
Diferentes hechos acontecidos en Perú y Colombia, así como la gestión de los Estado y la situación de ambos países en las décadas de los 80 y 90 tienen numerosas coincidencias y similitudes. He aquí una muestra de ello.
No corren buenos tiempos para Álvaro Uribe, y es que a pesar del revuelo mediático producido hace unas semanas, aún están por resolverse varios de los líos judiciales que enredan al exmandatario colombiano. Además de un proceso abierto de indagatoria ante la Corte Suprema colombiana por presuntos delitos de fraude procesal y soborno en un proceso abierto contra el senador progresista, Iván Cepeda, los últimos meses han dejado otras cuestiones que han de resolverse próximamente. El Tribunal Superior de Medellín acusó al expresidente de responsabilidad penal cuando fue gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, por las masacres de El Aro y La Granja; también, en los últimos días de 2017, la Corte Suprema instó a que Uribe fuese investigado por utilizar el aparato de inteligencia colombiano con fines de persecución política a opositores.
Visto lo anterior, pareciera que la lógica de la violencia en Colombia, su gestión durante buena parte de la década pasada, bajo la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010), y las dudas sobre la legalidad de las acciones acontecidas obligan a encontrar más coincidencias que diferencias con otro caso que tiene muchas similitudes con el colombiano, como es el acontecido en Perú. Y es que entre Perú y Colombia es posible encontrar vasos comunicantes entre algunos de los aspectos de la violencia política que tuvo lugar en buena parte del siglo XX. Así, en ambos países, el origen de las dos guerrillas más violentas, protagónicas de sus respectivos conflictos, fueron rurales y periféricas: en la región de Ayacucho en el caso de Sendero Luminoso y en las otrora repúblicas independientes, como Marquetalia, al sur del departamento de Tolima, en el de las FARC-EP.
Ambos grupos llegaron a los 15.000 efectivos y en los años de mayor violencia, mediados de los 80 en Perú, y finales de los 90 en Colombia, llegaron a poner en jaque al Estado. En ambos casos, las muertes y desapariciones se cuentan por decenas de miles y los conflictos se complejizaron, si cabe más, por las injerencias de Estados Unidos o por las respuestas campesinas y la benevolencia con figuras paramilitares, llámense rondas campesinas o comités de autodefensa en la lucha contra Sendero Luminoso, o Autodefensas Unidas de Colombia en la confrontación antisubversiva del país cafetero. También en ambos casos, por lo periférico de la violencia, son acontecimientos capitalinos como el atentado en la calle Tarata, en el barrio limeño de Miraflores o el atentado en el lujoso Club El Nogal bogotano, los que marcan un antes y un después, de algún modo, en la empatía y la proximidad urbana hacia el problema de la violencia.
Igualmente, en ambos casos hay una sistemática guerra sucia que se traduce en forma de ...
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