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Manifestación de ciudadanos y estudiantes argelinos contra el Gobierno, junio 2021. Mousaab Rouibi/Anadolu Agency via Getty Images

He aquí todo lo que falla en la política europea hacia la región MENA y por qué la UE debería invertir capital político en proteger las libertades fundamentales en la vecindad sur.

En febrero de 2021, la UE adoptóUna nueva agenda para el Mediterráneo”, que aspira a presentar una asociación renovada y mutuamente beneficiosa con los países vecinos del sur. La agenda se centra en las inversiones económicas y gira en torno a cinco áreas políticas clave: desarrollo humano, buena gobernanza y Estado de derecho; transición digital; paz y seguridad; migración y movilidad; y transición ecológica.

Si bien la nueva agenda tiene como objetivo apoyar los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, el Estado de derecho y la buena gobernanza y empoderar a los jóvenes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en la región, queda por ver si la UE es capaz y está dispuesta a aplicar estos compromisos en su cooperación y sus relaciones con sus vecinos del sur de una manera que refleje las aspiraciones de los pueblos y satisfaga sus necesidades. Esto resulta bastante dudoso dado que la nueva agenda no aborda el impacto devastador de las políticas de externalización europeas, sino que solo reafirma el Nuevo Pacto Europeo sobre migración y asilo como un marco de acción problemático.

 

La ausencia de legitimidad tiene una correlación con las restricciones a la libertad de expresión

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Protesta por la muerte del activista palestino Nizar Banat, junio 2021. Mamoun Wazwaz/Anadolu Agency via Getty Images

Aunque las situaciones varían de un país a otro, los gobiernos han utilizado estrategias similares para reprimir y silenciar a la oposición y a las voces críticas en la región de Oriente Medio y África del Norte (MENA, en sus siglas en inglés). Las herramientas utilizadas más habitualmente para reprimir la libertad de expresión en la región han variado desde la censura y el control de Internet, hasta el acoso, arresto, enjuiciamiento, tortura y asesinato de activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas. Las mujeres defensoras y activistas por los derechos humanos en la región se enfrentan a una represión y ataques agravados.

Bajo el pretexto de “combatir el terrorismo”, el procesamiento de defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas pacíficos se ha convertido en una práctica recurrente, así como su detención arbitraria, los malos tratos y torturas, las agresiones físicas y los asesinatos, entre otros, con el objetivo de coartar su libertad de expresión, de asociación y de reunión. Estados como Marruecos también han utilizado cuestionables acusaciones de agresión sexual para desacreditar y encarcelar a periodistas.

Desde la pandemia de la COVID-19, las restricciones a la libertad de expresión se han disparado en muchos lugares de la región (y del mundo), ya que gobiernos como los de Jordania y Argelia se han aprovechado de la emergencia sanitaria para justificar la censura de los medios de comunicación y el silenciamiento de la disensión, incluso mediante la aprobación y/o ampliación de leyes que penalizan la desinformación y otras que restringen el acceso a la información, así como con la detención de periodistas y activistas. De hecho, en 2020 se produjo un aumento de la censura en Internet y de las violaciones a la privacidad digital.

En la Palestina ocupada, a través de su proyecto de asentamientos de colonos, aplicado mediante un sistema de opresión, persecución, limpieza étnica y apartheid, Israel ha intensificado sus ataques sistémicos e institucionalizado campañas de difamación contra los defensores de los derechos humanos palestinos, los activistas y la sociedad civil para evitar que saquen a la luz las violaciones de Israel contra el pueblo palestino y frenar también los esfuerzos para que rinda cuentas. Un buen ejemplo es la campaña de represión de Israel contra los palestinos iniciada en abril de 2020, que ha incluido un uso de fuerza excesiva y letal contra manifestantes, detenciones masivas, tortura y malos tratos y otras formas de medidas punitivas y castigos colectivos. Mientras tanto, la Autoridad Palestina ha restringido y censurado la libertad de expresión y de prensa, incluso mediante leyes, criminalizando a activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas. Los aparatos de seguridad de la Autoridad Palestina lo han facilitado llevando a cabo allanamientos de domicilios particulares, detenciones arbitrarias y ataques, como ha quedado patente en el reciente asesinato del activista palestino Nizar Banat.

 

La terrible situación de atrapamiento de migrantes y refugiados auspiciada por la UE

La obsesión por las devoluciones ha caracterizado el enfoque de los Estados e instituciones de la UE respecto a la migración en la región euromediterránea, lo que ha llevado a graves violaciones de los derechos humanos, pérdidas de vidas incalculables y un gran sufrimiento humano. Las políticas de migración de la Unión han contribuido a la erosión de principios fundamentales como el derecho a la vida y continúan siendo indefendibles. Los Estados miembros e instituciones como Frontex han cooperado con los países de la región MENA para detener las salidas y asegurarse de que las personas sean desembarcadas fuera de las costas europeas, incluso si eso significa dejarlas atrapadas en países inseguros.

Esta estrategia de externalización ha sido diseñada para permitir que la UE y los Estados miembros eludan su responsabilidad bajo las leyes internacionales y europeas, con el fin de mantener a raya a aquellos considerados indeseables. La situación queda perfectamente ilustrada en Libia, donde el atrapamiento esponsorizado por la UE continúa sometiendo a los migrantes a abusos horribles, en lo que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado un “desprecio letal por las personas desesperadas”.

En un contexto en el que los grupos armados asociados al Estado dominan todas las instituciones, la UE y sus países miembros han mantenido el apoyo material y económico a las autoridades libias a pesar de las importantes denuncias de participación en graves violaciones de derechos humanos como la trata de personas, la tortura, el trabajo forzoso y los abusos sexuales. Al hacerlo, la Unión está participando en empujar ilegalmente a los migrantes de vuelta a los abusos de los que buscan escapar a la vez que hacen un mal uso de sus propios fondos. Esta situación se ve agravada por informaciones de que se deja morir de forma consciente a algunos migrantes, de hambre o ahogados, y de que las operaciones de búsqueda y rescate que llevan a cabo las ONG se ven obstaculizadas y criminalizadas.

 

Convertir los derechos humanos en una realidad en la agenda de la UE para los vecinos del sur

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Migrantes procedentes de Libia son rescatados por la ONG Open Arms en las costas de Malta. Carlos Gil Andreu/Getty Images

Dado el deterioro de la situación de las libertades fundamentales en la región y las políticas migratorias cada vez más restrictivas y deshumanizadoras posibilitadas o llevadas a cabo por la UE, es probable que la nueva agenda europea siga siendo abstracta, con pocos esfuerzos auténticos que permitan el cambio estructural necesario en la región y la consecución de derechos, libertades y dignidad para todos.

Con el fin de crear una asociación horizontal, que no prive a los ciudadanos de la región MENA de su capacidad de acción o que exonere injustamente a los gobiernos, la Unión debería evaluar y reconocer cómo ella misma ha contribuido al deterioro de los derechos humanos en la región.

Las potencias autoritarias y coloniales que están restringiendo las libertades y los derechos en la región dependen del crucial apoyo político, económico y militar de la UE y sus países miembros. La “reforzada asociación mediterránea” sonará vacía si la Unión Europea no reconoce las muchas maneras en las que ha permitido la incesante violencia auspiciada por los Estados en la región.

Por ejemplo, la UE ha proporcionado herramientas de vigilancia y asistencia legal a los gobiernos con el fin de delegar en ellos el control de la migración, pero todo esto también se utiliza para negar libertades fundamentales. La implementación de la nueva agenda de la Unión requeriría que la Comisión Europea promulgara con urgencia procedimientos estrictos de diligencia debida y evaluación de riesgos, garantizara la transparencia, el escrutinio parlamentario y la supervisión pública del recientemente centralizado Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional y concentrara los recursos en los actores e instituciones que protegen derechos y libertades.

Con el fin de renovar de manera real su asociación con sus vecinos del sur, la UE debe invertir capital político en proteger las libertades fundamentales, no como una nota a pie de página, sino como una condición esencial para la cooperación con los gobiernos de la región MENA. La “agenda centrada en las personas” de la Asociación Renovada requiere que la Unión apoye activamente a los agentes de cambio locales y a los defensores de los derechos humanos y dé prioridad a las demandas de las poblaciones locales. Esto significa ejercer una presión fundamental para proteger la libertad de asociación y expresión, así como un apoyo más decidido a los movimientos de base, como el Hirak argelino. Aunque la agenda renovada sí menciona la Primavera Árabe, durante los últimos 10 años la UE ha ignorado en gran medida las razones y el significado de estos levantamientos, favoreciendo el statu quo por encima de cambios institucionales inciertos.

Con el fin de promover una verdadera “agenda para el Mediterráneo nueva, ambiciosa e innovadora”, la UE también debe reconocer el impacto perjudicial de las políticas focalizadas en la estabilidad y la seguridad para los ciudadanos de la región MENA y para los propios objetivos de la UE en lo que se refiera a resiliencia, seguridad, desarrollo económico y la amenaza que representa para los intereses estratégicos europeos.

Si bien la UE reconoce que la democracia y los derechos humanos constituyen la piedra angular de las sociedades estables, justas, inclusivas y prósperas, hasta ahora solo ha aplicado estos compromisos de forma selectiva. La falta de voluntad de la Unión y de los Estados miembros para hacer respetar el Derecho internacional y los derechos humanos no puede exponerse de forma más cruda que en Palestina, como lo ilustra el apoyo cada vez mayor al apartheid israelí y a un Estado palestino hueco que la propia UE se niega a reconocer. La Unión se ha convertido en un patrocinador cómplice del colonialismo, la persecución, el apartheid y el autoritarismo contra el pueblo palestino.

Al mismo tiempo, la Unión Europea sigue ignorando el vínculo entre la migración irregular y la represión en Argelia, mientras que el reciente uso de los migrantes como arma política por parte de Marruecos solo ha servido para ilustrar que la UE se ha sometido de manera alarmante a los países autoritarios. La UE debe abordar la tragedia que ha creado en el Mediterráneo con su obsesión por reducir los flujos migratorios a cualquier precio, alimentada por el racismo sistémico, la islamofobia y la xenofobia. El compromiso de “hacer realidad el potencial sin explotar” de la región seguirá siendo una declaración vacía sin una drástica revisión de sus políticas de externalización, lo que todavía no parece estar en la agenda de la UE, según las recientes conclusiones del Consejo Europeo sobre Turquía o las informaciones de prensa sobre el uso del problemático Fondo Europeo de Paz en Libia.

 

 

Este contenido forma parte del especial y ciclo de debates

"Una nueva agenda para el Mediterráneo: 25 años de políticas de vecindad sur"

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