La actuación internacional en Yemen y el plan provisional propuesto por el Consejo de Cooperación del Golfo han provocado desconfianza en los manifestantes, que tienen la percepción de que el presidente Saleh pueda salirse con la suya. 

 

 

MARWAN NAAMANIAFP/Getty Images
Mujeres yemeníes se manifiestan en Sanaa a favor de la democracia y exigen la caída de Saleh.

 

 

Puede que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acabe de hacer pública una resolución de condena de la situación en Yemen, pero las operaciones antiterroristas como el reciente asesinato selectivo del agente de Al Qaeda Anwar al Awlaki están anulando cualquier intento de aislar a un régimen cada vez más deslegitimado. Occidente tiene que elegir: o se enfrenta al régimen con toda la fuerza de sus convicciones o el presidente Saleh pensará que tiene cierto margen de maniobra. Es incongruente cooperar con un brazo del Gobierno mientras se exige al dirigente que dimita. Las declaraciones como las de John Brennan, adjunto al presidente para la Seguridad Interior y el Antiterrorismo, sirven para ilustrar el problema: “La cooperación antiterrorista con Yemen está en la mejor situación que he visto en toda mi estancia en el cargo… Los yemeníes han hecho una buena labor en la búsqueda y detención y en los ataques contra la gente de Al Qaeda… Aunque el país se encuentra en plena agitación interna… la información circula en ambos sentidos… compartimos la información que tenemos”. También es ilustrativo el hecho de que, en varias ocasiones, Saleh haya mencionado la alianza antiterrorista Estados Unidos-Yemen. La preocupación por la presencia de los terroristas en la Península Arábiga y el miedo al peligro que supondría un vacío de poder han contribuido a esa ambivalencia.

Washington ha financiado y entrenado a miembros de la guardia republicana y las fuerzas de seguridad interior, bajo el mando de hijos y sobrinos de Saleh. A mediados de 2010, Yemen era el mayor receptor de una cuenta creada por el Departamento de Defensa estadounidense para suministrar material o entrenar a fuerzas militares extranjeras en actividades antiterroristas. El Estado yemení, que recibió 252,6 millones de dólares (unos 18,3 millones de euros), estaba incluso por delante de Pakistán (203,4 millones). Aparte de las señales contradictorias que implica ese tipo de cooperación, las líneas que separan la actuación antiterrorista de una intervención en nombre del Gobierno pueden ser muy borrosas. Los representantes de la Administración de EE UU aseguran que han dejado claro al Ejecutivo yemení que el uso de fuerzas o equipos proporcionados por Estados Unidos para reprimir a los opositores internos es inaceptable, pero no está claro cómo pueden hacer respetar esas condiciones.

Es probable que el miedo a un vacío de poder acabe beneficiando a alguna de las facciones de la élite tradicional que se disputan el poder después de apropiarse de un movimiento que comenzó como una revuelta popular. Desde luego, el plan provisional propuesto por el Consejo de Cooperación del Golfo, respaldado por Estados Unidos y Europa, tiene más posibilidades de derivar en una recolocación de quienes ya están al mando que en una transformación del orden político. Otro asunto polémico es el hecho de que ese plan provisional ofrezca inmunidad judicial al presidente y su familia a cambio de su dimisión, una propuesta rechazada por la mayoría de los participantes en el movimiento de protesta.

Existe la percepción generalizada de que la comunidad internacional está permitiendo que el presidente Saleh se salga con la suya. Si las potencias occidentales hubieran actuado con rapidez y coordinación desde el principio, quizá habría sido posible presionarle para que dimitiera. Pero, cuando comenzaron las protestas en enero, los estadounidenses y los europeos titubearon. Y cuando empezaron a hacer declaraciones, fueron unas informaciones nada apremiantes en comparación con las exigencias a propósito de Egipto, Libia y Siria.

La UE ha dado la impresión de que se conforma con esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Eso no es aceptable. Es necesario que haya una condena concertada y sostenida por parte de la comunidad internacional. Debe suspenderse toda la ayuda en materia de seguridad y hay que congelar los activos del presidente Saleh y los responsables de seguridad en el extranjero. Debería valorarse la posibilidad de dictar sanciones. Hay que llevar a cabo una investigación internacional de los recientes abusos y desplegar la presencia de observadores de derechos humanos de la ONU. Aunque Bruselas no desempeña un papel de mediador fundamental en Yemen, no cabe duda de que podría alzar la voz y tener una presencia más activa. A medida que la preocupación de la seguridad haga que los donantes retiren fondos y personal, la Unión debe estar dispuesta a ocupar su puesto y empezar a identificar las necesidades de ayuda a medio y largo plazo.

 

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