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Gran Marcha por Vida
en Bogota, protesta contra los asesinatos de activistas. (Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

He aquí las claves para entender en qué situación se encuentra Colombia y cómo la violencia no solo continúa, sino que aumenta. ¿Qué debería hacer el Estado para conseguir la estabilidad en el país?

Los últimos días han alimentado una importante fricción entre la representación de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia y el Ejecutivo de Iván Duque, fruto de un informe cuya principal conclusión es la siguiente: Colombia es el país de América Latina con mayor número de asesinatos de activistas y defensores de los derechos humanos en el año 2019.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, en noviembre de 2016, la situación de violencia política en el país no solo no se ha mitigado, sino que, todo lo contrario, se ha transformado de manera preocupante. Entre algunas manifestaciones de este fenómeno cabe destacar dos por encima del resto: casi 200 excombatientes de las FARC-EP han resultado asesinados en su proceso de reincorporación a la vida civil y más de 700 líderes sociales, activistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en los últimos tres años y medio, lo que equivale a una muerte violenta cada menos de 48 horas.

Este proceso de violencia dirigida se ha desarrollado bajo una importante inoperancia del Estado. Sin duda, su debilidad endémica, su precariedad institucional y su incapacidad para resignificar la otrora geografía de la violencia con las FARC-EP quedan fuera de toda duda. Así, tras el Acuerdo de Paz, pareciera quedar lejano cualquier atisbo de superación de las condiciones estructurales, simbólicas y culturales que durante décadas han sostenido la violencia. Lo anterior, en tanto que pareciera que la única preocupación de Duque es evitar que los exguerrilleros abandonen el proceso de reincorporación y puedan retornar a dinámicas de violencia armada.

El país sigue adoleciendo de irresolutas brechas regionales, de incapacidades gubernamentales en el plano local y de una completa ausencia en buena parte del territorio que durante mucho tiempo resultó golpeado por el conflicto armado con las FARC-EP. Una vez desmovilizada ésta, sin embargo, ni la policía ni el Ejército, en parte por una falta de voluntad política y en parte por una clara incapacidad logística, han conseguido controlar el territorio a efectos de garantizar unos mínimos de seguridad sobre las que construir un escenario de superación de la violencia. Todo lo contrario, estos enclaves han sido cooptados por disidencias de la guerrilla; así como por estructuras del ELN, del posparamilitarismo y, en mucha menor medida, del antiguo EPL. De este modo, el contexto de la violencia en Colombia termina por converger en un intricado escenario de alianzas y confrontaciones en donde, la disputa por la hegemonía local, antes resuelta por la presencia de las FARC-EP, agita nuevas e intensas formas de violencia.

Efectivamente, las aspiraciones del Acuerdo de Paz podíamos imaginar que eran difícilmente conseguibles dados los recursos y posibilidades del ...