Después de 11 días de violencia, Israel y Hamás inciaron un alto el fuego. Pero mientras Israel niegue los derechos de los palestinos y ocupe de forma permanente su territorio, la violencia volverá a estallar. Los europeos deben tener una perspectiva a largo plazo y no limitarse a apagar incendios en cada ola de violencia.
El mundo tiene escasa capacidad de concentración en relación con el conflicto Israel-Palestina: solo miran cuando estalla la violencia. Ahora que hay un alto el fuego, ya está volviendo a desaparecer de la agenda europea de política exterior. Los dirigentes de ambos bandos han creado una falsa sensación de tranquilidad, de que el conflicto está en buenas manos, y por eso los europeos no lo consideran un riesgo grave para la seguridad. El origen del último episodio está en el hecho de que las autoridades israelíes reprimen los derechos fundamentales y las libertades de los palestinos tanto en Israel como en los territorios palestinos ocupados. El lanzamiento de cohetes desde Gaza, que es ilegal e inaceptable, no puede separarse del contexto político general del conflicto, como tampoco pueden separarse los intentos internacionales de resolver la violencia. La desescalada y la vuelta al statu quo anterior no van a evitar futuros estallidos. Es precisamente ese statu quo —y la tolerancia de la comunidad internacional al respecto— lo que genera la violencia.
Este último brote ha sido el peor desde la guerra de 2014. La violencia comenzó en Jerusalén Este coincidiendo con el principio del Ramadán, el 12 de abril, cuando las autoridades israelíes levantaron barricadas en un popular sitio de reunión de los palestinos, lo que desató las protestas. En el barrio de Sheikh Jarrah, los colonos y los ultranacionalistas judíos interrumpieron las manifestaciones de los palestinos contra el plan de expulsarlos y sustituirlos por colonos. Durante todo el Ramadán, la policía israelí trató de aplastar las protestas de los palestinos en Jerusalén Este y acabó irrumpiendo el 7 de mayo en la mezquita de Al Aqsa, uno de los lugares sagrados más importantes y controvertidos de los musulmanes y los judíos en Jerusalén. La violencia entre los palestinos y los judíos ultranacionalistas estalló en toda Jerusalén y se extendió a Cisjordania, con el resultado de 27 palestinos muertos y 6.381 heridos.
Desde 2007, la dirección palestina está dividida entre el gobierno del presidente Mahmud Abbas y la Autoridad Palestina (AP), reconocido por la comunidad internacional y que controla Cisjordania, y el gobierno de facto de Hamás en Gaza. La UE, EE UU y otros países consideran a Hamás una organización terrorista y mantienen una política de “ningún contacto”. Hamás dio un ultimátum a Israel y amenazó con atacar con misiles si no se retiraba de Al Aqsa y Sheikh Jarrah. Israel no se retiró y, a partir del 10 de mayo y durante 11 días, los miembros de la organización en Gaza lanzaron más de 4.300 cohetes contra Israel, aunque el 90% fueron interceptados por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro. En Israel murieron por los cohetes o por disparos 12 personas, entre ellas dos niños. Los israelíes respondieron con ataques aéreos y de artillería pesada, en un intento de debilitar las capacidades de Hamás. Durante los combates murieron 242 palestinos, de ellos 129 civiles, entre los que había 66 niños. Al menos 230 fallecieron por los ataques israelíes, mientras que los demás murieron por fallos de los propios cohetes palestinos. Al disparar cohetes contra blancos militares, Israel alcanzó también objetivos civiles y causó una inmensa destrucción en edificios de viviendas y oficinas, escuelas, bancos, hospitales, el único laboratorio de pruebas de la COVID de Gaza y redes de suministro eléctrico. Los ataques contra objetivos civiles están prohibidos por el Derecho internacional humanitario (DIH), independientemente de las infracciones que cometa el otro bando. Los daños sufridos van a agravar la crisis humanitaria de Gaza.
Al estallar los enfrentamientos, empezaron a circular en las redes sociales imágenes espantosas de intentos de linchamiento y ataques a hogares, tiendas y lugares religiosos dentro de Israel, cometidos por ultranacionalistas judíos y ciudadanos palestinos israelíes en ciudades y zonas mixtas. Estas muestras de odio y violencia interna diferencian el estallido actual de otros anteriores y prueban que lo que sucede en los territorios ocupados puede sembrar la semilla de una grave inestabilidad dentro de Israel y deteriorar de forma permanente unas relaciones ya tensas entre las dos comunidades.
Es inevitable que la violencia vuelva a estallar mientras Israel siga ocupando territorios palestinos y niegue a los palestinos sus derechos. Israel ha sitiado Gaza por tierra, mar y aire desde que Hamás se hizo con el poder en 2007 y Egipto impone serias restricciones a la circulación hacia y desde la Franja. El Gobierno israelí continúa expandiendo los asentamientos judíos en la Cisjordania ocupada, incluida la anexionada Jerusalén Este, pese a que al hacerlo infringe las leyes internacionales. Los asentamientos están deliberadamente diseñados para fragmentar los territorios que todavía controlan los palestinos y, de esa forma, impedir un futuro Estado palestino viable y contiguo. Asimismo alimentan las tensiones con los palestinos, y las autoridades israelíes, en general, toleran la violencia ejercida por los colonos. Israel aprovecha los asentamientos y su régimen militar de autorizaciones para dictar dónde pueden vivir y viajar los palestinos, con el fin de controlar el equilibrio demográfico y apropiarse de la mayor cantidad de territorio posible. Los ciudadanos palestinos de Israel son víctimas de una política de discriminación estructural y abandono.
Los cauces que tienen los palestinos para expresar democráticamente sus opiniones son limitados, y los gobiernos palestinos de Cisjordania y Gaza, cada vez más autoritarios, han reprimido la disidencia mediante la vigilancia, el uso de la fuerza, detenciones arbitrarias y encarcelamientos. Los palestinos de los territorios ocupados no están autorizados a votar desde las elecciones de 2006, cuyos resultados nunca se materializaron porque la UE, EE UU y otros boicotearon la victoria de Hamás, a pesar de que los observadores dijeron que habían sido unos comicios limpios y justos. Aquello desencadenó una guerra civil en la que Hamás se hizo con el control de Gaza.
En Israel, los políticos judíos suelen negarse a incluir a partidos palestinos en los gobiernos de coalición. De ahí la decepción de los ciudadanos israelíes de origen palestino y por eso, en las últimas elecciones, no hubo más que un 45% de participación en las zonas habitadas por ellos, cuando a escala nacional fue del 67%. Ahora, por segunda vez en la historia política del país, parece que un partido palestino-israelí, el islamista Ra’am, está dispuesto a apoyar a un frágil gobierno de minoría formado por políticos de derecha, centro e izquierda con el propósito de apartar a Benjamin Netanyahu. No obstante, incluso aunque haya un gobierno nuevo, la política israelí respecto a los palestinos no va a cambiar mucho, puesto que el centro izquierda y la derecha podrán vetar cualquier propuesta de estrategia distinta que hagan los otros.
Hasta ahora, el presidente estadounidense, Joe Biden, se ha resistido a involucrarse en la cuestión israelí-palestina. La política que está llevando a cabo su gobierno es, en el mejor de los casos, una vuelta al statu quo de antes de que Trump impulsara su posición implacablemente proisraelí y su sesgado “plan de paz”. Los acuerdos de “normalización” de los que tanto presumió Trump entre Israel y un puñado de países árabes han servido poco para promover la paz y se han limitado a oficializar las alianzas regionales tradicionales contra Irán. La mejora de las relaciones con Israel no estaba vinculada a ninguna condición, por lo que, en la práctica, los acuerdos eran un respaldo tácito de la política de Israel en relación con los palestinos.
La UE también es ineficaz a la hora de enfrentarse a este conflicto. Los aliados de Netanyahu en Europa central y del este impiden desde 2016 que el Consejo de Asuntos Exteriores emita conclusiones oficiales sobre la cuestión y todavía más que tome medidas. Quedó muy claro durante el reciente estallido, cuando 26 de los 27 Estados miembros aprobaron una declaración informal en la que se pedía el alto el fuego pero Hungría volvió a impedir la unanimidad.
La UE y EE UU se aferran a una idea que tiene ya casi 30 años, la de la solución de dos Estados prevista en los Acuerdos de Oslo, pero nadie hace nada para mantenerla con vida. La Unión no tiene por qué abandonar esa solución, pero debe prestar menos atención al empeño en revivir las negociaciones de paz y dedicarse a crear las condiciones para que pueda haberla. Israel ha aprovechado el estancamiento del proceso para intensificar su control territorial y demográfico, fragmentar el territorio palestino y desplazar a la población y, como consecuencia, hacer que sea cada vez más difícil de conseguir un Estado palestino viable; y la UE no ha ejercido ninguna presión para impedirlo. En cambio, la estrategia europea respecto a los palestinos ha pecado de exceso de cautela y ha permitido que el “germen de Estado” palestino, la Autoridad Palestina de Cisjordania, caiga cada vez más en la autocracia y la corrupción. Movidos por el miedo a la inestabilidad regional, los europeos han proporcionado ayuda económica y diplomática a la disfuncional AP, al tiempo que se niegan a dialogar con Hamás. Así han contribuido al aislamiento de Gaza y a ahondar la división política interna que paraliza Palestina.
Bruselas debe hacer que Israel sufra las consecuencias políticas de unas acciones unilaterales que debilitan las perspectivas de la solución de dos Estados (de cualquier tipo de solución) y alimentan la escalada. El comercio puede ser una herramienta poderosa, dado que la Unión es el mayor socio comercial de Israel. La UE debe reforzar su política de “diferenciación” entre el territorio de Israel propiamente dicho y los asentamientos en el territorio palestino ocupado desde 1967, para impedir que estos últimos se beneficien tanto de la relación de Israel con la Unión como de las relaciones bilaterales con los Estados miembros. Desde que la UE empezó a practicar la diferenciación, en 2012, se ha aplicado muy poco, especialmente a nivel nacional. Debe presionar más a los Estados miembros para que alineen sus relaciones bilaterales con esta posición, esforzarse en incluir cláusulas territoriales en los acuerdos pasados y futuros y ayudar a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU a actualizar y mantener su base de datos sobre asentamientos.
Las ventas de armas a Israel están empezando a ser objeto de examen, sobre todo en el Congreso estadounidense. Los Estados miembros de la UE son los segundos proveedores de Israel en este campo, solo por detrás de EE UU. Alemania e Italia, por sí solas, proveyeron el 35% de las armas importadas por Israel entre 2014 y 2018. Si existen pruebas de que las armas vendidas a este país pueden emplearse para infringir el DIH (y las hay), los Estados miembros tienen la obligación de no vendérselas, pero la aplicación de las decisiones de la UE sobre exportaciones de armamento es lamentablemente escasa.
Además, la UE debe apoyar los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, como las investigaciones del Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los posibles crímenes de guerra cometidos por israelíes y palestinos en territorio palestino. El portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) ha dicho que “la UE ha tomado buena nota de la decisión [del fiscal]” y subraya que “la UE es una firme defensora de la CPI y su independencia”; pero Austria, la República Checa, Hungría y —en un principio— Alemania se opusieron a la investigación (además del Reino Unido). Los europeos deben proporcionar apoyo diplomático y público que contrarreste la feroz oposición israelí, así como cooperar con la investigación y facilitar las pruebas que tengan. La actitud de la UE transmitirá un mensaje importante sobre su compromiso con el orden internacional legal.
En el lado palestino, los europeos deben ser más audaces y presionar para que haya reconciliación y avances democráticos. La reconciliación es un requisito indispensable para cualquier futuro Estado palestino. Será necesaria una dirección palestina creíble y coherente para alcanzar un acuerdo de paz y llevarlo a la práctica. Sin una dirección unida, Gaza corre peligro de convertirse en un miniestado permanente y aislado de Cisjordania, todo lo contrario de lo que postulan los Acuerdos de Oslo, las resoluciones internacionales y la estrategia de la propia UE. La Unión Europea debe impulsar elecciones en Palestina, un gobierno de unidad nacional y un proceso por el que la AP acabe volviendo a gobernar en Gaza. De esa forma, Israel tendría un incentivo para levantar el bloqueo de la Franja, lo que aliviaría la situación humanitaria y calmaría la violencia.
La UE tiene que imponer unas condiciones más estrictas a la hora de financiar a la Autoridad Palestina. El presidente Abbas ha obstruido repetidos intentos de reconciliación y en mayo aplazó indefinidamente las elecciones palestinas, en gran parte porque su poder está amenazado desde dentro de su propio partido, Fatah. La decisión provocó más desesperación y frustración, lo que contribuyó a la última escalada. Dado que Abbas tenía a su disposición soluciones técnicas para poder celebrar los comicios, pero prefirió no hacerlo, la UE debería obligarle a fijar una nueva fecha y a celebrarlas; de no hacerlo, debería suspender o reducir los fondos en virtud de las cláusulas de democracia incluidas de los acuerdos bilaterales. Además, Bruselas debe estar dispuesta a aceptar los resultados de unas elecciones limpias y libres, a diferencia de lo que hizo en 2006. El temor a que Hamás pueda barrer carece de fundamento, porque el nuevo sistema de representación proporcional hace difícil que un partido pueda obtener la mayoría. En las últimas semanas hemos visto la capacidad de resistencia y la sed de renovación democrática de la sociedad civil palestina. La UE podría pensar en reorientar los fondos que ahora recibe la AP hacia las organizaciones comunitarias y políticas de base.
Es crucial que haya una mayor integración de Hamás para respaldar la reconciliación y para empujar al movimiento hacia la moderación. Y eso significa poner fin a la estrategia de la UE de “ningún contacto”. Antes de que se suspendieran las elecciones y se produjera el estallido posterior, Hamás estaba dando señales de pragmatismo, de estar dispuesto a hacer concesiones —señal de que buscaba la legitimidad internacional— y querer participar en las elecciones y en las instituciones palestinas. Los europeos deben ser realistas: aunque la AP vuelva a administrar Gaza, Hamás no va a renunciar a su papel político ni a su control de la seguridad y las armas, sobre todo mientras la Franja esté sitiada. Eso no significa que haya que limitarse a esperar indefinidamente mientras la situación humanitaria empeora y crece el extremismo. Es poco probable que haya desmilitarización antes de alcanzar un acuerdo político. Los ejemplos de Suráfrica e Irlanda del norte indican que el acuerdo político debe ser lo primero.
Los europeos deben ofrecer a Hamás incentivos para moderarse, y eso quiere decir asociar los contactos a condiciones asequibles y haciendo un desembolso de fondos para el desarrollo —no para fines humanitarios— cada vez que se cumpla una de esas condiciones. Entre estas pueden incluirse un alto el fuego que sea responsabilidad de Hamás y la paralización del acopio de armamento, así como la reintegración de los funcionarios de la Autoridad Palestina y, con el tiempo, las fuerzas de seguridad de la AP. Además habría que presionar a Israel para que facilite la circulación de personas y bienes entre las dos partes del territorio, en consonancia con sus obligaciones legales como potencia de ocupación.
Los europeos están hartos de este conflicto, pero caminar como sonámbulos hasta el próximo estallido no es la respuesta. La UE debe actuar para defender sus valores más fundamentales, oponerse a las violaciones del Derecho internacional por parte de Israel y ofrecer un apoyo de peso a la democracia y la reconciliación palestinas. La estabilidad y la seguridad sólo estarán garantizadas cuando todos los habitantes de la región tengan asegurados sus derechos y libertades fundamentales.
Este artículo se publicó con anterioridad en el Centre on European Reform. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
