
He aquí todo lo que falla en la política europea hacia la región MENA y por qué la UE debería invertir capital político en proteger las libertades fundamentales en la vecindad sur.
En febrero de 2021, la UE adoptó “Una nueva agenda para el Mediterráneo”, que aspira a presentar una asociación renovada y mutuamente beneficiosa con los países vecinos del sur. La agenda se centra en las inversiones económicas y gira en torno a cinco áreas políticas clave: desarrollo humano, buena gobernanza y Estado de derecho; transición digital; paz y seguridad; migración y movilidad; y transición ecológica.
Si bien la nueva agenda tiene como objetivo apoyar los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, el Estado de derecho y la buena gobernanza y empoderar a los jóvenes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en la región, queda por ver si la UE es capaz y está dispuesta a aplicar estos compromisos en su cooperación y sus relaciones con sus vecinos del sur de una manera que refleje las aspiraciones de los pueblos y satisfaga sus necesidades. Esto resulta bastante dudoso dado que la nueva agenda no aborda el impacto devastador de las políticas de externalización europeas, sino que solo reafirma el Nuevo Pacto Europeo sobre migración y asilo como un marco de acción problemático.
La ausencia de legitimidad tiene una correlación con las restricciones a la libertad de expresión

Aunque las situaciones varían de un país a otro, los gobiernos han utilizado estrategias similares para reprimir y silenciar a la oposición y a las voces críticas en la región de Oriente Medio y África del Norte (MENA, en sus siglas en inglés). Las herramientas utilizadas más habitualmente para reprimir la libertad de expresión en la región han variado desde la censura y el control de Internet, hasta el acoso, arresto, enjuiciamiento, tortura y asesinato de activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas. Las mujeres defensoras y activistas por los derechos humanos en la región se enfrentan a una represión y ataques agravados.
Bajo el pretexto de “combatir el terrorismo”, el procesamiento de defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas pacíficos se ha convertido en una práctica recurrente, así como su detención arbitraria, los malos tratos y torturas, las agresiones físicas y los asesinatos, entre otros, con el objetivo de coartar su libertad de expresión, de asociación y de reunión. Estados como Marruecos también han utilizado cuestionables acusaciones de agresión sexual para desacreditar y encarcelar a periodistas.
Desde la pandemia de la COVID-19, las restricciones a la libertad de expresión se han disparado en muchos lugares de la región (y del mundo), ya que gobiernos como los de Jordania ...
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