Sin estatus legal, los rohingyas viven en un limbo privados de derechos humanos básicos. Sin poder volver a lo que un día fue su hogar y sin la posibilidad de encontrar uno nuevo.
El 25 de agosto se cumplieron 5 años desde que el Ejército de Myanmar desarrollase una operación de limpieza étnica contra los rohingyas, una minoría musulmana originaria del país, al que el Gobierno birmano privó de nacionalidad en 1982. Si bien esta operación no fue la primera de estas características, sí fue la de mayor envergadura, obligando a más de medio millón de personas a abandonar sus hogares y cruzar a Bangladés, país donde no se les reconoce oficialmente como refugiados.
Tras cinco años de violencia y huidas, la emergencia humanitaria derivada de esta operación sigue siendo abrumadora. Casi un millón de personas siguen viviendo en campos superpoblados y refugios de bambú, principalmente en el estado de Rajine y Bangladesh que, si bien una vez fueron temporales, ahora son lo más parecido a un hogar al que parecen poder aspirar. Sin libertad de movimiento dentro y fuera de los campos, la calidad de vida de este pueblo carece de las condiciones básicas de saneamiento, agua y protección.
La población rohingya, la mayor comunidad apátrida en el mundo según Médicos sin Fronteras (MSF) con una población de alrededor de un millón de personas, vive atrapada entre la persecución en su país de origen y el confinamiento en Bangladés. Sin nacionalidad, terceros países no les brindan el estatus de refugiados, despojándolos de sus derechos humanos y negándoles el acceso a servicios básicos como el empleo o la educación. Un pueblo atrapado en un limbo por el que la desesperanza campa a sus anchas.
