Dotado de enormes reservas de petróleo, Venezuela tendría que ser la envidia de sus vecinos. En lugar de ello, Latinoamérica observa con aprensión la implosión del país, que amenaza con provocar una crisis regional.
La economía venezolana está en caída libre, y las repercusiones sociales son devastadoras. La pobreza y la malnutrición se extienden de forma desenfrenada. Han reaparecido enfermedades que estaban erradicadas, como la difteria. Aproximadamente, tres de los 31 millones de habitantes del país han huido al extranjero, sobre todo a Colombia y otros países vecinos. La ONU prevé que la cifra aumentará a 5,3 millones antes de que acabe 2019.
La camarilla del presidente Nicolás Maduro, después de haber destrozado la economía, se niega ahora a reconocer hasta dónde llega la agonía de Venezuela y no acepta la mayor parte de la ayuda humanitaria. El Gobierno ha desmantelado las instituciones del país, ha despojado de sus poderes al Parlamento dominado por la oposición y ha organizado la elección artificial de una legislatura cuyo único papel es aprobar todo lo que dice el presidente. El 10 de enero de 2019 Maduro comenzará su segundo mandato, pese a que ni sus adversarios internos ni gran parte del mundo exterior consideran creíble que haya sido reelegido. La oposición, por su parte, está paralizada por luchas internas, con una facción muy activa (en su mayoría, en el exilio) que pide a las potencias externas que derroquen a Maduro por la fuerza.
Los países vecinos tienen dificultades para acoger a toda la gente que llega huyendo y están preocupados por la perspectiva de que llegue más. Un barómetro de la paciencia latinoamericana es la postura de Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos: en septiembre, dijo que la región “no debe excluir ninguna opción”, una forma implícita de decir que podría haber una intervención militar. El Gobierno de Trump ha hecho insinuaciones similares. Es posible que no sean más que palabras, y uno de los más firmes detractores de Maduro, el nuevo presidente colombiano Iván Duque, rechazó esa posibilidad, afortunadamente, en octubre. Una acción militar externa indudablemente habría agravado el caos.
Hay pocas alternativas políticas buenas. Estados Unidos y Europa han impuesto sanciones al círculo íntimo de Maduro y Washington ha añadido restricciones financieras, pero no es aconsejable instaurar sanciones comerciales más amplias, porque la población sería la perjudicada. Perú y otros países sugieren que se corten las relaciones diplomáticas, pero eso aislaría a los venezolanos precisamente cuando su situación está empeorando.
Para que otros países puedan ayudar y se deje de hablar de intervención armada, lo que deben promover es una transición pacífica, probablemente con negociaciones para implantar reformas políticas y económicas entre el Gobierno y la oposición y algún tipo de gobierno de transición. Maduro tiene escasos incentivos para aceptar esas negociaciones, por supuesto. Pero los dirigentes latinoamericanos podrían presionar si imponen sus propias sanciones a los altos cargos, que se levantarían si el Gobierno acepta las condiciones (no existe casi precedente para unas sanciones regionales como esas).
Sin estas medidas, el derrumbe de Venezuela sigue siendo una posibilidad y parece inevitable que su pueblo siga sufriendo, y los países vecinos serán los que tendrán que lidiar con las consecuencias.
Originalmente publicado en Foreign Policy: 10 Conflicts to Watch in 2019
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia
