El deterioro de la situación en el país latinoamericano afectaría a toda la región.

 
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La muerte del Presidente Chávez abrió un capítulo nuevo en la evolución política de Venezuela, signado por la incertidumbre y la extrema polarización respecto al futuro de la revolución bolivariana y también sobre la manera en que sus gobernantes y su sociedad enfrentarán los graves retos que enfrenta el país. La confusa legitimidad de las elecciones, aún no superada, agrava un escenario en donde todas las partes necesitan ajustarse a una solución pacífica. La comunidad internacional, especialmente del vecindario latinoamericano, no puede seguir mirando a otro lado.

Los hechos recientes confirman esa incertidumbre. A pesar de los anuncios gubernamentales, se siente la carestía de productos de primera necesidad en el país y se especula sobre una nueva devaluación del bolívar. Venezuela tiene una de las tasas de inflación más altas del mundo, cercana al 40%, y los rendimientos decrecientes de su principal producto, el petróleo, así como los compromisos financieros que el régimen de Chávez adquirió en el exterior, implican una presión muy grande sobre las arcas fiscales.

La incertidumbre no es solo económica. La violencia organizada y cotidiana hacen de Venezuela uno de los países con las más altas tasas de homicidios en toda América Latina, superando por ejemplo largamente a su vecina Colombia, que aún sufre de un conflicto armado interno. La inseguridad es el principal talón de Aquiles del Gobierno.

Estos problemas, acumulados a lo largo de los últimos años, deben ser enfrentados ahora por un gobierno elegido con una diferencia de 1.5% en las elecciones del pasado 14 de abril, proceso electoral que ha sido impugnado por la Mesa de Unidad Democrática (MUD). El desconocimiento del resultado electoral por parte de la oposición  no es solo un dato aritmético, sino que implica enormes dificultades para generar consensos a nivel legislativo sobre las medidas que la economía y la sociedad venezolana requieren.

Debido a la captura sistemática de los poderes del estado por parte del Poder Ejecutivo y el vaciamiento de la independencia y la autonomía de las instituciones públicas, no se puede esperar que una decisión de la Corte Suprema de Venezuela –órgano que ha sido controlado rutinariamente por el Gobierno– vaya a despejar las dudas sobre el resultado electoral. Ya ocurrió con la decisión del Consejo Nacional Electoral sobre dicha impugnación: la oposición consideró que la auditoría hecha sobre los votos fue ilegítima.

La falta de credibilidad de las instituciones más importantes, que supuestamente deberían producir decisiones aceptadas por todas las partes, refleja las dificultades en Venezuela para producir un acuerdo nacional entre oposición y Ejecutivo para impulsar una transición política y enfrentar los retos que cualquier gobierno deberá abordar de inmediato. Venezuela está pagando un alto precio por la continua polarización y la descalificación del contrario ...