Opositores protestan durante la jornada de elecciones a la Asamblea Constituyente convocadas por Maduro en Caracas, el 30 de julio de 2017. (Juan Barreto/AFP/Getty Images)

El mes de julio ha dejado en Venezuela como legado un panorama político aún más complejo: el gobierno de Nicolás Maduro, apostando, a la desesperada, su última carta (la de su supervivencia política) a la nueva Asamblea Constituyente; y una oposición que no solo rechaza ese camino por considerarlo ilegítimo y anticonstitucional, sino que ha creado sus propia legalidad e institucionalidad alternativas.

El antichavismo se enfrenta al Gobierno en varios escenarios que van desde las urnas (mediante consultas masivas, como la del 16 de julio, logrando reunir más de siete millones de ciudadanos) hasta en las calles a través de movilizaciones, protestas y huelgas generales que cumplen ya cuatro meses y han causado más de 100 muertos. Como resume el historiador argentino Natalio Botana, lo que se vive en Venezuela es un “antagonismo extremo”: “Dos regímenes se enfrentan en el espacio público con estructuras institucionales opuestas. Un gobierno heredero de Chávez, en el cual el componente militar y cubano es determinante, y una oposición atrincherada en una Asamblea Legislativa que acaba de designar su propio tribunal supremo de justicia”.

Sin puentes de diálogo efectivos entre ambas partes y con una comunidad internacional que en su gran mayoría ha aislado al régimen chavista, la pregunta que cabe plantearse es qué se puede esperar en las próximas semanas y meses en la crisis venezolana, cuando todo indica que se está llegando al desenlace final, al menos en lo tocante a la actual coyuntura. En realidad, y más allá de matices, existen tan solo tres alternativas viables sobre el futuro próximo de Venezuela: el colapso del régimen, el triunfo del madurismo o que se produzca un golpe militar (duro o blando). En todos estos casos el rol fundamental lo van a jugar las Fuerzas Armadas, la única institución capaz de decantar la victoria hacia un lado o hacia otro. Además, a corto y medio plazo, Venezuela se encuentra abocada a experimentar un profundo proceso de ajuste y reformas estructurales con inevitables y altos costos sociales.

 

El denominador común, el papel fundamental de las FFAA

El futuro de Venezuela pasa por el papel y las acciones de sus Fuerzas Armadas. Es una constante histórica venezolana -no así en su vecina Colombia- el rol decisivo del ejército en los distintos procesos políticos por los que ha atravesado el país. Desde el siglo XIX hasta la actualidad (el propio régimen chavista) pasando por la conocida como época de los los generales-presidentes andinos (1899-1945) o la dictadura del general Pérez Jiménez (1948-58).

En la actual coyuntura, la viabilidad del proyecto del gobierno de Nicolás Maduro y su cambio institucional pasan por contar con el respaldo de las Fuerzas Armadas, las cuales han conseguido, desde el fallecimiento de Hugo Chávez, incrementar y profundizar su influencia política, institucional y sobre estratégicas áreas de la economía nacional. Sin las Fuerzas Armadas el régimen no puede subsistir como, de forma similar, sin las Fuerzas Armadas una hipotética victoria opositora es inviable. Como explica el profesor de la Universidad de Columbia, Michael Penfold, “el Gobierno ha roto incluso con las propias reglas bajo las cuales funcionaba la revolución. Al parecer solo les queda el apoyo de los militares para mantenerse en el poder”.

Esta situación podría llevar a pensar que las Fuerzas Armadas, cuyos equilibrios internos son un misterio, están comprometidas con la continuidad del régimen como una forma de mantener su actual estatus. Siendo esto cierto, también lo es que, más allá de las divisiones y fracturas internas, las Fuerzas Armadas aspiran a evitar que una posible caída del régimen las arrastre a ellas también. Además, es muy poco probable que esas Fuerzas Armadas acepten convertirse en el brazo represor del gobierno no solo por el costo político y de legitimidad social que ello tendría, sino también porque el recuerdo del “Caracazo” sigue estando muy presente en la mentalidad militar, condicionando sus decisiones.

Por estas razones, las Fuerzas Armadas podrían decantar el actual empate catastrófico y choque de trenes entre chavismo y antichavismo mediante varias fórmulas que van desde el golpe blando (consistente en dar un ultimátum al actual mandatario que conduzca a su retirada de una forma u otra de la presidencia) o golpe duro, con intervención militar directa para reconducir el proceso. En este sentido, el analista Luis V. León llama la atención sobre que “la represión está presente y puede ser feroz, pero se convierte en un boomerang. Pueden reprimir muchas marchas, pero no al país entero… Los militares y las instituciones chavistas se fracturan y ocurre lo que siempre ha terminado con las revoluciones en el pasado. La implosión… el sector militar, aliado con sectores chavistas moderados (o atemorizados), abre una etapa de negociación de salida, en la que los militares permiten una transición corta con elecciones en breve, preservando ellos el control de sus fuerzas armadas y garantizando la protección de los grupos fundamentales del gobierno y el chavismo. La salida de este escenario comienza en la fuerza, pero termina en la negociación”.

Salvo que el régimen chavista colapse, la oposición (heterogénea, sin un claro liderazgo y con variadas estrategias) no tiene más remedio que negociar no solo con los sectores críticos del chavismo sino, sobre todo, con unas Fuerzas Armadas que temen ser víctimas de purgas y de una cacería de brujas en caso de triunfo opositor.

 

Del triunfo del proyecto de Maduro al colapso del régimen

La segunda posibilidad es que se produzca el triunfo del proyecto de Nicolás Maduro y su Asamblea Constituyente, que, según el oficialismo, ha sido respaldada por 8,1 millones de ciudadanos, el 41% de los votantes (frente a los 7,2 millones que votaron la consulta opositora). Eso supondría la concentración de todo el poder en manos de la coalición de fuerzas que actualmente comanda Maduro.

Asumiendo su carácter originario, la Asamblea pasará a controlar todos los poderes públicos, colocándose por encima de la actual Constitución, la de 1999. Desde esa posición empezará a destituir a la opositora Fiscal General de la República y designará al Defensor del Pueblo, al Contralor y a los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El golpe final será la disolución formal de la Asamblea Nacional (mayoritariamente opositora) acabando con la inmunidad parlamentaria de los actuales diputados antichavistas. De forma irónica el antichavismo se ha convertido (junto a los más fieles chavistas) en defensor de la constitución de Hugo Chávez, mientras que el madurismo trabaja para cambiar el marco constitucional legado por el Comandante.

Para llevar a cabo todo este cambio institucional el gobierno de Maduro necesita el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque culminar este proceso supone afrontar una escalada de las protestas opositoras y reprimir muy duramente. Teniendo en cuenta la historia del país parece poco probable que el ejército esté dispuesto a cumplir ese rol y repetir su papel durante el “Caracazo”. La posibilidad de un colapso del régimen vendría no solo por la acumulación de crisis que arrastra Venezuela y por la presión de la oposición en las calles, sino, sobre todo, por la pérdida de apoyo de las Fuerzas Armadas.

 

Un futuro marcado por la polarización política y la crisis socioeconómica

En cualquiera de las tres posibilidades contempladas lo que parece evidente es que se alargaría el periodo de inestabilidad política y económica en el país, lo cual tendría como correlato una inevitable crisis social con posibles repercusiones a escala regional. El duro y fuerte ajuste será una de las tareas del futuro gobierno, sea este cual sea, y estará presente en cualquiera de las tres opciones analizadas.

Venezuela, ocurra lo que ocurra, va a seguir siendo el enfermo económico de la región. La gestión de Nicolás Maduro, heredera directa de la Hugo Chávez (1999-2013), ha conducido a Venezuela a una situación límite, al borde de un precipicio, pues los números muestran un país que se asoma a una crisis humanitaria. El régimen lleva un quinquenio de retraso a la hora de poner orden en la economía. Primero por la enfermedad de Chávez (2011-12), luego por la muerte del líder bolivariano y las elecciones presidenciales (2013) y en 2014 por la oleada de protestas opositoras.

En el último bienio, el régimen optó por medidas paliativas, porque había elecciones legislativas (2015) o por su pugna con la oposición (2016-2017). Y mientras eso ocurría, la economía no dejaba de dar señales de decadencia con años de ralentización (2007-2008) o crisis (2009, 2010, 2014, 2015 y 2016). Venezuela es el país con la inflación más alta del mundo (cerró 2016 por encima del 500%) y su PIB ha retrocedido en torno al 20% en el último lustro. Las políticas económicas del gobierno de Maduro han conducido a que la población pierda calidad de vida a causa de la subida de los precios, el desabastecimiento y la inseguridad ciudadana. 

Un deterioro político y socioeconómico como el descrito colocan al país suramericano ante una crisis que podría tener alcance regional por su capacidad de poner en cuestión los pilares de la propia seguridad latinoamericana (incremento de las presiones migratorias, mayor penetración del crimen organizado y debilidad del Estado venezolano para controlar su territorio y ejercer el monopolio de la violencia legítima).

Una Venezuela colapsada afectaría a todos sus vecinos (Colombia y Brasil en especial) ya que se transformaría en una plataforma ideal para el crimen organizado (para las bacrim colombianas, por ejemplo), el narcotráfico (los cárteles mexicanos) y un lugar propicio para el crecimiento y desarrollo de las mafias y paramilitares que ya copan el Estado chavista.