La presidenta hondureña, Xiomara Castro, está lejos de ser la típica aliada de Estados Unidos. Castro, que prometió un “Estado socialista y democrático” en su reciente toma de posesión, utilizó una de sus primeras acciones ejecutivas para reconocer al líder venezolano Nicolás Maduro. Y, sin embargo, los líderes estadounidenses han adoptado exactamente el enfoque correcto para tratar con la nueva líder de Honduras, acogiéndola como socia en la misión de resolver las causas fundamentales de la migración.
Con la toma de posesión de Castro, los hondureños han puesto fin a 12 años de gobierno del conservador Partido Nacional, liderado primero por Porfirio Lobo (2010-2014) y luego por Juan Orlando Hernández (2014-2022). La corrupción y el narcotráfico florecieron bajo el gobierno del Partido Nacional, e incluso parientes cercanos de ambos presidentes acabaron en prisiones estadounidenses. Cimentando aún más el estatus de Honduras como narco-Estado, los fiscales estadounidenses alegaron en 2019 que el propio Hernández había aceptado sobornos de organizaciones del narcotráfico.
Bajo el gobierno de Hernández, las elecciones libres y justas estaban lejos de estar garantizadas. En 2017, el candidato de izquierdas Salvador Nasralla lideró de manera constante las encuestas contra el presidente en ejercicio, con Xiomara Castro como compañera de ticket, pero perdió la votación por un estrecho margen. La Organización de Estados Americanos denunció irregularidades generalizadas e hizo un llamamiento a convocar nuevas elecciones. Cuando Hernández se negó, las protestas resultantes duraron más de un año, dejando 38 muertos y más de 1.000 detenidos. El gobierno de Donald Trump, que reconoció la victoria de Hernández después de un mes de violencia, solo empeoró las cosas.
Los comicios del año pasado fueron diferentes, en parte gracias a las acciones de la Casa Blanca de Joe Biden. Limitado por la duración de su mandato, Hernández designó personalmente a su sucesor, Nasry Asfura, para enfrentarse a Castro, quien ahora ocupaba el primer lugar en el ticket electoral, con Nasralla como candidato a vicepresidente. Poco antes de la cita en las urnas, el subsecretario de Estado de EE UU, Brian Nichols, visitó Honduras para instar a celebrar unas elecciones libres y justas.
Cuando llegó el día de los comicios, el 28 de noviembre, muchos hondureños temían que se repitiera el escenario de 2018. A mediodía, el Partido Nacional anunció —en un tuit que luego fue borrado—: “¡Ganamos, tenemos presidente!”. Unas horas más tarde, Mel Zelaya, esposo de Xiomara Castro y también expresidente del país, tuiteó que la coalición de Castro había logrado la presidencia, antes de que la comisión electoral publicara los resultados preliminares. Esa noche, los resultados preliminares indicaron que Castro había obtenido una victoria aplastante y Asfura comenzó a instar a sus seguidores a esperar los resultados oficiales. Una vez que estos estuvieron disponibles, el 30 de noviembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, felicitó a Castro y Asfura admitió la derrota ante la presidenta electa en persona.
Es importante no sobrevalorar el papel que jugó Estados Unidos para garantizar que las elecciones hondureñas no fueran amañadas. El factor más relevante que impidió el robo de las elecciones fue la amplia coalición que Castro había formado con sus aliados locales; ante lo aplastante de la victoria, el gobierno no podría haber manipulado los resultados sin ser demasiado descarado. Sin embargo, en la medida en que la presión extranjera tuvo influencia, la actuación de la administración de Biden se produjo en favor de los intereses estadounidenses, promoviendo la estabilidad y el Estado de derecho en un país donde ambos son clave para detener la inmigración a territorio estadounidense.
Los gestos de bienvenida de la administración Biden hacia Castro han servido para impulsar aún más los intereses estadounidenses después de las elecciones. En los últimos dos meses, Washington ha enviado dos subsecretarios de Estado a Honduras, además de a la administradora de USAID, Samantha Power, y, como guinda, a la vicepresidenta Kamala Harris. Si bien Castro prometió pasar del reconocimiento diplomático de Taiwán al de la República Popular China durante la campaña, desde entonces su administración se ha comprometido a fortalecer los lazos con Taipéi. Esta decisión puede deberse en parte a la presión de EE UU; poco antes de las elecciones, Reuters informó de que una delegación estadounidense de visita en el país había instado a ambos candidatos a mantener relaciones con Taiwán si eran elegidos.
Un socio plausible
Con Castro como presidenta una relación productiva entre Estados Unidos y Honduras seguirá dando beneficios. Cuando Biden inauguró su presidencia, su equipo hizo bien en adoptar una postura más hostil hacia Juan Orlando Hernández y el presidente Nayib Bukele de El Salvador. Durante un tiempo, el guatemalteco Alejandro Giammattei pareció un aliado creíble, pero su comportamiento cada vez más iliberal ha agriado la relación recientemente. Castro es ahora el único socio plausible de EE UU en el Triángulo Norte de América Central, un aliado que está dispuesto a combatir la corrupción y cooperar con Washington para limitar la inmigración. La política socialdemócrata de Castro puede incluso ser una ventaja en su trato con Washington, ya que sus puntos de vista sobre la desigualdad económica y los derechos de las mujeres se alinean con los de Biden. Como escribieron Benjamin Gedan y Richard Feinberg en la revista Foreign Policy recientemente: “En muchos sentidos, los socialdemócratas de la región son aliados naturales de Washington”.
La tarea de Castro no será fácil. Incluso antes de la toma de posesión, ya estalló una crisis cuando varios miembros del Congreso formaron su propia legislatura disidente. La crisis, probablemente un intento por parte de legisladores corruptos de obstaculizar las reformas de buena gobernanza de Castro, sigue sin resolverse.
Sin embargo, aquí también el apoyo de Estados Unidos a la presidenta hondureña es el mejor camino a seguir. Si bien algunos de los puntos de la agenda de Castro, como una comisión internacional anticorrupción, dependen de la aprobación del Congreso y probablemente estén fuera de su alcance, otros pueden lograrse solo a través de medidas ejecutivas. Estados Unidos puede complementar la agenda anticorrupción de Honduras con asesoramiento legal, financiero y técnico —así como con la siempre presente amenaza de extradición— para sortearla crisis legislativa hondureña, incluso si esta persiste hasta bien entrado el mandato de la nueva presidenta.
Si bien Castro está lejos de ser una típica aliada de Estados Unidos, dadas sus posiciones políticas abiertamente izquierdistas, también está lejos de ser una típica líder de la región, en especial por su postura contra la corrupción. En las últimas dos décadas, casi todos los presidentes del Triángulo Norte se han enfrentado a acusaciones creíbles de corrupción. Muchos han sido encarcelados. La elección de Castro presenta una oportunidad de oro; el momento para el apoyo de Washington es ahora.
El artículo original en inglés fue publicado en Global Americans. Traducción Natalia Rodríguez.
