¿Cómo podría refundar la UE la relación euromediterránea? He aquí algunas ideas.
El año 2021 ha estado repleto de aniversarios. Por un lado, el del Proceso de Barcelona, que hace 25 años fue el punto de inicio de tres instrumentos lanzados por la Unión Europea para la región: la Asociación Euromediterránea, la Política de Vecindad y la Unión por el Mediterráneo, acompañando así las políticas exteriores de los Estados miembro. También se ha producido una década desde el inicio de las llamadas Primaveras Árabes que transformaron el Mediterráneo, primero con los deseos de cambio político y económico de los pueblos árabes y después con la durísima represión de ese anhelo, con guerras y caos. La UE intentó adaptar su política exterior a la región, más cercana en el discurso a las demandas de la población, pero más centrada en la práctica en la seguridad, la estabilidad y los intercambios comerciales desiguales y extractivos.
Por este motivo, hemos organizado una serie de seminarios enfocados a pensar “Una nueva agenda para el Mediterráneo”. Lo hicimos en común, poniendo en conversación a personalidades de la academia, de la sociedad civil, miembros del Parlamento Europeo y representantes de partidos políticos y sindicatos. Especialistas que han aportado su análisis sobre lo que ocurre en la Vecindad Sur de la Unión Europea, y con los que hemos podido discutir sobre las claves para trazar una hoja de ruta para las dos orillas del Mediterráneo.
También organizamos este ciclo pensando en el presente: en la nueva agenda para la Vecindad Sur presentada en febrero de 2021 por el Alto Representante de Política Exterior y Seguridad de la UE, Josep Borrell, y cuyas conclusiones fueron aprobadas por el Consejo en abril. Pese a algunas novedades positivas –como la recuperación verde, digital, resiliente y justa–, la nueva agenda repite varios errores del pasado. Para empezar, insiste en una visión economicista centrada en las inversiones del norte hacia el sur que parece estar alejada de una realidad en la que la resiliencia difícilmente puede ser la respuesta a los retrocesos de las dos últimas décadas. La ‘nueva agenda’ mantiene su apuesta por una relación económica desigual, más securitización, la consolidación de la Europa fortaleza (con el Pacto de Migración y Asilo presentado en 2020) y por una ‘estabilidad’ para negociar que parece imposible teniendo en cuenta estos 25 años de relación y la fragilidad actual de los países del Sur.
El balance es aún más crítico si analizamos las políticas exteriores de los Estados miembro, especialmente de aquellos con mayor peso: en lugar de reforzar una acción comunitaria coordinada, han optado por desplegar acciones basadas en sus intereses económicos y securitarios.
El objetivo de estos seminarios ha sido, precisamente, escuchar al mayor número de actores posible para hacer una lectura cuidadosa del pasado y del presente y, a partir de ahí, proponer medidas de futuro que puedan refundar radicalmente la relación euromediterránea. En primer lugar, apostando por una visión que reconozca la interdependencia de ambas orillas del Mediterráneo, que son vecinas y enfrentan retos comunes. Solo tratándose de igual a igual –organizaciones regionales, países, movimientos sociales, sindicatos, empresas y otros actores– podremos poner en marcha reformas que estén al servicio de un desarrollo para los millones de personas que habitamos el mar común.
Para adaptar la relación entre la UE y la Vecindad Sur hay que realizar una revisión crítica y sincera de los factores que han impedido que las anteriores políticas de vecindad cumplieran sus objetivos. Más de 25 años después del Proceso de Barcelona, la Vecindad Sur se merece una agenda propia, construida de manera horizontal, que responda a los retos urgentes y resuelva cuestiones encalladas a las que no se ha dado solución durante este tiempo.
Una hoja de ruta centrada en los derechos
Con la crisis de la COVID, la UE ha abandonado las políticas de austeridad y es también el momento de que recapacite y reflexione sobre sus relaciones económicas con la Vecindad Sur. Si de verdad quiere promover los valores que dice defender, no puede poner en marcha políticas económicas extractivas, depredadoras de recursos, incompatibles con los derechos laborales y, en resumen, con los derechos humanos. Es urgente centrarse en un cambio de modelo económico, fomentando el crecimiento de las pymes, la economía social, los intercambios educativos y científicos y el desarrollo de la investigación. También debe apoyar el diálogo social antes de adoptar cualquier política de austeridad que pueda afectar a los derechos de las personas trabajadoras. La UE debe apostar por estrategias de trabajo decente y desarrollo sostenible, incluir de manera efectiva al movimiento sindical en las consultas nacionales y dinamizar el diálogo social.
En definitiva, sus acciones no pueden obviar las causas profundas de las protestas por la libertad, la igualdad y la justicia social. Esto pasa por el cumplimiento efectivo de la legislación y de las normas internacionales del trabajo, por someter las inversiones extranjeras al respeto de los derechos humanos y por activar las cláusulas sociales de los acuerdos, entre otras medidas. La política de vecindad debe, además, girar en torno a la seguridad humana, apostando por el desarrollo mutuo de los pueblos y unas mínimas condiciones de vida dignas para todas las poblaciones. Actualmente, las vidas de las dos orillas del Mediterráneo están amenazadas por el cambio climático, por la falta de soberanía alimentaria, por el estallido de conflictos y por el retroceso en derechos y libertades.
Una agenda realmente nueva para el Mediterráneo debe contribuir, en el corto y medio plazo, a destensar los conflictos en la vecindad europea y a prevenirlos en el futuro. Para ello, habrá que dotarla de los recursos necesarios para contribuir efectivamente a la construcción de paz, el respeto al derecho internacional y los derechos humanos, la seguridad humana, la igualdad de género y el desarrollo sostenible social, económica y medioambientalmente, siendo inclusivo e igualitario.
En el centro del proyecto euromediterráneo deben estar los derechos humanos en todas sus dimensiones. Todos y cada uno de ellos: los derechos de las mujeres; el derecho al medio ambiente, a la justicia climática y a la transición ecológica; el derecho a migrar; a tener vidas seguras y los mencionados derechos económicos y laborales. Para ello, es fundamental acabar con las políticas inhumanas de la Unión que supeditan los derechos humanos, los de las mujeres, de las personas migrantes, de las personas trabajadoras, etc. a sus intereses económicos y que solo han hecho crecer la inestabilidad y han hundido más si cabe las perspectivas de democracia de la región, ya muy lesionadas por muchos factores endógenos de la zona, especialmente el auge de los autoritarismos y una economía en beneficio solo de sus élites.
Pero nada podrá hacerse si las políticas europeas no acompañan las demandas de las mujeres en toda la vecindad árabe, especialmente en Líbano, Argelia e Irak, sus demandas de participación en la vida social, política y económica en pie de igualdad con los hombres. La nueva agenda del Mediterráneo tampoco puede estar basada en pactos que tratan de torcer la ley, como el Pacto Migratorio y de Asilo presentado por la Comisión hace un año. La política de migración debe abordar las causas que llevan a las personas a migrar o buscar refugio fuera de sus países, y no limitarse a ‘contener’ a aquellos que lo hacen. La contención de personas es contraria a los valores de la Unión y está al servicio de los intereses de la industria militar y de las mafias que hacen negocio con las vidas de millones de seres humanos.
Tampoco podemos pasar por alto la necesidad de colaborar en una transición ecológica justa. Tras el Ártico, el Mediterráneo es la segunda región del mundo más afectada por el cambio climático, y está en el centro de disputas geopolíticas por ser una zona de extracción y gestión de hidrocarburos. Deben ser las propias comunidades las que decidan cómo afrontar la explotación sostenible de sus recursos, frente a los macroproyectos pilotados por grandes multinacionales.
Apuesta decidida por la democracia
Por desgracia, sabemos que todos estos objetivos son papel mojado cuando algunos gobiernos autoritarios quedan legitimados y blanqueados en su relación con la UE. Europa no puede asumir como interlocutores válidos a regímenes que atacan los derechos y libertades fundamentales: debe priorizar la relación con los actores políticos, sociales, económicos e institucionales que los protejan, puesto que son la mejor garantía para potenciar una sociedad civil viva y democrática.
Además, no debemos olvidar que los pueblos ocupados deben ser parte de cualquier conversación que afecte a su territorio, porque son sujetos con derechos de participación política y están en primera línea de la defensa de los derechos humanos: desde el pueblo kurdo hasta el Sáhara Occidental, pasando por Palestina. La nueva política de Vecindad Sur de la UE debe pasar de las declaraciones a los hechos y dar un nuevo impulso político a las soluciones reconocidas por el derecho internacional para conflictos que duran ya demasiadas décadas.
Por último, hay que acabar con la descoordinación entre las políticas de la UE y las de los Estados miembro, así como ofrecer una política específica para cada uno de los países de la Vecindad Sur. En este sentido, España es uno de los que debería liderar un cambio de rumbo hacia una relación más cooperativa y menos competitiva con otros países y organizaciones regionales.
En conclusión, la nueva agenda para el Mediterráneo solo podrá tener éxito si supera los intereses económicos e incluye de una vez por todas las demandas de la sociedad civil, de los movimientos feministas, de la lucha ecologista y de la justicia social. Estas demandas existen a ambos lados del Mediterráneo y la política de vecindad de la UE respecto al sur no puede obviar que el desarrollo mutuo y la mejora de la vida de las poblaciones de una y otra parte del Mediterráneo son contradictorias con otras muchas de las políticas europeas y de los Estados miembro hacia la región: la inexistente política de migración y la estrategia de criminalización del migrante y de los y las profesionales que defienden sus derechos, el nulo escrutinio de la actividad de empresas europeas en la región o la carrera por el gas al tiempo que se pinta de verde la imagen de la Unión. Por justicia con las personas de la orilla sur y porque, si no se combaten, las consecuencias de la impunidad, las violaciones de derechos, la expulsión de personas, las guerras y la miseria acaban llegando a todos los lugares bañados por el mar común. Porque los retos son comunes y las respuestas deben serlo también.
Este contenido forma parte del especial y ciclo de debates
"Una nueva agenda para el Mediterráneo: 25 años de políticas de vecindad sur"
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