La disputa territorial entre Costa Rica y Nicaragua ahonda la crisis en el proceso de integración centroamericano. ¿El sueño de una región unida se aleja?

 

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Ciudadanos nicaragüenses protestan contra Costa Rica en el Río San Juan, frontera natural entre ambos países, en abril de 2011.

 

 

Una buena descripción de la realidad centroamericana de los pasados dos siglos fue resumida por el historiador británico James Dunkerly como una “unidad en la diversidad”.

El istmo centroamericano se ha caracterizado por una unidad regional desde la época colonial, pero también por su fragmentación en provincias y Estados, así como por divisiones internas de carácter étnico, cultural, económico y político. El resultado es que esta pequeña región -521,876 km2 y 42 millones de habitantes, incluyendo a Belice- presenta un escenario fragmentado a pesar de las varias decenas de intentos integracionistas.

Uno de los factores que más ha afectado el escenario regional es la disputa territorial entre Costa Rica y Nicaragua. En julio de 2010 el canciller costarricense, René Castro, dio una autorización verbal para que Managua realizara trabajos de dragado en el río San Juan, a pesar de la negativa expresa del anterior gobierno por considerar que causaría daños a territorio tico. Una vez iniciados los trabajos a cargo de Edén Pastora –el «Comandante Cero»–, Nicaragua argumentó que isla Los Portillos o Harbour Head es nicaragüense, aunque aparecía en los mapas oficiales de ambos países como territorio costarricense desde la aceptación del Laudo Alexander en 1898. Por ello envió personal militar y civil a una porción de menos de 3 km2.

Después de la protesta de Costa Rica, que calificó el hecho de invasión militar, el asunto fue llevado a la OEA, a pesar de la oposición de Managua. Las resoluciones de esa instancia favorecieron a San José, que trasladó el asunto a la Corte Internacional de Justicia –que emitió el 8 de marzo medidas cautelares. Sin embargo, la aplicación de esas medidas dio lugar a nuevas confrontaciones y acusaciones mutuas. Este problema ha generado réditos políticos a ambos presidentes, Laura Chinchilla y Ortega. De hecho, algunos sectores consideren que se trata de un conflicto creado para desviar la atención de la opinión pública de otros temas más urgentes de las agendas doméstica y bilateral.

El proceso de integración ha pasado por prolongados periodos de crisis, con puntos críticos como la llamada “Guerra del Fútbol” (Honduras-El Salvador, 1969) y los movimientos insurgentes en las décadas de 1970 y 1980. Pero también momentos de auge como el establecimiento del Mercado Común, los acuerdos de paz de Esquipulas y la creación del Sistema de Integración Centroamericana (SICA). Sin embargo, hoy se enfrenta a una profunda crisis, que hace recordar la ausencia de diálogo de los 70.

El golpe de Estado en Honduras en junio 2009, el debilitamiento del SICA, los juegos político-electorales en todos los países y la disputa territorial entre Costa Rica y Nicaragua son algunos de los factores que han generado la actual crisis de la integración.

La destitución del presidente hondureño Manuel Zelaya hizo recordar que los derrocamientos no eran cosa del pasado y que la claridad sobre las relaciones civil-político-militares es una tarea pendiente. Pero junto con el golpe ha sido la negativa de Managua a reconocer al Gobierno de Porfirio Lobo lo que ha repercutido gravemente en la región.

El debilitamiento del SICA se evidencia en las diferencias sobre el enfoque de algunos programas y de quién debe asumir la dirección de los órganos regionales. Por ejemplo, la elección del Secretario General,  Juan Daniel Alemán Gurdián (nicaragüense), en enero de 2009, no generó interés y Costa Rica se mantuvo a distancia. Por el contrario, la decisión de nombrar al salvadoreño Ernesto Torres Chico (tras la destitución de la también salvadoreña Yolanda Mayora) como Secretario General de la SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana) a finales de 2010, provocó una crisis institucional: el nombramiento fue cuestionado por Panamá, Costa Rica y por el sector empresarial centroamericano. Incluso el tema llegó a las redes sociales y en Facebook se creó una página denominada “No a la elección ilegal del Secretario de SIECA”. La situación se “resuelve” al expirar el 29 de marzo el plazo para que los presidentes decidieran si se convocaba una nueva elección o se mantenía el nombramiento de Torres. El encuentro no se realizó.

A este escenario se suman los limitados y pobres resultados de la mayoría de las organizaciones regionales, que ponen en evidencia la ausencia de una identidad común y enfatiza la diversidad. Todo esto se ve acentuado por las crecientes diferencias entre gobiernos. En la práctica existen dos bloques y tres actores separados: Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), el G-2 (Costa Rica y Panamá), Nicaragua, Belice y República Dominicana; aunque también operan otros esquemas como el CA4 (Triángulo del Norte y Nicaragua). Se puede hablar de una integración a la carta que opera a distintas velocidades, según los diferentes ámbitos de acción. Esto permite a cada país adquirir compromisos bilaterales, aunque repercuta negativamente en el proceso regional.

Por otra parte, los juegos político-electorales en los países centroamericanos han adquirido características particulares, en contraste con la centuria anterior. En 2003 el ex presidente y premio nobel de la paz, Óscar Arias, logró –a pesar del criterio legal de otras instancias– que la Sala Constitucional derogara la reforma constitucional de 1969 que prohibía la reelección presidencial. Esto le permitió a Arias llegar por segunda vez en el periodo 2006-2010.

A este escenario se suman los limitados y pobres resultados de la mayoría de las organizaciones regionales

Esto abrió una puerta para que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, alegando similares argumentos, lograra que la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2010 decretara la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución; por lo que Ortega presentó su candidatura para optar por un tercer periodo en los comicios del próximo noviembre. Mientras que en Guatemala se recurrió a una vía distinta para superar la limitación del artículo 186, que impide a los familiares (por consanguinidad o afinidad) optar por el cargo presidencial. En este caso la esposa del mandatario Álvaro Colom, Sandra Torres, prefirió la vía del divorcio para evadir la normativa constitucional y presentar su candidatura para las elecciones de septiembre.

En definitiva, los eventos y procesos que tienen lugar dentro de los Estados, las relaciones bilaterales entre estos y el deterioro de los vínculos intrarregionales han provocado la crisis de la integración. Lo que parece necesario es un plan urgente si se quiere rescatar la unidad de Centroamérica. Sin embargo, la actual coyuntura no resulta la más propicia, el péndulo está del lado de la diversidad y la fragmentación.

Por el momento, las posibilidades para limpiar los canales de comunicación entre los gobiernos se centran en la próxima Conferencia Internacional de apoyo a la Estrategia de Seguridad (22-23 de junio) en Guatemala, a la que están invitados los mandatarios y una cumbre extraordinaria en San Salvador en julio. La pregunta es si asistirán todos los presidentes a esos dos encuentros. Sobre todo por el último antecedente: a la reunión del Consejo de Cancilleres y el encuentro de ministros de Seguridad, en San Salvador, 9 y 10 de mayo, no asistieron todos los cancilleres (solo Costa Rica y El Salvador) ni todos los responsables de la seguridad (únicamente El Salvador y Panamá), a pesar de ser una reunión preparatoria para la cumbre.

A comienzos de julio Mauricio Funes asumirá la presidencia pro tempore del SICA –en sustitución de Álvaro Colom–, y su principal reto será evitar la profundización de la crisis regional y restablecer el proceso integracionista. Sin embargo, el escenario estará claramente dominado por procesos electorales que tendrán lugar próximamente en Guatemala y Nicaragua.

 

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