¿Qué aliados va a necesitar el presidente para evitar que China se precipite a una crisis económica demoledora?

 

 

CHINA
MOHD RASFAN/AFP/Getty Images

 

Parecía la elección de un Papa. En noviembre se celebró una reunión a puerta cerrada en Pekín entre los máximos dirigentes del Partido Comunista, mientras el mundo contenía el aliento y acariciaba la esperanza de que se anunciasen reformas históricas. Había llegado el Tercer Pleno del décimo octavo Comité Central.

Las medidas que se anunciaron poseían un contenido social (suavización de la política de hijo único, supresión de los campos de reeducación por el trabajo, restricción de la aplicación de la pena de muerte y mejoras en la gestión de las redes sociales e Internet), jurídico (impuestos y protección medioambiental), institucional (lucha contra la corrupción, profesionalización del sistema judicial y creación de un Consejo de Seguridad Nacional) y, por supuesto, económico (reforma de las empresas públicas, liberalización de algunos sectores regulados y el cambio en el régimen de propiedad de la tierra).

Todos esos desafíos son enormes, pero el único ámbito que le puede permitir a China evitar una crisis económica demoledora es la reestructuración del sector público. Y aquí es donde el presidente Xi Jinping va necesitar a todos los aliados que pueda reunir, porque representa alrededor de un tercio del PIB del gigante asiático y los principales ejecutivos de las grandes multinacionales no sólo tienen, como mínimo, rango de viceministros, sino que cuentan con el apoyo de unos mentores que se sientan en los principales órganos de decisión del Partido Comunista. Para complicarlo más, liberalizar los segmentos en los que operan algunas de estas empresas en régimen de oligopolio podría significar un coste político inmenso. ¿Se imaginan la ansiedad que puede despertar que la compañía estadounidense de telecomunicaciones AT&T gane un concurso público en China después de lo que sabemos por las revelaciones de Edward Snowden?

Ante semejantes dificultades y la pobre capacidad de los políticos en todo el mundo para cumplir sus promesas, muchos analistas han recibido con escepticismo el programa del presidente. Por este motivo sería útil que se encuentren balizas que permitan saber si sus palabras van en serio. Los indicadores más precisos son, primero, que se atreva a ajustar la capacidad productiva de las empresas públicas a la demanda y, segundo, que acepte la realidad de que sus mayores bancos necesitan ser rescatados cuanto antes.

La última gran reforma de las empresas públicas, que se produjo a finales de los 90, arrojó resultados impresionantes en esos dos indicadores. Así, al ajustar la capacidad productiva a la demanda, el paro escaló hasta los 30 millones de personas, porque esas compañías habían conservado durante años unas estructuras (plantillas, maquinaria, terrenos, etc.) que les permitían producir mucho más de lo que nadie estaba dispuesto a comprarles. ¿Por qué lo habían hecho? Porque Pekín las veía no sólo como empresas, sino también como garantes de una paz social que exigía que todos los ciudadanos tuviesen un empleo y también acceso a los servicios sociales básicos pero gratuitos que éstas les proporcionaban.

Ocurrió algo parecido con el segundo indicador. El reconocimiento de que el 20% de los créditos de las entidades financieras no se cobraría llevó al rescate de los cuatro mayores bancos del gigante asiático mediante la venta de esos créditos a cuatro gestoras de activos semejantes a la SAREB española, que recibirían el nombre de Great Wall, Orient, Huarong y Cinda. El Estado había utilizado los préstamos para hacer posibles muchas inversiones que o no eran rentables, o simplemente nunca habían sido necesarias porque respondían a los caprichos de los políticos.

Xi Jinping está dando pasos en una línea parecida a la de entonces. El 16 de septiembre, la prensa oficial publicó una lista de 58 empresas con nombres y apellidos, que procedían de 13 sectores distintos y que debían recortar sus capacidades productivas en 2013. Según la agencia Xinhua, se trata ya del tercer grupo de corporaciones que reciben la orden de realizar un aterrizaje de emergencia.

Por otra parte, el líder supremo del gigante asiático también ha empezado a preparar la recapitalización y posible rescate de su sistema financiero, y lo está haciendo, fundamentalmente, en tres movimientos. El primero consiste en reforzar la solvencia de sus gestoras de activos tóxicos para que puedan volver a comprárselos a los bancos igual que a finales de los 90. ¿Cómo? Básicamente, haciendo que el Ministerio de Finanzas ponga directamente el dinero (como ya ha ocurrido con Cinda), o sacándolas a Bolsa para captar no sólo inversión doméstica, sino también internacional (Cinda aspira a atraer 2.500 millones de dólares (cerca de 1.900 millones de euros) y Huarong 2.000 millones de dólares en los próximos meses).

El segundo movimiento pasa por que los bancos desvelen gradualmente la deuda incobrable en vez de seguir ocultándola mediante refinanciaciones eternas de proyectos ruinosos. En esa misma línea, las mayores entidades chinas dieron por perdidos durante el primer semestre tres veces más créditos que durante el mismo período del año anterior. Y lo hicieron al ritmo que marcó el Ministerio de Finanzas, que es quien tiene que autorizar que se clasifique como incobrable cualquier crédito corporativo superior a 600.000 euros.

El tercer movimiento, después de rearmar la potencia de fuego de las gestoras y de conocer las dimensiones de la presa, tiene que ser indudablemente enviar una señal al mercado que convenza a los inversores de que el Estado chino está listo para defender la estabilidad de sus bancos. Justamente, el pasado 24 de noviembre el Financial Times publicó que una de las gestoras, Cinda, espera adquirir 16.000 millones de euros en créditos fallidos aunque para eso tenga que aumentar su cartera en un 50%.

La palabra de Xi Jinping, también como la de cualquier dirigente, no basta para convencer a los escépticos de que la esperanza del mundo en sus reformas revolucionarias estaba justificada, pero los pasos que ha empezado a dar hacia el ajuste de la producción a la demanda y la recapitalización de los bancos deberían hacer dudar a los que cuestionan su poder y subestiman su capacidad de compromiso.

 

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