El país centroamericano ha demostrado no ser un Estado fallido, sino débil, en el que unas instituciones, aunque con deficiencias, y una sociedad cansada han sido el motor de cambio. Ahora toca ver hacia dónde se dirige Guatemala.
Los acontecimientos de los últimos meses en Guatemala han devuelto a la República centroamericana a la actualidad internacional, aunque esta atención e interés estén en relación con casos de corrupción política que han hecho que el propio presidente, Otto Pérez Molina, haya renunciado a su cargo. De esta forma se vuelve a repetir la imagen de un país que continúa, como así ha sido a lo largo de su pasado, atrapado por una realidad caracterizada únicamente por la injusticia y la impunidad.
Buena parte de los analistas que reproducen esta imagen creen que tanto el pasado como el presente demuestran de manera insistente que Guatemala es prácticamente un Estado fallido. De nuevo, las denuncias de corrupción en las que está implicada la misma vicepresidenta, Roxana Baldetti, o el yerno del presidente así lo demuestran. Si se atiende sólo a estos datos es posible volver a hacer la misma lectura pesimista que siempre se hace sobre el país. Pero es más importante contemplar todo lo que está ocurriendo. Las denuncias que se están produciendo se hacen gracias a la labor realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y por el Ministerio Público, mediante una acción concertada; son ellos los que han realizado labores de investigación y tramitado dichas denuncias. Además, no es posible tampoco obviar la reacción de la ciudadanía que, por primera vez, se ha manifestado en la calle contra la corrupción y ha exigido una regeneración democrática.
Esto no quiere decir que no exista una corrupción sistémica en Guatemala, ni la impunidad, entre otros muchos problemas, pero no es verdad que sea un Estado fallido, es débil. Esa debilidad estatal es la que favorece la corrupción sistémica que se está poniendo de manifiesto a través de los casos que han saltado a la luz pública. Pero no ha fallado porque las instituciones se han puesto a funcionar ante las denuncias de corruptelas que están siendo destapadas.
Estos casos afectan a diferentes miembros de la cúpula gubernamental y a altos funcionarios. La lista de acusados, detenidos, destituidos y sospechosos es prácticamente interminable. Renunció la vicepresidenta por el posible encubrimiento a su secretario personal, implicado en un millonario fraude fiscal conocido como ‘La Línea’. Esto ha generado una ola de indignación y críticas que ha hecho imposible su continuidad en el cargo y ha sido encarcelada.
Relacionados con el mismo caso se encuentran algunos de los 45 poderosos empresarios, jueces, militares y funcionarios de alto nivel, que han sido encarcelados por prácticas corruptas. Incluidos el presidente del Banco Guatemalteco y el del Seguro Social. En este grupo se encuentran otras tramas de corrupción y su denuncia ha coincidido prácticamente en el tiempo, lo que ha generado una mayor conmoción política y social, si cabe.
Esta crisis no sólo afecta a los implicados directos en casos de corrupción, sino también a aquellos que no han demostrado luchar enérgicamente contra los corruptos. Esto explica la renuncia, además, de la del poderoso ministro de la Gobernación, Mauricio López Bonilla, también la de la ministra de Ambiente, Michel Martínez, y el de Energía, Erick Archila. Al parecer, los tres dimitentes terminarían salpicados por irregularidades en contratos de compra de cámaras de vigilancia y en la expedición de una licencia ambiental.
En esta vorágine, desde el mes de abril, el país se levanta cada día con una denuncia de corrupción que pone de manifiesto la configuración de extensas y complejas redes de personas implicadas. El último y más sonado ha salpicado al propio presidente, Otto Pérez Molina, quién en un principio se mostraba firme en no dejar su cargo hasta que no finalizara su mandato en enero de 2016. Pero que se ha visto obligado a renunciar después de que las Fiscalía emitiera una orden de captura contra él por asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. Ahora se encuentra en prisión preventiva. Las declaraciones del mandatario no habían cambiado desde el inicio de esta crisis, pese a las demandas políticas y ciudadanas que había. Se había negado reconocer cualquier tipo de implicación con ninguna trama corrupta, hasta que la CIGIG y la Fiscalía pidieron investigarle y el Congreso de la República le quitase la inmunidad.
Todos los acontecimientos sucedidos, para muchos analistas, evidencia el inminente colapso del Estado guatemalteco que ha sido calificado, además de Estado fallido, como narcoestado. Sin embargo, ¿es esto así? Primero, hay que considerar que Guatemala no es un caso excepcional. Ni desde luego es fallido, pese a sus problemas de institucionalidad.
Guatemala no está sola
Desde principio de año, se han denunciado graves y tortuosas redes de corrupción en todos los países de la región, sin excepción. En gobiernos de izquierda y de derechas, en los países con instituciones mas sólidas, como Chile, o en los dos líderes de la región: Brasil y México. Tampoco se libran Colombia, Perú o Bolivia. De ahí que quizás convendría preguntarse no sólo que ha ocurrido en Guatemala, sino en la región en general.
Sin embargo, también es preciso considerar que las denuncias de corrupción no significan que haya más, sino que la que existe se está combatiendo. El hecho de que salgan a la luz casos de corrupción en la región no necesariamente es negativo. Muy al contrario puede ser positivo y saludable. Se pone de manifiesto la existencia de un esfuerzo institucional de transparencia que, hasta el momento, no se había realizado, y demuestra la posibilidad de que las instituciones pueden llegar a imponer la legalidad y en consecuencia reducir la impunidad.
Lo mas importante de todo es que estas denuncias demuestran que Guatemala no es un Estado fallido, puesto que si lo fuera las institucionales carecerían de capacidad para actuar como lo han hecho en el país centroamericano. Suatemala el dirigente espujar su cargo hasta que no ían de capacidad para actuar como lo han hecho en el país centroamericano. Pero sí es débil y es su debilidad la que hace posible la existencia de una corrupción sistémica, lo que no significa que las instituciones están bloqueadas y no puedan actuar.
Nunca se han conocido tantos casos de corrupción y tampoco la ciudadanía se había movilizado por este motivo. Tampoco Guatemala, en este sentido es una excepción. La indignación ciudadana se ha manifestado en todos los países de la región. Los ciudadanos guatemaltecos se han manifestado pacífica y ordenadamente en contra de una corrupción sistémica, que todo el mundo reconocía, gobernantes y gobernados, pero que nunca hasta ahora se denunciaba. Ciudadanos autodenominados “indignados”, han exigido mecanismos de control y que se combata.
Si hay que destacar alguna excepcionalidad en Guatemala es la existencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo dependiente de Naciones Unidas, que, con la autorización de las autoridades gubernamentales guatemaltecas, se instalo en el país desde 2007. Su actual presidente, el magistrado colombiano Iván Velásquez, es quien ha iniciado todas las investigaciones en marcha en colaboración con la Fiscalía.
La CICIG es un organismo único y debería ser imitado en otros países. De hecho la ciudadanía hondureña, también movilizada en contra de la corrupción, así lo está solicitando. Si bien se han podido cometer errores y proceder en ocasiones con parcialidad, como ha sido denunciado por diferentes corrientes de opinión en el país. Sin embargo, su existencia es una muestra de madurez y valentía por parte del Estado y de la sociedad guatemalteca que reconoció la existencia de problemas y el deseo de afrontarlos.
La corrupción paraliza el desarrollo político, económico y social. Pero cuando existe, y de manera sistémica, la única solución es combatirla, y bajo esta actitud ha de interpretarse su persecución. La denuncia acumulada de casos puede generar alarma y desconcierto social, pero si son procesos rigurosos y transparentes, y no cazas de brujas, no deja de ser un paso adelante, como puede llegar a serlo en Guatemala. El 6 de septiembre tendrán lugar las elecciones, aunque han quedado eclipsadas por las denuncias de corrupción y la indignación ciudadana.
Pese a todo, estas no van a ser unas elecciones corrientes. El nuevo gobernante que salga elegido en estos comicios va a ser observado muy de cerca por la ciudadanía que ha manifestado que no está dispuesta a consentir más corrupción. Todavía no es posible saber la pervivencia de este movimiento ciudadano, pero sin duda comienza una nueva etapa en el país y de extraordinario interés, puesto que los guatemaltecos quieren cambiar las cosas.
