Dos niños sirios desplazados en el pueblo Ain Issa. Delil Souleiman/AFP/Getty Images

Evitar abusos a la hora de aplicar la Responsabilidad de proteger (R2P) y regular el uso de la fuerza para lograr una protección efectiva de los civiles son los elementos clave.  

Desde que en 2005 se estableciese un consenso internacional en torno a la responsabilidad de proteger (R2P), Naciones Unidas ha luchado porque esta se lleve a la práctica. Sin embargo, su puesta en escena en Libia a través de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad ha llevado a muchos analistas a declarar la muerte de la R2P. La realidad contradice esta postura, pero los casos de Siria y Yemen evidencian que es necesario llevar a cabo una reforma si de verdad se quiere proteger a los civiles.

El verdadero impacto de Libia en la R2P

El caso libio fue el primero en el que este principio se implementó de forma práctica. Las resoluciones 1970 y 1973 del Consejo de Seguridad otorgaron un mandato a la OTAN para establecer una zona de exclusión aérea que permitiese proteger a los civiles libios de las amenazas del hasta entonces presidente del país, Muamar Gadafi. Sin embargo, la misión de la OTAN tuvo como resultado el cambio de régimen, hecho que fue criticado por aquellos países que se abstuvieron de votar la resolución (como Rusia, China y Alemania) y por aquellos que la apoyaron (como los tres países africanos miembros del Consejo en aquel momento), que se sintieron engañados por el abuso que la OTAN había hecho del mandato otorgado por la resolución.

Sin embargo, más que poner en duda la pertinencia del concepto de la R2P como tal, lo que se ha cuestionado es el cómo se utiliza la fuerza cuando es necesario recurrir a ella para hacer efectiva esa responsabilidad de protección. Desde 2011, 30 resoluciones que hacen referencia a la R2P han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad, mientras que sólo tres lo fueron antes de esa fecha. De las 30 resoluciones aprobadas, 27 han sido apoyadas por Rusia y 28 por China. Como apunta la profesora Elena Jiménez i Botías, la intervención militar en Libia no ha perjudicado, sino al contrario, ha acentuado "la utilización formal del concepto en las resoluciones del Consejo de Seguridad que autorizan el uso de la fuerza por motivos humanitarios. Sin embargo, ha generado una aversión a promover nuevas operaciones militares de gran envergadura, como algunos pedirían en Siria o en Yemen”.

No todos los Estados de la comunidad internacional han mostrado la misma actitud. China y Rusia, a los que generalmente se culpa de boicotear la mayoría de resoluciones, sólo han vetado en dos y tres ocasiones, respectivamente. Por su parte, Estados Unidos veta cualquier resolución destinada a cumplir con la R2P a la población palestina de los abusos de la ocupación. Por tanto, no se trata de repartir culpas sino de buscar mecanismos para desbloquear el Consejo.

Los casos de Siria y Yemen

Un hombre yemení sobre los escombros . AFP/Getty Images

Ambos países son dos ejemplos claros de situaciones en las que la aplicación de la R2P está justificada ante la comisión de crímenes atroces, incluyendo ataques con armas químicas y bombardeos de hospitales, escuelas o mercados. Sin embargo, la R2P no se ha aplicado en ninguno de los dos casos y prácticamente en ninguno de sus tres pilares.

En Siria no se pusieron en marcha los mecanismos preventivos al inicio de la crisis, cuando había claros signos de que crímenes atroces podían llegar a producirse. Solamente cuando este hecho fue claro (el ataque químico de 2013) el Consejo rompió su impasse y en pocos días Siria ratificaba la Convención para la prohibición de las armas químicas y destruía su arsenal. Un claro signo de que lo que faltaba era voluntad política. Más allá de eso, escasos han sido los consensos para implementar la responsabilidad de proteger a los sirios, con vetos a resoluciones como la presentación del dossier sirio a la Corte Penal Internacional o al establecimiento de una zona de exclusión aérea durante el asedio de Alepo.

En Yemen, durante las revueltas de 2011, la Resolución 2014 llamó a la responsabilidad del régimen yemení del depuesto presidente Alí Abdulá Saleh de proteger a su población. Sin embargo, en el resto de resoluciones el Consejo no hace referencia a este principio, pero la ambigüedad de dicha resolución ha sido aprovechada por Arabia Saudí para justificar la coalición internacional que bombardea Yemen en favor del gobierno reconocido internacionalmente de Mansour Haddi. En este caso, ha sido Estados Unidos quien ha otorgado su apoyo tácito a la intervención saudí, obviando su efecto en las muertes de civiles en Yemen y llamando a la deposición de las armas, en las distintas resoluciones del Consejo, únicamente a la milicia hutí. Esto ha permitido que, en nombre de la responsabilidad de proteger, miles de civiles estén muriendo bajo las bombas, lo cual constituye una verdadera paradoja.

Recuperar la responsabilidad al proteger

En este sentido fue y es interesante la iniciativa brasileña de la “responsabilidad al proteger”. Esta iniciativa, además de hacer énfasis en la prevención, se centra en cómo se utiliza la fuerza en las intervenciones. “Mientras ejercita su responsabilidad de proteger, la comunidad internacional debe mostrar también mucha responsabilidad al proteger. Ambos conceptos deben evolucionar conjuntamente, basados en un conjunto previamente acordado de principios fundamentales, parámetros y procedimientos”, señala la carta presentada por la delegación brasileña ante la ONU. Se trata, por tanto, de regular el uso de la fuerza para lograr una protección efectiva de los civiles.

China también desarrolló por un tiempo el concepto de “protección responsable”. Sin embargo, fue rápidamente abandonado y se ha sumado a la iniciativa brasileña, en un giro que podría tener consecuencias positivas para la aplicación de la doctrina.

Como apunta el investigador Drew Thompson, si hubieran existido estas medidas para evaluar previamente la idoneidad de una intervención de acuerdo con los requisitos del uso de la fuerza establecidos en el informe del secretario general sobre la R2P de 2009, “en primer lugar, las fuerzas habrían debido adherirse a los objetivos establecidos en el mandato, no permitiendo aprovecharse de la ambigüedad de la R2P para justificar la intervención”. Es más, el lenguaje utilizado en la citada resolución ha posibilitado que la coalición liderada por Arabia Saudí justificase su intervención en base a la misma, ya que “la ausencia de un requisito claro y objetivo significa que la coalición podría actuar para proteger a los civiles de formas que no están explícitamente autorizadas por el Consejo de Seguridad, dando así su respaldo tácito”.

Por tanto, la inclusión de la iniciativa brasileña vendría a solventar el mayor problema que presenta a día de hoy la R2P: el establecimiento de criterios para realizar intervenciones militares en el marco de la R2P. Como hemos visto, los casos en los que se ha producido más grave desacuerdo han sido aquellos de tal magnitud cuya resolución resulta casi imposible sin una acción conjunta por parte de la comunidad internacional. Sin embargo, sin una acción decidida por parte de los órganos competentes, la R2P está abierta a interpretaciones abusivas que la utilizan para fines completamente opuestos para los que se ha pensado, “sirviendo como caballo de Troya de fines innobles”, como señalan los investigadores David Tuckwell y Luke Smyth.

El Consejo de Seguridad tiene en sus manos contribuir a garantizar la paz y seguridad internacionales que la Carta de Naciones Unidas le encomienda. La R2P, el desarrollo normativo más sorprendente de los últimos decenios, es una herramienta que, bien utilizada, resulta eficaz para evitar la comisión de crímenes atroces y contribuir a la paz global. Por ello, debe dejar de mostrar la actitud irresponsable que ha tenido en muchas ocasiones para no empañar, como decía el ex secretario general de la ONU Ban Ki Moon, su propia reputación y la de Naciones Unidas por ser incapaces de proteger a los pueblos del flagelo de la guerra.