El Consejo de Europa cumple 70 años. Su labor en defensa de la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos en toda Europa resulta esencial. Con motivo de su aniversario, merece la pena volver sobre su trayectoria y analizar la función que realiza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La pujanza de la Unión Europea ensombrece a otras organizaciones internacionales en el continente que también ejercen misiones fundamentales. Este es el caso del Consejo de Europa, la entidad paneuropea con 47 Estados miembros, que se dedica a fines tan importantes como la defensa de los derechos humanos, la democracia parlamentaria y el Estado de derecho. Para empezar, existe una confusión en el público entre el Consejo de Europa y el Consejo Europeo, cuando éste es en realidad el máximo órgano de la UE, donde se sientan los jefes de Estado y de gobierno de la Unión. En una comunidad internacional compleja, los ciudadanos informados deberían conocer la diferencia.
Un poco de Historia
La Guerra Fría dominó los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pero en ellos se sintió también la necesidad de construir un nuevo orden pacífico y democrático. El 4 de abril de 1949 se fundó la Alianza Atlántica, que respondía a la lógica de la Guerra Fría, y acabamos de celebrar los 70 años de la OTAN, una organización que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con éxito. Un mes después, el 5 de mayo de 1949 se creó en Londres el Consejo de Europa con 10 miembros fundadores. Además de los seis que años más tarde pondrían en pie la Comunidad Económica Europea, también estuvieron en el origen Irlanda, Noruega, Suecia y Reino Unido. Esta composición inicial demuestra dos cosas: fue una iniciativa europea (Estados Unidos no participaba), y tuvo el claro fin político de defender la democracia frente al comunismo que estaba consolidándose en el este de Europa.
La evolución histórica de la institución se divide en dos períodos. Durante las largas décadas de la Guerra Fría, el Consejo de Europa actuó solo en Europa occidental, sumando a las nuevas democracias. Portugal entró en 1976 y España en 1977, un año antes de aprobar la Constitución, como prueba de nuestra determinación sobre el modelo político al que aspirábamos. La segunda etapa de la organización está viviéndose desde el fin de la Guerra Fría, y es mucho más compleja. En los 90 se adhirieron los antiguos países comunistas de Europa central y oriental, incluyendo a Rusia en 1996. En los años 2000 entraron los Estados del Cáucaso y de los Balcanes. Hoy el Consejo de Europa ocupa todo el continente europeo, abarcando importantes países que no son miembros de la Unión, como Rusia, Suiza, Turquía y Ucrania, hasta llegar a los 47 Estados, mientras que Bielorrusia y Kazajistán son candidatos a la adhesión.
En los últimos años, los problemas políticos más espinosos que ha vivido el Consejo de Europa han sido provocados por las situaciones en Rusia y en Turquía. Tras el referéndum de anexión de Crimea a Rusia en marzo de 2014, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa decidió retirar el derecho a voto de los delegados rusos, por lo que estos no asistieron a las sesiones de 2016 a 2018, y Moscú dejó de pagar las cuotas a la organización. En enero de 2019, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, declaró que Rusia quiere seguir perteneciendo al Consejo de Europa pero esta participación tendrá que ser revisada en junio de este año, cuando debe elegirse un nuevo Secretario General en sustitución del noruego Thorbjørn Jagland. Si Rusia no participa en ese proceso, y si no se levanta la suspensión de sus derechos, anuncia que abandonaría el Consejo de Europa. Esto sería muy negativo. Es cierto que las relaciones con el Kremlin son difíciles, pero es preferible que permanezca dentro de la organización para asegurar una cierta supervisión de sus estándares de derechos humanos.
La crisis vivida en Turquía en 2016 llevó al Gobierno de Recep Tayyip Erdogan a derogar su participación en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta opción está prevista en el artículo 15 del Convenio, “en caso de peligro público que amenace la vida del Estado”. Turquía comunicó al Consejo de Europa sus normas constitucionales y la legislación de desarrollo declarando un estado de emergencia, que se extendió hasta el 19 de julio de 2018. En esta fecha, Ankara anunció que, al terminar el estado de emergencia nacional, terminaba también su derogación del Convenio Europeo, y este tratado volvía a aplicarse para ella. Este episodio ilustra las dificultades recientes de participación en los fines de la organización por parte de un país tan importante como Turquía.
La defensa de los derechos humanos y el Tribunal Europeo
El Consejo de Europa realiza diversas actividades para promover el imperio de la ley y la democracia parlamentaria en sus Estados miembros. Sin embargo, la función más característica y en la que se ha avanzado de manera espectacular es la defensa de los derechos humanos y libertades fundamentales. Esta labor se realiza a través de los tratados que definen esos derechos, por un lado, y por medio del control judicial supranacional. Este sistema ha dado lugar al esquema internacional para la defensa de los derechos humanos más avanzado del mundo.
El Convenio de Roma de 1950 hizo una primera definición de la lista de derechos y libertades que iban a ser protegidos. El derecho a la vida, a la libertad personal, a un proceso equitativo, a una ley penal con garantías, y libertades como expresión, pensamiento, reunión y asociación se describieron en formulaciones claras. El Convenio Europeo de Derechos Humanos se ha completado después con diversos protocolos, que aseguran nuevos derechos, como la propiedad, elecciones libres, libertad de circulación de los ciudadanos, prohibición de la pena de muerte, o indemnización en caso de error judicial. Éstos permiten cierta flexibilidad, porque los países miembros pueden decidir sobre su aceptación. Estos protocolos y el resto de Tratados auspiciados por el Consejo de Europa se encuentran en esta lista.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos vigila el cumplimiento del Convenio de 1950 y de los Protocolos en los distintos Estados miembros. Es una novedad absoluta en la Historia su capacidad de revertir decisiones de los órganos nacionales que sean contrarias a los derechos fundamentales. Los ciudadanos, las personas jurídicas y las ONG pueden dirigirse ante el Tribunal para reclamar un incumplimiento de cualquier país miembro. Las condiciones son haber agotado previamente los recursos internos, acudir al Tribunal en el plazo de seis meses desde la última decisión judicial interna, y enunciar claramente el artículo de los tratados que supuestamente se ha violado. Otra condición añadida recientemente es que la supuesta violación de derechos cause un “perjuicio importante”, porque el Tribunal recibe decenas de miles de demandas al año que debe filtrar. Sus decisiones son obligatorias, no admiten recurso en contra, y pueden dar lugar a una satisfacción equitativa de los Estados si se aprecia incumplimiento.
Los temas recurrentes ante el Tribunal son el buen funcionamiento de la administración de justicia, la protección de la propiedad y los tratos inhumanos o degradantes. Los países que más condenas han recibido son Rusia, Turquía, Rumanía, Ucrania, Grecia, Hungría e Italia, por este orden. Estadísticas aparte, las decisiones sobre los derechos más diversos (expulsión de extranjeros, derechos de los niños, sanidad y medio ambiente, privacidad y nuevas tecnologías, protección de fuentes periodísticas, etcétera) componen un monumental corpus jurisdiccional.
Algunos casos que afectan a España
España recibió una media de 8,8 sentencias condenatorias por año entre 2013 y 2017, por debajo de la media de Alemania (12,8), Bélgica (13), Francia (24) y Reino Unido (11,8). Estos datos dan muestra de la buena salud del Estado de Derecho en España. Igualmente, este país es muy activo en la promoción de los fines del Consejo de Europa. Sin embargo, el impacto mediático y social de las decisiones del Tribunal es muy grande. A ningún Estado le gusta comprobar que las actuaciones públicas fueron hechas en contra de los estándares internacionales de respeto de derechos humanos. Pero, visto con perspectiva europea, el control del Tribunal es un avance histórico necesario.
Este control internacional obliga a un respeto escrupuloso de las normas procesales y de las actuaciones públicas que afectan a los derechos individuales. Tanto las actuaciones policiales durante la crisis catalana como el juicio del procés en el Tribunal Supremo serán llevados seguramente a Estrasburgo por los independentistas, pero prima facie los distintos poderes del Estado han sido cuidadosos en el respeto de los derechos humanos (en particular, el juicio está siendo impecable), por lo que las decisiones futuras del Tribunal Europeo no deberían ser condenatorias.
Además, en algunos casos notables, el Tribunal de Estrasburgo no hizo más que constatar una contradicción de nuestro sistema jurídico. Esto es lo que ocurrió con la sentencia que revisó la doctrina Parot en 2013. El Tribunal Europeo entendió que la legislación penitenciaria española preveía la reducción de penas para delincuentes convictos juzgados según el Código Penal de 1973. La legislación y las sentencias posteriores no podían limitar esa reducción, debido a la irretroactividad de las leyes penales desfavorables. España quiso endurecer el sistema anterior porque, en efecto, era demasiado laxo, pero esta reforma no podía aplicarse a situaciones anteriores.
Cualquier actuación del Gobierno y cualquier decisión judicial en España son recurribles ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, si se cumplen las condiciones, y esto se aplica también a todos los países miembros del Consejo de Europa. Dicho control supranacional puede resultar a veces incómodo para los Estados, pero es un gran avance para los derechos humanos, que debería replicarse en otras regiones del mundo. Este sistema internacional no debe hacer temblar a la hora de aplicar el derecho en España por la sencilla razón de que la ejecutoria general en este campo es intachable, similar o mejor a la de otras grandes democracias europeas.
