El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un discurso en Caracas, febrero 2015. Federico Parra/AFP/Getty Images
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante un discurso en Caracas, febrero 2015. Federico Parra/AFP/Getty Images

La Unión de Naciones Suramericanas se juega su credibilidad como organismo que busca la estabilidad y la prevención de conflictos en América Latina.

Para que Venezuela no continúe deslizándose hacia una confrontación violenta, la comunidad internacional –y en particular los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Uruguay, además de Venezuela)– deben urgentemente diseñar medidas que contribuyan a la resolución de la grave situación política y económica.

Esta crisis continúa profundizándose, sin solución a la vista. La reciente visita de tres cancilleres (Colombia, Ecuador y Brasil) y del Secretario General de UNASUR, según la organización regional, “abrió caminos para el diálogo político que había permanecido cerrado por cerca de un año”, pero desde la mirada de la oposición, esa visita solo validó “conspiraciones imaginadas de golpes de Estado”. Han transcurrido más de doce meses desde que la violencia emergió en las calles y la polarización política está peor que nunca, mientras que UNASUR naufraga en sus intentos por enfrentar la primera crisis seria en sus miembros.

La Unión de Naciones Suramericanas es el único organismo multilateral aceptable para el gobierno, la oposición y la sociedad venezolana en su conjunto, y que está en una posición  de convocar un diálogo nacional que podría liberar al país del juego suma cero que caracteriza a su política. Su mediación se hizo especialmente vital después de los hechos de violencia de 2014, la prisión de los manifestantes y la represión de líderes de la oposición.

El colapso en los meses recientes del precio internacional del petróleo, sobre el que la economía venezolana depende casi enteramente, ha agregado un elemento adicional de urgencia. Mientras que el país enfrenta una disminución dramática de sus ingresos petroleros en 2015, hecho que ocurre sobre una crisis económica preexistente, la escasez severa de bienes básicos y una inflación de tres dígitos amenaza con provocar una explosión social, sin que casi importen los desarrollos en el frente político.

Sería fundamental que los dos lados trabajaran hacia una solución en el marco de la Constitución de 1999 y que se abstuvieran de buscar cambios súbitos de régimen. Pero también sería esencial que el Gobierno respetara las libertades civiles y que contuviera los abusos de los derechos humanos. Este último requisito fue ignorado brutalmente con la detención el 19 de febrero de Antonio Ledezma, el alcalde metropolitano de Caracas, y la negativa a liberar a Leopoldo López y a otros presos políticos.

La última visita de UNASUR, el pasado 6 de marzo, y el manejo de sus declaraciones, solo echó más leña al fuego. En contra del consejo de muchos observadores, la delegación no habló formalmente con la Mesa de Unidad Democrática (MUD), cuyo secretario general y sus más destacados líderes habían adoptado un tono conciliador y pro-diálogo y, en su lugar, escogieron emitir invitaciones individuales a algunos de sus líderes. Por medio de comunicados ...