¿Cuáles han sido las prioridades de la agenda euromediterránea en estos 25 años? Las relaciones económicas se han situado por encima de la protección de derechos humanos, explican los y las ponentes que participaron en el segundo webinario del ciclo ‘Una nueva agenda para el Mediterráneo’. Vídeo disponible.
“Hasta ahora, la política de vecindad ha tenido un tinte economicista, mirando a la vecindad sur como un espacio ‘atractivo’ para inversores. Se ha enfocado en el desarrollo económico y en políticas de seguridad diseñadas para frenar la migración y la movilidad humana”, señaló Idoia Villanueva al inicio de la sesión. “El proceso euromediterráneo ha pasado demasiado por alto los derechos políticos, sociales, humanos y de género. Ha llegado el momento de poner el foco en la agenda social (derechos laborales, igualdad de género, derecho de las personas migrantes…)”. Para empezar, “una nueva hoja de ruta debe retirar el apoyo a los regímenes que están bloqueando el cambio político y escuchar las demandas de mayor justicia social de la población”, explicó la eurodiputada y organizadora del ciclo.
Para Ernest Urtasun, el partenariado euromediterráneo está en crisis. “La relación de la Unión Europea con su sur inmediato muestra que se ha ‘adaptado’ muy rápido a la regresión después de la Primavera Árabe”, señala. El eurodiputado y vicepresidente de Los Verdes coincide en que, especialmente desde 2015, “la política de vecindad ha puesto el énfasis en la seguridad y el desarrollo económico, relegando los derechos humanos”.
Urtasun explicó cuatro elementos que, en su opinión, definen la relación actual. La desigualdad entre regiones, acentuada por “acuerdos comerciales que no han generado un desarrollo sostenible”. La desigualdad de género, cuya erradicación no ha sido prioritaria en la agenda euromediterránea. Una política migratoria “que es criminal, no respeta el derecho internacional y en los últimos años ha ido a peor”. Además, la derecha europea presiona para vincular los programas de cooperación al control fronterizo y migratorio. Finalmente, según Urtasun “la UE no se está preocupando por el retroceso democrático y la reducción del espacio que tiene la sociedad civil en estos países, que es quien teje las redes de una sociedad democrática y libre”.
La escritora y activista libanesa Joumana Haddad describió cómo los movimientos feministas están prosperando en la región, “aunque pueda parecer lo contrario”. “Aún no hemos logrado los cambios que necesitamos, pero cada vez hay más conciencia gracias a los medios alternativos, las redes sociales y la democratización del diálogo que ha permitido Internet. Ahora, más mujeres árabes son más conscientes que nunca de cómo nuestras leyes y sociedades nos tratan; más mujeres árabes que nunca se están involucrando en la lucha por una sociedad más igualitaria”. El camino que queda es largo: “Las actitudes y costumbres generales están plagadas de una dosis venenosa de machismo y doble rasero”, enraizadas en “leyes religiosas, sesgadas y patriarcales”. Sin embargo, esa mayor conciencia y las demandas feministas que la acompañan son “dos pasos significativos hacia la transformación”, aseguró.
Para Haddad, la prioridad ahora es que más mujeres feministas se involucren en política. “No solo porque pocos hombres políticos tendrán la misma comprensión de nuestros problemas, sino porque tenemos derecho a participar en el gobierno del país y en la formación de sus políticas”. En el Parlamento libanés, solo 6 de los 128 escaños están ocupados por mujeres. Además, “muchas tienden a evadir la representación de su género una vez que entran en política”, como si “hablar de cosas de mujeres” restase peso a su tarea.
Las políticas europeas en el Mediterráneo, por tanto, deberían centrarse en los derechos sociales y en la participación política de las mujeres. “Arreglar nuestra economía en ruinas es importante, recuperar nuestro sistema de seguridad social quebrado es importante, reducir la tasa de desempleo es importante… pero también lo son nuestros derechos y nuestra dignidad. No vamos a callarnos porque haya otras cosas que deban ser arregladas. No esperaremos más”.
La defensora de derechos humanos, Helena Maleno, acosada y expulsada por Marruecos después de vivir y trabajar allí durante 20 años, puso sobre la mesa la relación entre los intereses económicos y la violación de derechos de las personas migrantes. La externalización de fronteras y la militarización han dado lugar a “un uso perverso de la cooperación al desarrollo, usando esas ‘donaciones’ para reforzar el control y frenar el movimiento de personas”. Las empresas de armamento están invirtiendo en el ‘negocio’ de controlar el movimiento de personas que huyen o son expulsadas de lugares donde se están usando, precisamente, armas. “Hay una guerra de fronteras, una guerra de baja intensidad. Ese ‘hacer morir y dejar morir’ está dando dinero”.
Maleno es muy crítica con el papel de los Estados europeos. “Las políticas de Salvini no son diferentes de las de otros partidos que se dicen de izquierdas. Salvini es más burdo usando el racismo institucional, pero la implementación de políticas de control del movimiento es igual en todos los gobiernos europeos”. Además, denuncia que la UE está persiguiendo de forma activa la solidaridad y a las personas que alzan la voz contra su “necropolítica”. Frente a eso, “hay que apostar por una Europa antirracista, pero no basta con tener un discurso buenista: tiene que llegar a las instituciones, combatir el racismo institucional y estructural que tiene presencia en los gobiernos europeos. No se puede normalizar que una persona pierda la vida por cruzar una frontera”.
En mitad de ese juego de intereses económicos –de mafias, de grandes empresas que blindan las fronteras o explotan recursos, de Estados que externalizan la ‘contención’ de seres humanos–, ¿quién defiende a quien defiende? La pregunta queda en el aire. Pero Maleno añade una reflexión: “Ser activista y defender derechos lo podemos hacer todos y todas desde nuestros territorios, en nuestra realidad más próxima, en las redes sociales… Defender la vida. Defender los servicios públicos. Votamos, y tenemos una responsabilidad también por lo que votamos”.
Por último, la abogada y activista Maha Abdallah, del Cairo Institute for Human Rights Studies, hizo un repaso de la situación de los y las defensoras de derechos en Oriente Medio y el Norte de África. Persecución y amenazas cotidianas, límites a la libertad de expresión, acusaciones de terrorismo, acoso y violencia sexual, detenciones e interrogatorios arbitrarios, presión para que las organizaciones internacionales se retiren, bloqueo para que no lleguen recursos, desapariciones, secuestros y en algunos casos, asesinatos. Esta es la realidad que soportan en Israel, Siria, Egipto, Libia y Argelia.
“Todos los países mencionados comparten una cultura de impunidad. Los responsables de las vulneraciones no pagan por lo que han hecho. En lugar de eso, reciben más poder y pueden seguir atacando a la sociedad civil. Es un tema fundamental al que tiene que hacer frente la UE, mediante la cooperación y las relaciones diplomáticas a todos los niveles, para que acabe la impunidad. Debe garantizar que sus programas o iniciativas no incentiven vulneraciones ni ataques a los derechos humanos ni a defensores y defensoras, garantizar que sus iniciativas benefician a la ciudadanía”, reclamó Abdallah.
