Un hombre en Trípoli mira la cortina de humo que ha dejado la explosión de un depósito de gasolina cuasado por los enfrentamientos de las milicias en la ciudad. (AFP/Getty Images)
Un hombre en Trípoli mira la cortina de humo que ha dejado la explosión de un depósito de gasolina cuasado por los enfrentamientos de las milicias en la ciudad. (AFP/Getty Images)

He aquí los cuatro objetivos que importan más que el reconocimiento.

El 6 de noviembre, el Tribunal Supremo de Libia dictó que las elecciones parlamentarias celebradas este verano eran ilegítimas, con lo que una situación ya caótica pasó a ser mucho peor. La decisión pilló por sorpresa a la comunidad internacional, que no esperaba nada más que un fallo sobre la situación del Parlamento, que se instalara en Bengasi o permaneciera en Tobruk.

El dictamen dejó nula la enmienda al Artículo 11 del apartado 30 de la Declaración Constitucional, que estableció, la primavera pasada, la hoja de ruta de la transición libia y permitió la celebración de elecciones el 25 de junio de este año, con un amplio respaldo de los interlocutores internacionales y Naciones Unidas. De hecho, la Cámara de Representantes elegida en esa fecha y el Gobierno de Abdullah al Thinni, designado por los diputados, son las únicas instituciones libias reconocidas internacionalmente hasta el momento. Sin embargo, los grupos armados que se apoderaron de Trípoli en verano les obligaron a huir a Tobruk. Mientras tanto, los nuevos poderes en Trípoli restauraron el Congreso Nacional General (CNG), cuyos miembros eligieron a un primer ministro rival, Omar al Hasi. No obstante, ningún país ha reconocido todavía a su Gobierno, y varias de las principales instituciones de Libia, entre ellas el Tribunal Supremo, conservan su sede en Trípoli.

Al anular el plan establecido, que incluía las elecciones, el Tribunal Supremo eliminó la base legal para la existencia de la Cámara de Representantes y, de esa forma, situó a Estados Unidos y Europa ante un dilema: o rechazan el veredicto, alegan que se emitió bajo presiones de las milicias que controlan Trípoli y reiteran su reconocimiento de la Cámara de Representantes y el Gobierno de Al Thinni, o aceptan la decisión, que elimina el Parlamento instalado hoy en Tobruk, pero sin restablecer con claridad el CNG instalado en Trípoli.

En una declaración conjunta, Estados Unidos, Canadá y seis Estados miembros de la Unión Europea han dicho que están “estudiando atentamente la decisión del Tribunal Supremo, su contexto y sus consecuencias”, y destacan la necesidad de apoyar la mediación de la ONU para alcanzar un acuerdo político. En una declaración aparte, Egipto ha subrayado su “pleno respeto a la voluntad del pueblo, reflejada en las recientes elecciones en Libia”, y ha indicado en tono mesurado su rechazo al veredicto.

Los europeos no deben empantanerse en una discusión sobre la legalidad del veredicto y tampoco tiene mucho sentido discutir sobre cuál es el Ejecutivo legítimo en un país dividido. Hasta ahora, la Cámara de Representantes y el Gobierno de Al Thinni, instalados en Tobruk y Baida, han demostrado que son incapaces tanto de gobernar el país como de llegar a una solución de consenso. Una consecuencia del veredicto podría muy bien ser ...