El rechazo a Estados Unidos es el único común denominador entre nacionalistas e islamistas.

 

AFP/Getty Images

 

El devenir de la revolución egipcia, sobre todo a partir del golpe militar acaecido el pasado 3 de julio que conllevó el derrocamiento del Presidente Mohammed Morsi, está extremando la división y polarización política del país. Más si hay un factor que une tanto a los nacionalistas que apoyan al Gobierno interino como a los partidos islamistas que forman parte de la llamada “Alianza nacional por la Legitimidad” que reclama la restauración de Morsi, éste es el del antiamericanismo.

Entre las tiendas de campaña residuales que todavía quedan en la plaza de Tahrir –símbolo principal del bando nacionalista– se pueden ver aún varias pancartas contra el Presidente Obama, que aparece caricaturizado con una barba y un atuendo similares a los de Osama Bin Laden, además de contra la hasta ahora Embajadora estadounidense en El Cairo, Anne Patterson, cuya cara y ojos aparecen deformados. Igualmente hay pancartas contra medios de comunicación como la CNN, que en su opinión simpatizarían con los Hermanos Musulmanes.

Por el contrario, en la acampada de la plaza de Rabaa Al Adawiya –antítesis ideológica de Tahrir y principal lugar de encuentro de los islamistas, hasta su desalojo sangriento del pasado 14 de agosto– proliferaban los carteles y posters en los que Obama aparecía caricaturizado como si fuera un faraón. A su lado, el ministro de Defensa y principal artífice del golpe, el rostro del general Abdel Fattah al Sisi, quien caminaba a cuatro patas con cuerpo de perro y se dejaba llevar por una correa de la que tiraba Obama.

Tanto un bando como el otro criticaban a la Administración estadounidense por tomar partido por el contrario, mientras que el propio Obama desde su lugar de vacaciones estivales aseguraba haber tomado partido únicamente “por la democracia” y estar dispuesto a aceptar “aquello que decidan los egipcios”. Una posición coherente con el ideario expuesto en su famoso discurso pronunciado en la Universidad de El Cairo en junio de 2009, pero que muchos han calificado de cómodo y diletante.

 

Condena de la violencia

El Gobierno de Estados Unidos ha sido uno de los primeros en condenar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza utilizada por la Policía y el Ejército para desalojar las acampadas de Rabaa y de Nahda, que se saldaron con unos 650 muertos y casi 4.000 heridos. También a la hora de criticar las tácticas policiales empleadas para hacer frente a los disturbios de los días inmediatamente posteriores, en que las fuerzas de seguridad recibieron órdenes de disparar munición real para dispersar las manifestaciones, lo que hizo aumentar el número de víctimas mortales por encima del millar (incluyendo un centenar de policías y soldados, aunque la mitad de éstos hayan fallecido en atentados perpetrados en el Sinaí, que no en los disturbios urbanos).

Además, la Administración Obama ha condenado la declaración de estado de emergencia durante un mes (por la que se restringen temporalmente los derechos políticos y civiles, tales como el de reunión y de manifestación, y que otorga poderes especiales a las fuerzas de seguridad), dada la íntima conexión entre éste y el régimen anterior de Hosni Mubarak, que lo mantuvo durante sus treinta años de gobierno. Igualmente, ha aconsejado públicamente al Gobierno interino de que no ilegalice a la cofradía de los Hermanos Musulmanes, sino que intente reincorporarlos progresivamente al proceso democrático.

Incluso ha llegado a criticar la campaña de arrestos masivos de islamistas puesta en marcha por el Gobierno interino y a pedir una investigación independiente que esclarezca las condiciones en que murieron 37 de ellos mientras se encontraban bajo custodia policial y eran trasladados a prisión. Aunque el Ministerio del Interior afirmó que se convirtieron en bajas colaterales de un intento de motín, el Departamento de Estado puso en cuestión esta aparente estratagema de encubrimiento de una acción criminal. Días después la propia Policía ha detenido a dos agentes como presuntos responsables del incidente.

Los posicionamientos públicos por parte de la Administración no han sentado bien entre las filas del Gobierno interino –que piensa lleva a cabo una guerra contra el extremismo islamista y reclama el apoyo de EE UU– ni entre los mandos militares y policiales, que lo han interpretado como una injerencia extranjera dentro de sus asuntos internos. Esta percepción contribuye a retroalimentar los sentimientos adversos contra el que ha sido su principal socio y aliado desde que firmara los Acuerdos de Camp David con Israel en 1979.

 

¿Cancelación de la ayuda militar?

La Administración Obama no sólo ha utilizado las declaraciones como fórmula de expresar su malestar ante el Gobierno interino por extralimitarse en el uso de la represión policial y política. Además, ha retrasado la entrega de cuatro cazabombarderos F-16, que ya estaban pagados a crédito de la ayuda bilateral, y ha cancelado la celebración de los ejercicios militares Bright Star, que los ejércitos de ambos países celebran de forma conjunta cada dos años. Esto tampoco ha sentado nada bien en El Cairo, dado que esta celebración no sólo es motivo de orgullo para su estamento castrense, sino que involucra a toda una serie de subcontratistas civiles egipcios –para la provisión de logística, transmisiones, sistemas informáticos, catering, etcétera– que han visto cancelados sus contratos.

Pero el momento de la verdad sobre las intenciones de la Administración llegará en su revisión de la ayuda bilateral que presta a Egipto, valorada en unos 1.000 millones de euros anuales en su dimensión militar y unos 220 millones en su apartado civil. Cada vez son más los miembros del Congreso –Casa de Representantes y Senado– que piden al Gobierno federal que restrinja las ayudas a modo de castigo por las violaciones de derechos humanos, pero también aquellos que abogan justo por lo contrario, argumentando que en estos momentos de crisis Washington debe apoyar a su aliado aplicando la Realpolitik.

Todo un debate político que no sólo ha creado ya divisiones dentro de la Administración y del Congreso –como quedó escenificado durante la polémica visita a Egipto de los senadores John Mc Cain y Lindsey Graham, que calificaron el pronunciamiento del 3 de julio como “golpe militar”, con las importantes implicaciones legales que eso tiene–, sino que promete hacerlo todavía más en las próximas semanas. Aunque tome una decisión u otra, el Gobierno federal y el Congreso tendrán que hacerlo rápido, pues el paquete de ayudas queda adscrito a los Presupuestos Generales del año fiscal 2014, que se ejecutan a partir del próximo 1 de octubre.

 

Sondeos de opinión

La falta de un posicionamiento claro por parte del Presidente Obama le ha provocado una importante pérdida de popularidad tanto entre los nacionalistas como entre los islamistas (entre los que fue aceptado temporalmente dado su apoyo a la victoria electoral de Morsi en 2012). Según las últimas encuestas de opinión, el índice de aceptación de Obama entre los egipcios ha caído hasta el 26%, mientras que en 2009 alcanzó el 42%, tras prometer que promovería la democracia en Oriente Medio, impulsaría la creación de un Estado palestino que viviera en paz y seguridad con Israel, pondría fin a las guerras de Afganistán e Irak y cerraría la cárcel de Guantánamo.

Pero de la misma forma que los egipcios se rebelaron durante la primera mitad del siglo XX contra el Imperio Británico que los colonizaba, y que a principios de la segunda desarrollaron una cierta desconfianza respecto de la Unión Soviética que les proporcionaba armas y ayuda (durante la presidencia de Gamal Abdel Nasser, hasta que su sucesor Anwar Sadat decidió cambiar de alianzas tras la Guerra del Yom Kippur en 1973), todo apunta a que podrían hacer lo propio con el amigo americano.

Algunos partidos políticos –entre los que destaca la presencia del movimiento Tamarrod que nucleó las protestas anti-Morsi– están pidiendo al Gobierno interino que rechace la ayuda técnica y financiera que les proporciona la agencia de cooperación internacional USAID, e incluso aboguen por sustituir los F-16 estadounidenses por Su-35 rusos. Pero esto más que reflejar una voluntad real de nuevo cambio de alianzas, constituye una herramienta de presión dirigida a los congresistas estadounidenses para que éstos opten por no cortar la ayuda bilateral. Y si ésta no funciona, siempre les quedará otra: amenazar con revocar los Acuerdos de Camp David, considerados la piedra angular para la paz y estabilidad en Oriente Medio.

 

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