¿Está el país asiático discriminando a su minoría musulmana rohingya?

Refugiados birmanos de etnia rohingya en una calle cerca de la oficina de Acnur en Nueva Delhi, India. AFP/Getty Images

En Sittwe, la capital del Estado de Arakan, situado en el oeste de Birmania, aún son visibles las huellas de la oleada de violencia sectaria que inundó la región hace tres meses entre la mayoría arakanesa, de religión budista, y la minoría musulmana rohingya: barrios enteros como el de Narzi, de mayoría musulmana, están abandonados, numerosas casas yacen destruidas por el fuego y, en una ciudad con casi el 40% de musulmanes, resulta imposible ver a ninguno en la calle.

Los enfrentamientos entre ambas comunidades estallaron a principios de junio, cuando los medios locales difundieron la fotografía del cadáver abandonado en el campo de una joven budista violada y asesinada. El 29 de mayo, un día después de la violación, la policía detuvo a tres musulmanes como presuntos autores del crimen, pero el caso pronto se convirtió en el detonante de la violencia comunal cuando el 3 de junio varios centenares de budistas atacaron un autobús en la población de Taungup y mataron a golpes a 10 musulmanes.

En pocos días, la violencia se extendió por todo el Estado. Muchedumbres enfurecidas de arakaneses y rohingyas se echaron a las calles armados con machetes y otras armas de fabricación casera para atacar a cuanto miembro de la otra comunidad se encontraran a su paso e incendiar sus casas y templos religiosos. Según un informe de Human Rights Watch publicado el mes pasado, las fuerzas de seguridad, compuestas principalmente por arakaneses, no hicieron nada para evitar los disturbios durante los primeros días y después participaron activamente en la violencia disparando a los rohingya.

En un momento dado, las tensiones entre budistas y musulmanes llegaron a sentirse en Rangún y el conflicto amenazó con extenderse a otras regiones de Birmania. El presidente Thein Sein advirtió que la violencia podía amenazar el proceso de transición democrática emprendido por el Gobierno a finales de 2010 y el 10 de junio declaró el Estado de emergencia en Arakan, poniendo una región del país bajo control militar por primera vez desde que asumió el poder en marzo de 2011.

El Gobierno birmano estima que 78 personas, la mayoría musulmanas, fueron asesinadas durante los disturbios, pero organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch consideran que la cifra probablemente sea mucho más elevada. En la actualidad 70.000 desplazados internos, sobre todo rohingya, permanecen en campos de refugiados y los extranjeros tienen prohibido el acceso a la región desde hace una semana.

El Gobierno birmano está tratando de presentarse como un mediador imparcial entre ambas comunidades. Para controlar la situación en el Estado, envió desde Rangún al teniente coronel de la policía Myo Min Aung, un corpulento hombre de treinta y pocos años que culpa del estallido de la violencia a “extremistas extranjeros”.

Oficialmente, la tarea de las fuerzas de seguridad a su cargo consiste en separar a ambas ...