En busca de vías alternativas en la lucha contra el narcotráfico.

 

AFP/Getty Images

 

Por primera vez en las Américas se ha abierto una ventana para consensuar una política en la lucha contra las drogas y superar el paradigma del prohibicionismo. Cabe destacar el papel clave de la Organización de Estados Americanos (OEA) que ha proporcionado las herramientas técnicas en el desarrollo de un debate estancando durante las últimas décadas. Los informes presentados por la OEA en cuanto a los escenarios y problemática de las drogas, se han establecido como documentos estratégicos para el desarrollo del debate planteado.

Por tanto, la 43º Asamblea General de la Organización, que se celebró en junio de 2013 en Guatemala, abrió una nueva etapa en las relaciones interamericanas que podría significar, por un lado, el fin del enfoque militarizado de la lucha contra la droga y, por el otro, la revaloración de la OEA que en los últimos años había experimentado un importante declive ante el auge de Brasil como potencia regional y la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

Al aumentar los índices de violencia por culpa del fortalecimiento de las redes del narcotráfico, el tema ha tomado un alto grado de importancia durante el último año, y ha promovido una discusión más profunda por parte de los Estados más afectados. América Latina se ha consolidado como la región del mundo donde las tasas de homicidio crecen constantemente, y aduce un total de 36,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Banco Interamericano de Desarrollo. De esta manera, el incremento de rutas y mercados de distribución en la región, se ha convertido en un argumento suficiente para impulsar una revisión de la política antidroga en la región.

Es así, como Guatemala y Uruguay han liderado una posición contundente para cambiar los escenarios de lucha y empezar un proceso de despenalización de la marihuana; actitud que no ha caído del todo bien en países como Estados Unidos, México y Panamá, quienes hasta ahora habían promovido sus actuaciones hacia la ofensiva militar y el fortalecimiento de estrategias sociales que no se encaminen a la despenalización. Gobiernos como los de Colombia, Perú y Chile han demostrado su actitud abierta en el camino de explorar nuevas alternativas.

El Presidente colombiano Juan Manuel Santos ha formulado un interés cada vez mayor para involucrar a los Estados menos afectados, así como un análisis en la manera de afrontar las amenazas planteadas por el crimen organizado. En este sentido, ha planteado la revisión de los resultados que se han obtenido hasta la actualidad y de ser necesaria la creación de una nueva estrategia que proponga resultados a corto plazo.

Por su parte, Perú se ha comprometido con el trabajo conjunto desde una óptica de responsabilidades compartidas y con el propósito de encontrar  un compromiso certero para erradicar esta práctica en los países productores como en los consumidores. Chile por medio de su canciller Alfredo Moreno, resaltó el interés de su país por controlar los procesos de oferta y demanda de las drogas en la región, pues la política actual no ha sido efectiva en la prevención y control de nuevos mercados.

Por otro lado, existen posiciones como la de Brasil en la cual se hace mención a la importancia de asumir el tema de las drogas desde una perspectiva integral, permitiendo involucrar aspectos de salud pública y estrategias socioeconómicas basadas en la educación y generación de empleo. En este sentido, se encajan las posiciones de Argentina, Paraguay, Costa Rica, Surinam, El Salvador, Venezuela, Ecuador y Belice; quienes han promovido una mayor importancia por las políticas fijadas en los individuos y no solamente en la desarticulación y confrontación de las redes criminales (vía militar).

Ante estas posiciones, la OEA ha convocado para 2014 un período extraordinario de sesiones para limar las diferencias y, sobre todo, conseguir el apoyo de EE UU a una política sin tabúes. Esto significa reconocer que la guerra contra las drogas que ya había declarado George Bush padre a inicios de los 90, ha fracasado. Una política alternativa sería el enfoque europeo de una estrategia integral incluyendo la despenalización, la prevención y programas de salud,  desarrollo alternativo, fortalecimiento institucional y cooperación policial.

Sería muy loable si la OEA consiguiera un consenso en este sentido que, al mismo tiempo, serviría para reforzar su posición y recuperar su protagonismo institucional en las Américas. Los obstáculos son evidentes: hasta ahora, EE UU ha sido muy reacio a adoptar políticas alternativas en materia de drogas y reconocer su parte de la culpa (sobre todo la venta de armas) y, además, había otros gobiernos contrarios a poner fin del prohibicionismo.

En todo caso, el problema de la droga no es una exclusiva de las Américas sino que debería involucrar a otros actores, entre ellos a Europa en cuya política de despenalización y cooperación se basa la estrategia de la OEA.  Una vez conseguido una política común en las Américas habría que iniciar un proceso de consulta con la UE que es el segundo mercado de la cocaína procedente de América Latina. En este sentido, se debería crear un diálogo tripartito.

 

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