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Bandera de Unasur (centro) junto a otras de los Estados miembros del organismo. Ernesto Benavides/AFP/Getty Images

Un repaso a las motivaciones y consecuencias del órdago político de los seis países latinoamericanos que han paralizado su participación en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La presidencia boliviana de Unasur se ha iniciado con un jarro de agua fría: el pasado 20 de abril los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú comunicaron al canciller de Bolivia que suspenderían “temporalmente” su participación en esa organización. Esta decisión, adoptada días atrás durante la Cumbre de las Américas, llevaría a este organismo a la terapia intensiva o a una fase terminal, lo que para algunos medios era motivo de celebración: esta organización había dejado de funcionar, era la expresión de políticas exteriores ideologizadas y bolivarianas que debían quedar atrás, y no era funcional a las políticas exteriores de sus miembros, en particular de los nuevos gobiernos liberales y de derecha para los que la Alianza del Pacífico representaría una opción más pragmática y eficaz. Por ello, la retirada de estos países y el fin de Unasur estaría más que justificado.

Ahora bien, un análisis más sosegado de esta decisión revela que ni se trata de una retirada de la organización ni los objetivos responden a ese relato. El documento remitido a la presidencia boliviana se refiere a una “suspensión de participación en las actividades por tiempo indefinido”, que no supone ni la denuncia del tratado constitutivo de Unasur ni su abandono definitivo. Por ello, más que un Sudamexit (o una retirada) parece ser más bien una maniobra de presión, al estilo de la silla vacía que dejó Francia cuando suspendió temporalmente su participación en la entonces Comunidad Económica Europea, para así recuperar el derecho de veto en las decisiones que entendía afectaban a su interés nacional.

Es cierto que la organización se encuentra en un estado de bloqueo, sin celebrar sus preceptivas cumbres presidenciales anuales y sin alcanzar un acuerdo para nombrar un Secretario General, dado que el único candidato para ese puesto, José Octavio Bordón, fue vetado sistemáticamente por Bolivia y Venezuela. De hecho, el comunicado oficial de suspensión de actividades exige “resultados concretos que garanticen el funcionamiento de la organización en las próximas semanas”. Además de forzar esa designación, se reclama también una revisión de las normas para la toma de decisiones, basadas en la regla de la unanimidad, y una nueva orientación del organismo hacia la cooperación en asuntos concretos que se ajustan a sus agendas nacionales, como la integración de la infraestructura física.

Se trata de un órdago político que podría desbloquear la designación a la Secretaría General, pero también puede enconar la fractura que ya existe dentro de la región. Entre esos dos extremos, hay riesgos para las agendas de cooperación aún en marcha y los compromisos adquiridos en centros como el Instituto de Salud o el Centro de Estudios Estratégicos de Defensa. El primero tiene su sede en Brasil, el segundo en Argentina.

La iniciativa se ...