La llegada del primer ministro Fayez Serraj y su Consejo Presidencial a Trípoli abre una nueva página en la transición libia. Mientras el Gobierno de Unidad Nacional (GNA, en siglas en inglés) patrocinado por la ONU se establece en un clima de “tenso optimismo”, los retos que imponen las facciones enfrentadas pueden lastrar su éxito futuro.
El pasado 30 de marzo, Fayez Serraj y los miembros de su propuesto Consejo Presidencial sorprendían a la mayoría de la población libia (y buena parte del extranjero) con un inesperado desembarco en las costas tripolitanas. Era lo que la comunidad internacional llevaba meses esperando. Concretamente desde que en febrero 101 diputados del considerado como legítimo Parlamento libio, la Casa de Representantes, con base en Tobruk, se tomasen la legitimidad por su mano y decidiesen respaldar el Gobierno de Unidad Nacional de Serraj, patrocinado por Naciones Unidas.
El detonante fue el hartazgo ante el continuo boicot de la votación oficial por parte de milicias alineadas con lo que el ex enviado especial de la ONU para Libia, el español Bernardino León, solía llamar hardliners. La presión de países como Francia, Reino Unido, Italia y EEUU, hizo el resto. A falta de la votación oficial de la Cámara, la declaración sirvió para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acabase por finiquitar sobre el papel el conflicto institucional que ha atascado la política libia −con dos gobiernos, dos parlamentos y dos coaliciones milicianas− desde el verano de 2014.
El definitivo espaldarazo, esta misma semana, ha llegado en forma de una nueva resolución que recuerda la llamada “a los Estados Miembros (de la ONU) a cesar el apoyo y los contactos oficiales con instituciones paralelas que se atribuyen la autoridad legítima”, esto es, el Congreso General ...
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