Por qué el sistema aprobado por la ONU, que debe garantizar que las gemas no se extraigan a punta de pistola, está siendo contraproducente.

 

Se puede decir sin temor a equivocarse que la mayoría de las personas que hayan recibido joyas de diamantes durante las fiestas no se habrán parado demasiado, o nada, a pensar de dónde procedían las gemas. Los duendes de Papa Noel suele bastar como respuesta para la mayoría de la gente, y es posible que ni siquiera los que son conscientes de que algunos diamantes proceden de zonas de guerra en África hayan dado muchas vueltas al asunto este año.











Chris Hondros/AFP/GettyImages

Los diamantes de conflicto, también llamados diamantes de sangre, son piedras extraídas a punta de pistola por esclavos y prisioneros para enriquecimiento de quienes controlan las armas. Fueron motivo de debate al principio de esta década, cuando los grupos de derechos humanos denunciaron el papel que desempeñaban en las guerras de Sierra Leona y Angola, pero en los últimos años han dejado de ser objeto de la atención de los consumidores occidentales con conciencia social. No porque la situación haya mejorado.

Se creía que este sórdido negocio había terminado con la aprobación en 2003 del Proceso Kimberley, un acuerdo bajo los auspicios de la ONU entre 75 países importadores y exportadores de diamantes, líderes de esta industria y varias ONG. Su misión es certificar que los diamantes que se venden en la joyería de la esquina no llegan allí a costa del asesinato y la mutilación de africanos.

Cuando la controversia resucitó en 2006 con la película de Leonardo DiCaprio Diamantes de sangre,  la industria se limitó a señalar la existencia del Proceso Kimberley para convencer a los espectadores de que las gemas de zonas de conflicto eran un problema viejo que había sido resuelto.

Por desgracia, no es así. En teoría, todos los países firmantes del Proceso Kimberley aceptan no importar ni exportar diamantes de zonas de conflicto; los orígenes de las gemas se comprueban mediante una serie de procedimientos que parecen sencillos. Los países productores exportan sus diamantes en paquetes a prueba de manipulaciones que van acompañados de un certificado que garantiza su procedencia (y que supone que en los Estados productores existen controles internos sólidos). El Proceso Kimberley vigila el cumplimiento de esta norma mediante revisiones colegiadas, análisis estadísticos y visitas a las minas; los países a los que se descubre violando el acuerdo pueden ser expulsados o suspendidos, tras lo que ya no pueden exportar sus diamantes a ninguno de los Estados miembros del acuerdo.

La realidad es otra. Según informes recientes de varias ONG, entre ellas Global Witness, Partnership Africa Canada y Human Rights Watch, los diamantes de sangre siguen circulando libremente y el contrabando continúa estando muy extendido. Algunos de los peores países en el comercio estas piedras preciosas, como Sierra Leona, ...