoyo y los contactos oficiales con instituciones paralelas que se atribuyen la autoridad legítima”, esto es, el Congreso General de la Nación (CGN) en Trípoli y el Gobierno de Abdulá Tini mantenido por la Cámara de Representantes en Tobruk. Ninguna de las dos reconoce al nuevo GNA.
En un escenario aún incierto sobre el que el único consenso oficial es el de contar con un único “interlocutor válido”, el ministro de Exteriores galo se ha apresurado a afirmar que Francia y sus socios deben estar “preparados para responder si el GNA pide ayuda, incluida militarmente”.
La urgencia del mensaje se interpreta en los corrillos periodísticos en Trípoli como un golpe de efecto ante las divisiones en la diplomacia occidental con respecto a Libia, dividida, como apuntaba el experto del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, Mattia Toaldo, entre “diplomáticos que creen que no puede haber intervención militar sin una estrategia política y miembros del establishment de la Defensa que piensan que no podemos perder más tiempo”.
Es la misma urgencia que ha lanzado al GNA a la toma de la capital, como única entidad sobre la que existe consenso para atender la invitación de una intervención internacional contra Daesh (acrónimo despectivo en árabe para el Estado Islámico), que ha hecho de Sirte en particular, y Libia, en general, su base norafricana.
En los cafés de Trípoli, sin embargo, la expectativa de liquidez en los bancos ha sustituido la cháchara sobre Daesh y el terrorismo que Libia exporta a la región, según las preocupaciones de vecinos como Túnez, que envía jóvenes radicalizados a entrenar en Sabrata o Sirte, y recibe de vuelta amenazas de ataques que han enterrado el sector turístico, con un peso directo del 5% del PIB tunecino hasta 2013.
El regreso del papel moneda a los bancos libios es el primer gran desafío del GNA. Desde el domingo, primer día de trabajo del Gabinete de Serraj (el domingo es, en Libia, el equivalente al lunes en Europa), los ciudadanos que abandonan las colas a las puertas de oficinas bancarias lo hacen con el convencimiento de que “mañana llega el dinero”, tras meses de corralito derivado de las sanciones internacionales que impuso en todo el territorio un límite de 200 dinares (apenas 50 euros al mayor cambio en el mercado negro) para los primeros en llegar. En un solo día, el precio del euro bajó en las calles a los 2,8 dinares desde los 4 dinares.
Tanto el Banco Central de Libia (BCL) como la Compañía Nacional de Petróleo (NOC, en siglas en inglés) se han posicionado del lado de Serraj y el GNA, cuyo desembarco abre la perspectiva de levantar el embargo sobre activos libios. Antes, debe acumular poderío como para ordenar los pagos del BCL que, en la proclamada “neutralidad” de la última etapa de desgobierno, ha mantenido, al menos hasta principios de 2016, los sueldos a milicias enfrentadas en una guerra civil por todo el territorio libio.
El asunto del petróleo es, aún, más espinoso. Desde que en 2011 concluyese el levantamiento que acabó con los 42 años de dictadura de Muamar Gadafi, la producción de hidrocarburos (un 80% del PIB y 99% de ingresos del Estado) cayó a niveles de descalabro. Solo durante breves períodos en 2012 y 2014 el número de barriles extraídos de las mayores reservas de África (y novenas del mundo) consiguió acercarse a los 1,5 millones diarios de la época gadafista.
El control de las instalaciones, por las que pugna ahora también Daesh, es otra de las claves del futuro éxito o no del GNA. Y este recae, en gran parte, en su habilidad por pacificar las luchas intestinas y unificar bajo su mando o anular a las fuerzas milicianas en competencia. Pese al respaldo político sobre el papel, la arena libia es mucho más movediza, como demuestran los quiebros en las declaraciones de lealtad por parte de las decenas de grupos con solera suficiente como para desestabilizar la balanza de la seguridad.
Un ejemplo es el último movimiento de Ibrahim Yadran, aliado de la Casa de Representantes, que ha proclamado la afiliación de su Guardia de Instalaciones Petrolíferas al Gobierno de Unidad, lo que otorga a Serraj el control sobre los pozos y puertos del este. Del acuerdo se ha desgajado una importante brigada, que ha preferido mantenerse fiel al general Khalifa Haftar, hombre fuerte en Tobruk.
De hecho, la figura del general Jalifa Haftar en el ordenamiento de un eventual Ejército Nacional es uno de los puntos conflictivos en el futuro del GNA y de toda Libia. Su oposición y la de su camarilla a aceptar cualquier autoridad sobre las Fuerzas Armadas que escape a su control ha sido el mayor obstáculo en la adhesión de la Casa de Representantes al Pacto suscrito en diciembre.
El problemático general ya intentó un golpe de Estado contra el anterior Gobierno de Alí Zeidan antes de enzarzarse en una batalla contra los “terroristas” en Bengasi que cumplirá dos años en mayo. Su veto a uno tras otro de los nombres propuestos por Serraj para la cartera de Defensa ha retrasado hasta ahora el establecimiento del GNA. De momento, y hasta culminar la operación de “liberación”, nada hace intuir que esta inclinación pueda variar.
En Trípoli, la aparente uniformidad en el mando del Consejo Temporal de Seguridad sobre importantes milicias puede resultar en espejismo. El CTS se encarga de la seguridad de la base naval desde la que opera aún Serraj, quien se ha ganado hasta la simpatía de Haitham Tayuri, comandante de la segunda fuerza tripolitana y cuyos cambios de humor suelen ir acompañados por un cambio en su apoyo a un Gobierno u otro. Bajo el CTS están también las fuerzas de Abdulrauf Kara, que controla el aeropuerto de Mitiga, y Ghenewa, guardián de Abu Salim. Solo la capacidad por negociar esta y otras alianzas con pro-hombres milicianos determinará el éxito en la reorganización de la seguridad, piedra con la que tropezó desastrosamente Zeidan en 2013 y de cuyas arenas vienen estos barros.
En ese marco falta un pilar fundamental: Misrata se dibuja como una gran incógnita. La ciudad-estado se ha ganado a pulso el título tejiendo una red de influencias desde las entrañas del GNC y constituyendo con sus milicias su ejército paralelo, Fayer Libia. La poderosa brigada misratí Al Sumud amagó con presentar batalla tras el desembarco de Serraj, pero su retirada de Trípoli ha desconcertado a las brigadas misratíes que habían rechazado el apoyo del Consejo Civil al GNA. Como afirmaba un ex miliciano: “Misrata iba a enfrentarse a Serraj, pero Salah Badi (líder de Al Sumud) decidió que no sería el único en oponerse”.
La situación no es del todo desfavorable a la comunidad internacional que, militarmente, puede permitirse mantener el apoyo a Haftar en Bengasi (donde el asesoramiento francés y el patronazgo egipcio y qatarí han obrado un avance de sus tropas hasta controlar un 80% de la ciudad) y establecer una fuerza unificada en el oeste y el centro del país para enfrentar a Daesh en Sirte y Sabrata tan pronto como Serraj solicite ayuda internacional en forma de operación aérea.
Por mar, la Unión Europea aguarda su turno para escalar en la operación Sophia, el dispositivo militar desplegado frente a las costas libias para contener la llegada de migrantes y refugiados a Italia y Malta. Como en las costas, el GNA deberá devolver al país la ayuda para el control de 4.300 kilómetros de fronteras, fundamental para frenar no solo el tráfico humano desde Níger, Chad o Sudán, también el flujo de armas y combatientes desde y hacia el Sahel, donde amenaza con unificarse un Daesh al que se ha afiliado Boko Haram en Nigeria. El encuentro en Trípoli con el comandante italiano Paolo Serra, asesor militar de UNSMIL (Misión de Naciones Unidas para Libia), anticipa el regreso de la misión y del trabajo. La capacidad de Serraj para barrer las incógnitas bajo la alfombra y navegar el juego político de los actores libios y rematar el “tenso optimismo” marcará el devenir del país, inclinará la balanza de los apoyos internacionales y determinará estabilidad futura.
