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Gran Marcha por Vida
en Bogota, protesta contra los asesinatos de activistas. (Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images)

He aquí las claves para entender en qué situación se encuentra Colombia y cómo la violencia no solo continúa, sino que aumenta. ¿Qué debería hacer el Estado para conseguir la estabilidad en el país?

Los últimos días han alimentado una importante fricción entre la representación de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia y el Ejecutivo de Iván Duque, fruto de un informe cuya principal conclusión es la siguiente: Colombia es el país de América Latina con mayor número de asesinatos de activistas y defensores de los derechos humanos en el año 2019.

Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, en noviembre de 2016, la situación de violencia política en el país no solo no se ha mitigado, sino que, todo lo contrario, se ha transformado de manera preocupante. Entre algunas manifestaciones de este fenómeno cabe destacar dos por encima del resto: casi 200 excombatientes de las FARC-EP han resultado asesinados en su proceso de reincorporación a la vida civil y más de 700 líderes sociales, activistas y defensores de los derechos humanos han sido asesinados en los últimos tres años y medio, lo que equivale a una muerte violenta cada menos de 48 horas.

Este proceso de violencia dirigida se ha desarrollado bajo una importante inoperancia del Estado. Sin duda, su debilidad endémica, su precariedad institucional y su incapacidad para resignificar la otrora geografía de la violencia con las FARC-EP quedan fuera de toda duda. Así, tras el Acuerdo de Paz, pareciera quedar lejano cualquier atisbo de superación de las condiciones estructurales, simbólicas y culturales que durante décadas han sostenido la violencia. Lo anterior, en tanto que pareciera que la única preocupación de Duque ...