La mayoría de los españoles cree que el nuestro es un país más corrupto que Italia, Marruecos o incluso China, según el último barómetro del Instituto Real Elcano. Algunos autores publican que somos endémicamente corruptos. Nada de esto es cierto.
En términos absolutos, estamos en el lugar número 30 de la lista de países por corrupción en 2012 elaborada por Transparencia Internacional. Este ranking de limpieza de las instituciones públicas lo encabeza Finlandia y lo cierra Sudán, en la posición número 174, y se apoya en los datos de percepción de la corrupción elaborados en base a encuestas de opinión. China ocupa la posición 80 y Marruecos, la 88.
Especialmente interesante es la comparación con Estados Unidos, para muchos adalid del buen gobierno y la democracia. En la lista de Transparencia Internacional, se sitúa en la posición 18, con un grado de limpieza de 78 sobre 100, frente al 65 de España.
En Estados Unidos la percepción de la corrupción pública es menor que en España. Eso es, entre otras cosas, porque ésta allí está legalizada e incorporada en el sistema.
Una de las claves para que un sector público se considere limpio es que el sector privado no pueda comprar favores políticos a cambio de dinero. Pero Washington es, en ese sentido, un mercado persa donde las empresas pagan las campañas de los congresistas encargados de las comisiones que los regulan, o donde los prohombres de la economía suelen codearse con los prohombres de la política a los que han ayudado a conseguir su puesto.
Gran parte de este entramado es trasparente, eso sí. Los gastos electorales los revisa la Comisión Federal Electoral (FEC); los datos de lobying o cabildeo se publican en la Oficina del Senado para los Estamentos Públicos y hay comités del Senado, de la Cámara y del Ejecutivo para revisar la ética de las contribuciones.
Pero la ecuación no cambia. Cuando gran parte de los políticos están a la venta y dependen, fuertemente, del dinero privado para su elección, el sistema democrático sufre una profunda distorsión. Algunos lo llaman corporatocracia: son las grandes empresas las que presionan para poner y quitar ayuntamientos, gobiernos estatales, congresistas o presidentes.
En este sentido, y por comparación, España es un país mucho menos corrupto que Estados Unidos. En Washington comprar políticos es, en general, legal; en Madrid, no.
Estados Unidos permite las donaciones anónimas; España, no
En teoría, todo contribuyente estadounidense ha de desvelar las contribuciones directas que realiza a los candidatos o a los partidos, pero las aportaciones indirectas, a través de los Super Comités de Acción Política (los llamados Super PAC), no tienen por qué hacerse públicas. Es decir, que un empresario o un sindicato pueden entregar una cantidad ilimitada de dinero a un Super PAC y hacerlo de forma ...
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